Estados Unidos vs. California

El fanatismo antiinmigrante de Trump y el temor con el que viven los mexicanos en Estados Unidos, amerita un esfuerzo concertado por parte de nuestras autoridades de colaborar y negociar directamente con aquellas administraciones locales que están del lado de los migrantes.

Por: Pedro Gerson (@elpgerson)

Una de las batallas más feroces que se está librando en los Estados Unidos es entre los ejecutivos emblemáticos del conservadurismo y el liberalismo: la administración de Donald Trump, y la de Jerry Brown, gobernador de California. Las dos han intercambiado golpes desde el inicio del mandato de Trump. Después de que California legalizó el consumo de la mariguana, por ejemplo, el gobierno federal anunció esfuerzos para impedir esta reforma. Por otro lado, California aprobó una ley fiscal para socavar la reforma fiscal federal. Sin embargo, sin duda el tema más espinoso ha sido la política migratoria.

Hace dos semanas el conflicto llegó a su punto más álgido cuando el gobierno federal demandó al gobierno de California por leyes “promigrantes” que este último aprobó el año pasado. En disputa están regulaciones estatales que, entre otras cosas:

  1. impiden que empresas privadas colaboren voluntariamente con la agencia encargada de ejecutar las leyes migratorias (Immigration and Customs Enforcement o “ICE”),
  2. prohíben que las agencias de seguridad estatales compartan información acerca de personas indocumentadas con el Gobierno Federal (a menos que éstas tengan antecedentes penales), y
  3. facultan al Fiscal General del Estado para monitorear todos los centros de detención de migrantes.

En la demanda, la administración de Trump argumenta que estas leyes “reflejan un esfuerzo deliberado por parte de California para impedir que el gobierno de los Estados Unidos ejecute la ley federal migratoria”. Aunque esto sea cierto, no es claro que sea ilegal.

[Aviso oportuno: el siguiente párrafo es de un nivel de legalismo impropio de una columna de opinión, lo puede omitir si no le interesan los pormenores legales]. El meollo del conflicto está en que por un lado, la Constitución de Estados Unidos le da supremacía a las leyes federales, y por el otro, garantiza la autonomía de los estados. Es decir, el conflicto tiene que ver con el federalismo. La administración de Trump argumenta que la política migratoria es de dominio exclusivo de la federación (el mismo argumento que la administración de Obama usó exitosamente en 2012 en contra de leyes antiinmigrantes aprobadas en Arizona). California responderá que los estados tienen derecho a usar sus recursos como quieran, o sea que pueden decidir no gastar dinero en ejecutar leyes federales y que, al contrario de las leyes de Arizona, las suyas le dan más protecciones de debido proceso a los migrantes.

Dada la complejidad del asunto, es probable que el caso acabe en la Suprema Corte. No obstante, dentro de la comunidad legal hay un consenso que California tiene las de ganar.

Esta batalla legal es relevante para México no sólo porque implica el destino para muchos de nuestros connacionales, sino porque demuestra dónde avocar nuestros esfuerzos diplomáticos durante la administración de Trump. En vez de insistir en negociar con Trump acerca de temas en los cuales tiene una postura clara, como son el muro y los migrantes, valdría la pena un acercamiento más claro, honesto y pragmático con los estados y ciudades santuario, como California, Illinois, Colorado, Boston, Washington DC, y la ciudad de Nueva York.

Quizá al Gobierno Federal mexicano no le interese hacer esto porque cree que no debe hablar más que con su homólogo estadounidense, o porque no entiende que en Estados Unidos la autonomía y beligerancia de los estados es más pronunciada, antigua y real que en México, o – siendo más indulgente – es que el ejecutivo nacional no actúa porque no quiere entorpecer la negociación del TLCAN. De cualquier modo, el fanatismo antiinmigrante de Trump y el temor con el que viven los mexicanos en Estados Unidos, amerita un esfuerzo concertado por parte de nuestras autoridades de colaborar y negociar directamente con aquellas administraciones locales que están del lado de los migrantes. Si California está dispuesta a dar la batalla contra Trump por los migrantes indocumentados, con todo lo que eso implica en términos de recursos, tiempo y repercusiones políticas, es imperdonable que nuestro gobierno no haga lo que pueda para apoyar a California.  

 

* Pedro Gerson es abogado migratorio y penal en el Bronx, Nueva York.

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