México 2018: ¿Fin de era y cambio de régimen?

Estamos en un momento histórico que los candidatos parecen no reconocer. México necesita una auténtica sacudida democrática; un accountability shock que le permita al país salir de una larga noche de violencia.

Por: Guillermo Trejo

Por casi tres décadas, la coalición de centro-derecha entre el PRI y el PAN dominó la política mexicana. Enemigos en las urnas, PRI y PAN se hermanaban a la hora de gobernar. Fue una coalición que favoreció a los mercados, pero que con frecuencia frenó el avance democrático. En el marco de la elección presidencial de 2018 esta alianza ha perecido. El PAN va por la presidencia aliado con el PRD, el otrora abanderado de la izquierda mexicana y el más férreo opositor de la alianza PRI-PAN. Y ante un PRI hundido en una gravísima crisis de corrupción, inseguridad y graves violaciones de derechos humanos, la nueva alianza PAN-PRD se disputa con Andrés Manuel López Obrador y Morena –los nuevos abanderados de la izquierda mexicana– lo que pareciera una inminente alternancia de partidos en la presidencia.

Al iniciar la campaña presidencial, la pregunta es si este fin de era abrirá la posibilidad de concluir el cambio de régimen que inició con la derrota presidencial del PRI en 2000, pero que nunca se concretó en el advenimiento de una democracia liberal. Para entender las claves de la elección y el futuro que viene, hay que hacer un recuento del déficit democrático que nos heredó la coalición PRI-PAN.

La alianza PRI-PAN nació cuando el PAN decidió avalar el fraude electoral que llevó al priista Carlos Salinas de Gortari a la presidencia en 1988. Como moneda de cambio, el PRI impulsó profundos cambios legislativos que el PAN había abanderado por años: el fin de la reforma agraria; la privatización de la banca, y la normalización de las relaciones iglesia-Estado. La alianza se cimentó con la firma del TLCAN. Favorable a la privatización y la apertura comercial, esta coalición retardó la democratización de los órganos electorales. Sería hasta el levantamiento zapatista de 1994 cuando el PRI sacó las manos Instituto Federal Electoral. Con elecciones limpias, el PAN logró remover al PRI de la presidencia en 2000.

Con el PAN en el poder, la coalición PAN-PRI se reinventó. Ante la promesa del PRI de apoyar la agenda presidencial de reformas económicas y sociales a cambio de impunidad, el presidente Vicente Fox abortó un proyecto en ciernes de justicia transicional para mirar a un pasado represivo. Fox no tocó al priísmo ni con el pétalo de una rosa. Tampoco reformó al Ejército ni a las policías ni a los servicios secretos ni a las procuradurías –instituciones que jugaron un papel central en la represión de miles de disidentes políticos por décadas. Y a la usanza priista, Fox echó mano de la procuraduría para fines políticos –para perseguir a López Obrador, su némesis político, y el principal contendiente a sucederlo. Con Fox se consolidó la estabilidad macroeconómica pero se postergó el desarrollo de un estado democrático de derecho.

El triunfo del panista Felipe Calderón profundizó la alianza PAN-PRI. Fueron los priístas los que le permitieron a Calderón tomar posesión en medio de una grave crisis por una elección cuestionada en 2006. A cambio, Calderón exoneró a gobernadores priístas represores (Oaxaca) y pederastas (Puebla). Apoyado por el PRI, Calderón inició la guerra contra el narco y desplegó el Ejército en las zonas más conflictivas del país. Ante la brutal espiral de violencia que generó la intervención, Calderón politizó la guerra contra el narco y apoyó a gobernadores panistas para contener la espiral de violencia; le tendió la mano a algunos gobernadores priístas, pero dejó a la deriva y acusó de corruptos, narcos e ineptos a gobernadores de izquierda. Como Fox, utilizó la procuraduría con fines políticos y persiguió a alcaldes de izquierda por supuesta colusión con el narco. La guerra le otorgó al Ejército presupuestos extraordinarios, autonomía frente a los civiles e impunidad ante numerosas atrocidades cometidas en combate. Con Calderón se mantuvo la estabilidad macroeconómica pero el país se ensangrentó y se pisoteó el endeble estado de derecho.

Con la victoria de Enrique Peña Nieto y el retorno del PRI a la presidencia se refuncionalizó la alianza PRI-PAN. Pero esta vez el PRD se sumó a la coalición, dando pie a un éxodo izquierdista liderado por López Obrador. La coalición PRI-PAN-PRD permitió la aprobación de profundas reformas económicas. Sin contrapesos, sin embargo, el sexenio de Peña Nieto se convirtió en un lodazal de corrupción tanto en el gobierno federal como en los estados. Sin voces que lo cuestionaran, el presidente mantuvo la estrategia fallida de la guerra contra el narco de su antecesor y el país alcanzó niveles insospechados de violencia criminal y de graves violaciones de derechos humanos. En medio de una profunda crisis de credibilidad y temeroso del futuro, el presidente ha politizado el sistema judicial como nunca antes: ha copado todos los órganos judiciales con sus incondicionales, ha torcido la ley para perseguir a sus críticos y ha pisoteado nuevamente el débil estado de derecho.

Con una tasa de homicidios de 24 por 100,000 habitantes, más de 120,000 muertes en conflictos asociados al crimen organizado, más de 30,000 desaparecidos y cientos de periodistas y activistas sociales asesinados tras diez años de la guerra contra el narco, hoy el electorado mexicano ve en la inseguridad, la corrupción  y la impunidad los principales problemas del país. Ante la eclosión de la dupla PRI-PAN y el brutal descrédito del PRI, hoy México está ante la posibilidad de saldar la deuda histórica de la alternancia: el desarrollo de un estado democrático de derecho.

Pero los candidatos no parecen reconocer el momento histórico. López Obrador juega con la idea de pacificar al país mediante amnistías y Ricardo Anaya, el candidato del PAN-PRD, balbucea su intención de apoyar una comisión de la verdad y un mecanismo internacional contra la impunidad. De boca de una clase política desacreditada, esto suena a palabras vacías. Lo es si los candidatos no atienden la impunidad y sus tres ramificaciones: la corrupción, la criminalidad y las graves violaciones de derechos humanos. Lo es si las propuestas no ponen a las víctimas en el centro de los procesos de verdad y justicia. México necesita una auténtica sacudida democrática; un accountability shock que le permita al país salir de una larga noche de violencia. Esta sacudida institucional vendrá de abajo y de afuera y los partidos tendrán que aprender a no obstaculizarla, sino acompañarla y encauzarla hacia buen puerto.

 

* Guillermo Trejo es profesor de ciencia política de la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.

 

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