Un concienzudo regalo para los conservadores

Dado lo terrible de la reforma realizada a la Ley General de Salud y sus alcances, en este momento la sociedad civil, las ONG y grupos de académicos deben pedir al presidente Peña Nieto que la vete, pues de lo contrario ésta dañará de manera significativa la provisión de salud en nuestro país.

Por: César Palacios González (@CPalaciosG)

Considerar aprobar una ley que permite a los médicos y enfermeras rehusarse a participar en la prestación de servicios que establece la Ley General de Salud es, sin lugar a dudas, una tarea que requiere toda la seriedad legislativa. En otros países una propuesta de ley de este tipo no sólo hubiera sido objeto de largos debates públicos y parlamentarios, sino que también hubiera incluido dentro del proceso legislativo de ambas cámaras la participación de expertos en derecho, medicina, salud pública y bioética. Desgraciadamente esto no fue así. La semana pasada, el 22 de marzo, el Senado aprobó con 53 votos a favor, 15 en contra y una abstención la adición de un artículo sobre objeción de conciencia a la Ley General de Salud. El Senado aprobó esta ley aun cuando ONGs y académicos especialistas en el tema ya habían explicado de manera detallada por qué ésta es un ejemplo paradigmático de mala legislación. ¿Qué dice este artículo?

Artículo 10-Bis. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.

Antes de hablar sobre los problemas de contenido que tiene este artículo, y su impacto en la prestación de servicios de salud, es importante poner atención a lo que el senador Alejandro Encinas aseveró durante su intervención en el pleno el día en que se votó esta nueva ley:

Este dictamen [sobre el artículo 10-bis] no se apegó al proceso legislativo que nos rige. El día de ayer se reunió la comisión de salud; efectivamente esta comisión votó el dictamen que nos presentan el día de hoy, pero en ningún momento hubo reuniones ni en comisiones unidas con la comisión de derechos humanos ni con la comisión de estudios legislativos básica para el desahogo del dictamen propuesto por la comisión de salud. Es más, ni por su cuenta de manera individual, ni la comisión de derechos humanos, ni la comisión de estudios legislativos sesionó, y el dictamen que hoy nos presentan se presenta después de haber recolectado firmas de los integrantes de la comisión sin que se haya llevado a cabo la sesión”.

Lo anterior -que desgraciadamente ha sido pasado por alto en la mayoría de las discusiones sobre este tema- es suficiente para reprobar de manera categórica que dicha ley se haya aprobado. Recordemos que los procedimientos legislativos para pasar nuevas leyes están ahí justo para evitar pasar legislación que afecte de manera negativa a la población.

¿Por qué es problemático que dicho artículo se adicione a la Ley General de Salud? En octubre del año pasado enumeré seis razones por las cuales dicha ley debía ser rechazada:

1) no define que es “participar en la prestación de servicios que establece la ley” ni qué es una “urgencia médica”,

2) no toma en consideración que las condiciones médicas evolucionan de no urgentes a urgentes,

3) no obliga a las autoridades sanitarias a contar con personal no objetor de conciencia en todas las instalaciones de atención médica,

4) no puntualiza que los objetores de conciencia tengan la obligación de referir de manera inmediata al paciente a un médico no objetor,

5) no establece que el personal objetor no deba de interferir con la prestación del servicio, y

6) no puntualiza si los médicos internos de pregrado y los estudiantes de enfermería se deben de considerar como “personal médico y de enfermería”.

Además de todo lo anterior, y una de las cosas más preocupantes, es que esta nueva ley tampoco clarifica cuál es el objeto de la objeción de conciencia. Esto es importante pues el objeto de la objeción de conciencia puede ser doble. Alguien puede objetar realizar un tratamiento médico cualquiera, por ejemplo administrar vacunas. O alguien puede objetar tratar a cierto sujeto, por ejemplo un médico podría objetar dar consulta a un miembro de la comunidad LGBT. El articulo 10-bis es tan ambiguo que cualquiera de las dos instancias anteriores quedan protegidas por él. Aprobar una ley que da a los médicos y personal de enfermería el poder para discriminar a miembros de minorías sexuales, por ejemplo, es inaceptable en una sociedad laica.

En otras legislaciones lo que se ha hecho para evitar estos problemas es (intentar) pasar legislación sumamente específica sobre la objeción de conciencia. No se legisla sobre la objeción de conciencia en general sino sobre casos particulares: se permite objetar a realizar abortos o se permite objetar a participar en procedimientos de eutanasia. Nadie cree que el tema de la objeción de conciencia sea sencillo, y por supuesto que es necesario tener un debate acerca de este tema y su lugar en la legislación nacional. Pero dado lo terrible de esta ley y sus alcances, en este momento la sociedad civil, las ONG y los grupos de académicos deben pedir al presidente Peña Nieto que la vete, pues de lo contrario ésta dañará de manera significativa la provisión de salud en nuestro país.

 

* César Palacios González es doctor en Ética de la Ciencia por la Universidad de Manchester (Reino Unido). Actualmente es investigador asociado del Centre of Medical Law and Ethics, del King’s College London (Reino Unido).

Close
Comentarios