Cárceles mexicanas en autogobierno: de lo real al cine

El estreno del filme "La 4ta Compañía" retrata las lamentables condiciones de las cárceles en México de hace décadas, mismas que persisten. El sistema penitenciario enfrenta insuficiencia de seguridad y custodios, autogobierno, presencia de drogas y grupos de internos que ejercen violencia.

Por: Leslie Solís (@Leslie_FS_)

Esta semana se estrena “La 4ta Compañía”, una película basada en hechos reales que cuenta la historia de un joven privado de la libertad, y a su paso retrata las condiciones de corrupción, autogobierno, y violencia en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla al inicio de la década de 1980. Es la historia de un sistema penitenciario sin gobernabilidad en el que los integrantes del equipo de fútbol americano del penal –“Los Perros”– salían de la cárcel para robar autos y asaltar bancos siguiendo las órdenes de Arturo Durazo, jefe policial de la Ciudad de México entre 1976 y 1982.

La cinta muestra problemas vigentes del sistema penitenciario. Si bien en la última década se han aprobado reformas constitucionales y legales que nos llevarían a creer que el sistema ha cambiado, estos cambios resultan insuficientes. Hoy por hoy, las cárceles mexicanas todavía son espacios caracterizados por abusos y privilegios. Adicionalmente, sabemos que algunas cárceles sirven (o han servido) como centros de operación de organizaciones delictivas, y las noticias sobre riñas o enfrentamientos en centros penitenciarios son comunes. De acuerdo con el World Justice Project, organización que mide el Estado de Derecho en el mundo, el sistema penitenciario es el pilar más débil del sistema de justicia penal mexicano.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza visitas a las cárceles para elaborar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, y en 2016 encontró que algunas de las irregularidades más comunes en centros estatales (CERESOS) son: insuficiente personal de seguridad y custodia, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, condiciones de autogobierno, falta de prevención y atención de incidentes violentos, presencia de objetos y sustancias prohibidas, y grupos de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población. Como nota, los centros federales (CEFERESOS) están mejor evaluados que los centros estatales en el informe de la CNDH, pero también cuentan con problemas en cuanto a deficiencias en los servicios de salud, escasez de actividades educativas, deportivas, laborales, o insuficiencia de personal.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó una encuesta en 2016 para recabar información sobre las condiciones de vida de la población privada de la libertad en el país, y los datos indican que 33.2% ha sido víctima de algún delito dentro de prisión– y estas agresiones se repiten con mucha frecuencia (se registra victimización múltiple). Según el INEGI, 25.1% de las personas privadas de la libertad ha tenido conflictos directos con sus compañeros de celda o custodios, 10.8% ha sido víctima de algún acto de corrupción dentro de la cárcel: pagos para el pase de lista, para tener aparatos eléctricos, para tener agua potable, para acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares, para tener una cama, para ir a juzgados, o para tener protección, entre otras razones. Así pues, el Estado no ha otorgado las herramientas suficientes para garantizar la reinserción social; de hecho, datos del INEGI indican que 6% de las personas privadas de la libertad considera que es probable regresar a prisión después de salir.

Estos abusos y problemas no solo afectan a las personas privadas de la libertad (o a sus familiares y círculo social). También afectan al personal de seguridad y custodia del sistema penitenciario. Las doctoras Elena Azaola y Catalina Pérez Correa recientemente elaboraron encuestas para conocer las condiciones de vida y de trabajo del personal de los centros penitenciarios federales, y encontraron un malestar generalizado: 81.3% de los entrevistados considera que no cuentan con el equipo que requieren para hacer su trabajo, 66.5% considera que no cuentan con suficiente capacitación y entrenamiento, 75.4% piensa que el centro no los apoyaría en caso de tener algún conflicto legal, 57.4% se siente inseguro al salir del centro penitenciario. También se documentaron malas condiciones laborales, como largas jornadas de trabajo, horas extra sin remuneración, bajos salarios, acoso, y discriminación, lo cual conduce a deterioros en sus relaciones familiares y sociales, e incluso en su salud.

Han pasado décadas desde la época que se describe en la película “La 4ta Compañía”, y muchas cosas han cambiado en el sistema penitenciario mexicano. Por ejemplo, en 2008 y 2011 se aprobaron reformas constitucionales para establecer que la cárcel se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, así como trabajo, capacitación laboral, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción social (Art. 18). En 2016 se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal que especifica mecanismos de supervisión por parte del poder judicial para garantizar que las cárceles sean espacios dignos y seguros. También hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan arduamente para mejorar la realidad del sistema penitenciario en el país al visibilizar y documentar situaciones de violaciones a los derechos humanos, o proponer programas y actividades para aumentar la calidad de vida de quienes viven en la cárcel.

Sin embargo, estos cambios no son suficientes. Actualmente hay 204,749 personas privadas de la libertad (datos de la Comisión Nacional de Seguridad para febrero de 2018) que están viviendo en espacios caracterizados por corrupción, abusos, y violencia. ¿Y los jóvenes? 3 de cada 10 personas privadas de la libertad tienen menos de 29 años, muchos tienen hijos, muchos crecieron en situaciones de vulnerabilidad con episodios cotidianos de maltrato y falta de oportunidades. Hoy viven en espacios que, lejos de cumplir con su función de reinserción social, propician ciclos de violencia que abonan a la descomposición del tejido social. El Estado mexicano les ha fallado a estas personas.

 

* Leslie Solís es investigadora del World Justice Project (WJP).

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