Mitos y realidades sobre la Tecnocracia en México

La tecnocracia en México surge a consecuencia de un pobre estudio de las élites en México, permeado por prejuicios y percepciones limitadas. Y aunque antes la carrera del político obedecía ahora se han instaurado normas para todos aquellos que buscaban cargos públicos en el gobierno.

Por: Cristopher Ballinas Valdés (@crisballinas)

En días recientes los medios electrónicos e impresos se inundaron de diversas opiniones sobre las características tecnocráticas de los egresados de ciertas universidades privadas en México. Dichos escritos trataban de delinear un perfil a ciertos actores políticos de acuerdo a su educación y trayectoria profesional, atribuyéndoles con esto cierto tipo de características y conductas políticas. Se asumía que la formación educativa era la base para construir “camarillas políticas” que terminarían decidiendo sobre los destinos de la nación. Sin embargo, estos escritos denotan un desconocimiento tanto del debate como de las implicaciones de la tecnocracia, que van más allá de la educación y la trayectoria burocrática, por lo que es necesario su revisión.

El debate de la tecnocracia no es nuevo en México. Fue constante durante la década de los ochenta y noventa y creció aparejado con el debate de las élites políticas; resurge constantemente como consecuencia de un pobre estudio de las élites en México, el cual ha estado permeado por prejuicios, opiniones vagas y percepciones limitadas que han oscurecido el análisis.

El momento de mayor apogeo del debate de la tecnocracia en México se dio durante las décadas de los ochenta y noventa, cuando un grupo de personas con trayectorias en el sector económico y financiero del gobierno integraron la totalidad del gabinete federal, haciéndose presentes enunciados que pretendían establecer infructuosamente el perfil de la nueva élite gubernamental. Esto se vio complementado con tendencias similares en diversos países de Latinoamérica, mismas que sucedían durante los periodos de reformas estructurales que se dieron en la región. Se argumentaba que el perfil del político mexicano había cambiado, pues las carreras se habían desplazado de la esfera partidista-electoral del gobierno, con una sólida base de apoyo corporativo, hacía el sector financiero de la burocracia; originando un cambio radical en el origen del poder y del papel que alguna vez jugó el Partido Revolucionario Institucional o la Universidad Nacional Autónoma de México en su relación con la burocracia.

Tal como lo reflejan los estudios de Ballinas Valdés (2001) Hernández Rodriguez (1987, 1993) y Smith (1982), antes de 1946 la carrera del político transcurría sin pautas específicas y los puestos que obtenía no correspondían necesariamente a sus capacidades o sus conocimientos, sino que obedecían a sus logros en el campo de batalla o a su influencia en las organizaciones sociales. El efecto inmediato de la institucionalización posrevolucionaria fue el del arribo al poder de los civiles al gobierno al amparo de un partido dominante. Junto con esto, se instauraron las normas, requerimientos y rituales a todos aquellos que buscaban cargos públicos en el gobierno. Si se deseaba hacer carrera política en el gobierno, esta no debía ser una actividad temporal, pues se había tornado en una profesión que exigía al individuo dedicarse completa y exclusivamente a ella. Además de ello, se añadieron requisitos, como una preparación profesional y un cúmulo de habilidades que se desarrollaban en el trabajo cotidiano en la administración pública. Un elemento adicional condicionó las carreras políticas: la selección del sucesor del presidente se daba entre aquellos que ocupaban puestos en su gabinete.[1]

Con esto se diseñó un sólido mecanismo de control de la movilidad que garantizaba al sistema que quien llegara a la élite gubernamental -y, por ende, un prospecto para la presidencia- hubiera desarrollado principalmente su carrera en la administración pública. Los cargos electorales y en el partido poco abonaban para alcanzar el puesto más alto de la política mexicana, pues las esferas partidarias y legislativa aparecían como independientes de aquellas del Ejecutivo. Esto permitió una estabilidad a largo plazo, mientras permitía movilidad al corto plazo – por lo menos cada seis años existía la posibilidad de ascender en la escala burocrática.

El cambio en el perfil del gabinete en la década de los ochenta y noventa se dieron a la sazón de los cambios políticos y, sobre todo, económicos. Como bien se reflejó en “México: La disputa por la nación” (Tello y Cordera, 1981) a inicio de la década de los ochenta se dio un férreo debate sobre el siguiente estadio que debería de desarrollar la nación mexicana. Los burócratas de diversos sectores del gobierno se enfrascaron en un férreo debate sobre el proyecto de nación que debía constituirse. A la postre, aquellos que preferían el libre comercio y el liberalismo político se impondrían sobre aquellos que buscaban un modelo de desarrollo basado en el estado y la tradicional nacionalista.

Por ello, la integración de los gabinetes en las administraciones de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se dieron privilegiando la homogeneidad ideológica sobre la experiencia en los sectores del gobierno donde serían designados. Esto permitiría constituir un grupo compacto, homogéneo y disciplinado que llevara a cabo el cambio estructural, aunque con esto se echara abajo una de las reglas no escritas de lealtad y estabilidad del sistema: respetar el origen, los canales y las carreras de los burócratas en las oficinas gubernamentales.

Sin notar lo anterior, los comentaristas de la época se centraron en las características sociológicas del presidente y su gabinete para caracterizar a la nueva elite gubernamental. La aparición de personas egresadas de universidades privadas o que contaban con posgrados en universidades extranjeras hizo afirmar a muchos el advenimiento de la tecnocracia y, con ellos, la supuesta llegada de una racionalidad técnico-científica que regiría a partir de entonces la gestión gubernamental. El error radicaba en haber concentrado el análisis en una sola de las partes –las credenciales académicas–, cuando en realidad lo que se evidenciaba era un recelo con respecto a los portadores de posgrados académicos extranjeros quienes, según esto, eran los portadores de la ideología tecnocrática.

Aunque ha existido un amplio debate al respecto, la falta de un estudio sistemático de la tecnocracia en México ha provocado que se malinterprete el cambio en el perfil de la élite y sus consecuencias. Lo que en verdad sucede es que, en México, como en gran parte de Latinoamérica, se redujo el debate sobre la tecnocracia al ascenso de los economistas al poder. Esto era un intento entre dos grupos político que se peleaban el control de gobierno y, cada uno desde su trinchera, quería dejar patente que era diferentes. Una cosa es establecer que existen algunas diferencias de preparación y trayectoria entre los denominados “políticos” y “técnicos” y otra es demostrar que tenían ideas sobre política y gobierno diferentes.

A partir de dicha visión se ha pretendido etiquetar como tecnócrata a los burócratas o, más precisamente, a quienes han realizado su carrera dentro de la administración pública; y a los poseedores de posgrados del extranjero, más precisamente a los economistas, o simplemente a los egresados de una institución educativa privada. Se les atribuye, a todos ellos, los vicios (y nunca las virtudes) que el término trae a la mente. Se olvidan los elementos que han caracterizado a los funcionarios públicos desde 1946, así como la evolución de los canales de ascenso y reclutamiento resultado de los cambios políticos.

Aún más sorprendente, otra de las características que suelen atribuirse a este supuesto grupo, es el que el proceso de socialización que daba entre ellos en los centros de educación era suficiente para crear un grupo político. Sin embargo, esta aseveración aparecía como contradictoria; pues el lugar de estudios, que definirían a un individuo como elegible para su reclutamiento en la élite política pasarían a un segundo plano, ante el requisito único de socializar en una institución como el ITAM, con los futuros líderes y así verse incluido en este supuesto sistema de compadrazgo, clientelismo y complicidad. Bastaba la construcción de “contactos” o “conectes” realizados en aquella institución para sentirse ya parte de la élite política. Entonces, el camino para el éxito político quedaría reducido a los amigos y al “contacto” – la famosa “familia revolucionaria” que decidía los destinos del país.

No puede negarse que el “contacto” mantiene un papel importante en el proceso de reclutamiento y de construcción de grupos políticos y burocráticos. Pero no se podía explicar la estabilidad y permanencia de la cual gozó el sistema por décadas a una reducción analítica. La definición de vínculo político es demasiado estrecha, porque se restringe una relación personal de “deuda”. Sí así fuese los grupos políticos serían (contrario a lo que busca la definición) frágiles en extremo pues si la relación es de deuda, bastaría a alguien que la contrajera con otro líder para poder obtener la protección y poderse librar del primer grupo. “Tecnócratas” y “políticos” serían presa de líderes y grupos, no importando su formación o ideología.

En suma, para la derecha y para la izquierda, las políticas, sobre todo económicas, que se justifican en nombre de la racionalización, la planeación y la eficiencia son tecnocráticas. Tanto la izquierda como la derecha han calificado como tecnocráticas las políticas que les desagradan, así como de tecnócrata al personal del gabinete que las ejecuta. Ideas que se originaron en la prensa y el discurso político se extendieron a la esfera académica, y sirvieron para etiquetar de “tecnocráticas” todas las políticas y reformas estructurales que emprendieron los subsecuentes grupos directivos del Estado mexicano. Entonces, el adjetivo “tecnócrata” ha sido un epíteto que ejemplifica las falsas creencias que existen en torno al sistema político mexicano. Es necesario entonces rectificar su uso, a través del análisis de actitudes y valores y no solo a través de variables sociológicas o a través de atribuirles sin evidencia ciertas características a partir de su formación académica. Solo así podemos enriquecer el análisis sobre aquellos que deciden sobre los destinos de este país.

Tecnócratas o no, lo que no se puede tolerar es que la política mexicana siga siendo presa de un conciliábulo de figuras destacadas; grupos políticos que en aras de justificar un proyecto u otro mantienen de rehén a la nación mexicana.

 

* Cristopher Ballinas Valdés es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y Profesor en Políticas Públicas en el ITAM)

 

Referencias:

Ballinas Valdés, Cristopher (2001) “La redefinición de los espacios públicos. Formación y trayectoria de la élite gubernamental mexicana, 1970–1999”, Foro Internacional, 41(3): 530 – 566.

Hernández Rodríguez, Rogelio (1987), “Los hombres del presidente De la Madrid”, Foro Internacional, 28(2): 5 – 38.

Hernández Rodríguez, Rogelio (1993) “Preparación y movilidad de los funcionarios de la administración pública mexicana”, Estudios Sociológicos, 11(32-33): 445 – 473.

Tello, Carlos; y Cordera, Rolando (1981) México: la disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo, México, Siglo XXI Editores.

Smith, Peter (1982) Los laberintos del poder: el reclutamiento de las élites políticas en México, 1900 – 1971, México, El Colegio de México.

[1] Incluso si se considera el periodo 1946 – 2018, solo dos presidentes no presentan una carrera predominante en la burocracia central, pues provenían de gubernaturas; su elección significó un cambio en el partido que gobernaba hasta ese momento. Sólo un caso presentaba una carrera en puestos electorales y de su partido, pero había tenido la responsabilidad de secretario de Estado previo a su elección como candidato a la presidencia Ballinas Valdés (2001).

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