México evade obligaciones sobre los derechos femeninos

Tras dos estudios de EQUIS Justicia para las Mujeres ante el Comité de la Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, el gobierno mexicano evade sus obligaciones internacionales de los poderes judiciales estatales y las mujeres privadas de la libertad.

Por: Isabel Erreguerena 

El Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, CEDAW) es el principal órgano de la ONU encargado de velar porque se respeten los derechos de las mujeres. México está obligado a informar si está violando los derechos de las mujeres ante este órgano cada cinco años y el último informe que presentó fue en diciembre del 2017. Sin embargo, como es de esperarse, en este documento el gobierno mexicano presentó únicamente la información positiva, es decir, lo que cumplen, mostrando solo una parte de la realidad. Es así como, de forma consuetudinaria, surgen los informes sombra, documentos mediante los cuales las organizaciones de la sociedad civil contrastamos la información presentada por las autoridades, denunciando las violaciones a los derechos y las causas estructurales de éstas. En este caso EQUIS Justicia para las Mujeres (en adelante EQUIS) presentamos un informe sombra sobre al acceso a la justicia que influyó en el dialogo que se ha tenido a la fecha entre el Comité y el gobierno mexicano. Al respecto, utilizo este espacio para narrar cómo, por lo menos respecto a la labor de los poderes judiciales estatales y las mujeres privadas de la libertad, hemos observado respuestas evasivas del gobierno mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales.

Opacidad sobre la labor de los poderes judiciales estatales

Desde EQUIS hemos denunciado la opacidad judicial, con base en dos diagnósticos principales. En el primero, se encontró que ningún poder judicial de las entidades federativas cumple con su obligación de transparentar sentencias bajo los principios de accesibilidad, completitud y oportunidad. En el segundo diagnóstico se observó que la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) de 2015 establece que sólo estarán a disposición del público las sentencias las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público. Esto significó un retroceso legislativo en materia de trasparencia judicial, ya que antes de su publicación las leyes de transparencia de 29 entidades federativas preveían que debían ponerse a disposición del público todas las sentencias, a partir del 2015 solo cuatro entidades mantienen este criterio, limitando el acceso a estas resoluciones judiciales.

Asimismo, advertimos, a través de la información conseguida por las solicitudes de acceso a la información pública, que en México los Poderes Judiciales gastan millones de pesos para “capacitar” a su personal. Sin embargo, hemos observado que esta capacitación no tiene impacto en la impartición de justicia. Tenemos como ejemplo el caso del poder judicial de Veracruz que, aunque en 2009 ejerció casi 35 millones de presupuesto para capacitación, fue el responsable de sentencias como las del caso de Daphne Fernández y Los Porkys.

El Comité retomó estos temas en su lista de cuestiones al preguntar si hubo un retroceso en la publicación de sentencias y solicitando información sobre las capacitaciones. El pasado 26 de marzo el gobierno mexicano presentó la respuesta a la lista de cuestiones. Este documento solo otorga información sobre publicación de sentencias y capacitación del Poder Judicial Federal.

Entonces la pregunta es ¿dónde quedan los poderes judiciales estatales? Ámbito donde se llevan a cabo la mayoría de los procedimientos judiciales. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, los casos que se procesan en el ámbito estatal aproximadamente 3 veces mayores al federal. Por lo que sí solo nos presentan los datos federales, se están perdiendo una parte muy importante del panorama. Por otra parte, es importante resaltar que los poderes estatales están obligados de la misma manera que la federación a cumplir con lo que señalan los tratados internacionales.

Esta omisión por parte del gobierno mexicano resulta grave porque permite que los poderes estatales permanezcan en “lo oscurito”, favoreciendo su opacidad, limitando la rendición de cuentas y dando el mensaje que las obligaciones internacionales solo atañen a lo federal y no a los otros órdenes de gobierno.

El gobierno mexicano no ve a las mujeres privadas de la libertad

El segundo punto que EQUIS denunció en el informe sombra, donde presentamos los resultados de un estudio,  son las consecuencias de la guerra contra las droga, que ha generado el encarcelamiento masivo de mujeres, provocando un aumento del 103 por ciento en las mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud en los últimos dos años, así como las condiciones paupérrimas en las que se encuentran en prisión y actos de tortura.

Ante esta información el Comité solicitó información al gobierno mexicano, quien respondió únicamente que había construido el CEFERESO 16 donde se garantizaban todos los derechos de las mujeres. Esto tiene implicaciones gravísimas, pues está dando a entender que las mujeres privadas de la libertad en TODOS los demás centros penitenciarios no importan, que solo está garantizando los derechos de estas mujeres. Dando el mensaje de que el respeto de derechos de las mujeres privadas de la libertad no es importante para ellos. Estas mujeres que son en su gran mayoría víctimas de violencia institucional, quedan totalmente invisibilizadas.

En conclusión, resulta urgente que el gobierno mexicano, asuma sus obligaciones sobre derechos de las mujeres y garantice el acceso a la justicia de las mujeres, para lograr esto es necesario que se fortalezcan sus garantías como los mecanismos de acceso a la información, en el caso específico de sentencias y la información relevante referente a las capacitaciones en todos los ámbitos federal, estatal y municipal. Asimismo, debe de tomar en cuenta que los derechos de las mujeres privadas de la libertad, en todos los centros penitenciarios, dejando de violar sus derechos e invisibilizándolas.

 

* Isabel Erreguerena es Coordinadora del Área de Políticas Públicas de EQUIS Justicia para las Mujeres (@EquisJusticia).

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