Impunidad en La Estafa Maestra

¿Por qué no tenemos sanciones en casos como los de “La Estafa Maestra” y otras irregularidades? Por varios posibles motivos: porque el sistema es inadecuado, los funcionarios negligentes o corruptos o porque las autoridades investigadas realmente actuaron correctamente.

Por: Luis Darío Ángeles González

En septiembre de 2017, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad  (MCCI) presentaron la investigación “La Estafa Maestra”, en la que se documenta la forma en que distintas dependencias federales desviaron fondos públicos a empresas fantasma, durante los años 2013 y 2014, analizando para ello contratos con distintas universidades públicas. La investigación también revela que una de las dependencias que más “aprovechó” este esquema de tercerización de fondos públicos fue la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

No obstante las distintas irregularidades identificadas en la SEDESOL, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha concluido cuando menos 69 expedientes sin sancionar a un solo servidor público. Según el periódico Reforma, los expedientes fueron archivados por dos razones:

1) por falta de pruebas para sancionar

2) por imposibilidad legal de sancionar por haber transcurrido los plazos legales (prescripción de la facultad de sancionar)

Sea cual sea la causa por la que no hay sanciones, no queda duda de que se trata de impunidad administrativa, es decir, de faltas de servidores públicos que se debieron sancionar administrativamente y no se sancionaron. Pero además de la impunidad, el problema con este tipo de casos es que las estadísticas de la SFP no resultan útiles para identificar las causas de los irregularidades, ya que los informes dan a conocer un número global de quejas y sanciones anuales y nada más.

Si revisamos la documentación de forma desagregada, como intentamos hacer a través de la solicitud de acceso a la información con folio 0002700297017, uno se encuentra envuelto en un mar de información, dividido entre áreas de una misma dependencia, que no permite identificar las razones por las cuales fallamos tanto a la hora de sancionar servidores públicos.

Analizando los datos de información pública de la SFP y la estadística del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se concluye que en el 92% de las denuncias de faltas de servidores públicos no se sanciona efectivamente la falta.

El término “sanción efectiva” es clave, ya que es normal encontrar sanciones impuestas pero no cumplidas efectivamente, como sucede en el caso de las sanciones económicas que no se logran cobrar (menos del 0.5% del monto de las multas ha sido efectivamente recuperado).

El estudio “Las responsabilidades administrativas en el sistema nacional anticorrupción”, elaborado para Impunidad Cero, analiza la información pública disponible sobre sanciones administrativas y se concentra en el nuevo sistema de imposición de sanciones administrativas, especialmente lo que denominamos “fallas” o “salidas” del sistema. Es importante considerar que el sistema de imposición de sanciones consiste en un largo camino que va desde la comisión de una conducta ilegal en materia administrativa, hasta que la misma es sancionada y la sanción se cumple efectivamente, pasando por múltiples etapas que permiten “fugas” del sistema. No por nada decidimos representar el sistema de responsabilidades como un embudo lleno de hoyos.

¿Por qué no tenemos sanciones en casos como los de “La Estafa Maestra” y otras irregularidades? Por varios posibles motivos: porque el sistema es inadecuado, los funcionarios negligentes o corruptos o  porque las autoridades investigadas realmente actuaron correctamente. El punto es que la información de la SFP no nos permite saber qué pasó y el cierre de los expedientes por “falta de pruebas” no resuelve estas preguntas. Para comenzar a corregir el rumbo de la impunidad administrativa, y entendiendo que con mejor información se puede combatirla, en el estudio enfatizamos la relevancia de contar con información veraz y suficiente, particularmente en este momento en que nos encontramos implementando las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Consulta la investigación completa aquí.

 

* Luis Darío Ángeles González es Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Buenos Aires. Diplomatura en Derecho Procesal Civil por la Universidad Austral. Licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Estudiante de la Maestría en Impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C., Campus Monterrey. Ha sido profesor de Teoría General del Proceso y profesor asistente en las materias de Derecho Administrativo. Actualmente es socio del despacho “Urrutia-Ángeles y Asociados”, S.C.

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