Aún hay tiempo de hacer lo correcto

Hace cuatro años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aseguró que tomaría medidas para ratificar el Convenio 189 de la OIT, que garantiza los derechos básicos de las trabajadoras del hogar. Hoy, el convenio continúa en su escritorio, esperando que el presidente lo envíe al Senado.

Por: Daniel Wilkinson

Tres candidatos en la contienda por la Presidencia de México se han comprometido a mejorar las pobres condiciones en las que laboran los casi 2.5 millones de trabajadoras domésticas del país. “En mi gobierno, tendrán acceso a seguridad social,” dijo José Antonio Meade. “Formalizaremos sus relaciones laborales,” señaló Ricardo Anaya. “Tendrán todas las prestaciones de ley, incluyendo guarderías y seguro de salud,” ofreció  Margarita Zavala.

Se trata de cambios que podrían tener un gran impacto para millones de personas —en su mayoría mujeres— que cocinan, friegan pisos, limpian baños y cuidan a niños en las casas de las y los mexicanos. Sin embargo, no es la primera vez que se les hace esa promesa. Hace cuatro años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aseguró que tomaría medidas para ratificar un tratado internacional que garantiza los derechos básicos de las trabajadoras del hogar. Hoy, el convenio continúa en su escritorio, esperando que el presidente lo envíe al Senado.

En tanto, las leyes federales sobre trabajo en México excluyen expresamente a los trabajadores del hogar de algunos de los derechos básicos que sí se reconocen a otros empleados. En particular, la Ley del Seguro Social dispone que patrones pueden ofrecer seguridad social de manera voluntaria a los trabajadores del hogar, mientras que la prestación es obligatoria para el resto de los trabajadores. Actualmente, solo una de cada diez trabajadoras domésticas tiene cobertura.

La Ley federal del trabajo también establece una jornada laboral más prolongada de hasta 12 horas para los trabajadores del hogar, mientras que para la mayoría de las categorías prevé un límite diario de ocho horas. Asimismo, concede un amplio margen a los empleadores para que rescindan el vínculo laboral cuando los trabajadores del hogar no tengan “consideración y respeto” con “el patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar”.

Por si fuera poco, las garantías que la ley prevé para los trabajadores del hogar rara vez se cumplen. Por ejemplo, aunque los empleadores están obligados a pagar asistencia de salud integral en caso de enfermedad, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), sólo una de cuatro trabajadoras recibe esta asistencia en su totalidad. La ley estipula también que el gobierno debería fijar un salario mínimo para el trabajo en el hogar. No obstante, el organismo que tiene a su cargo esta atribución no lo ha hecho, y ha alegado que no cuenta con los recursos presupuestarios para hacerlo.

Pero la situación no debería ser así. En 2011, México suscribió el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. En caso de ratificarse, el C189 obligaría a las autoridades mexicanas a reconocer a las trabajadoras del hogar los mismos derechos y beneficios que a otros trabajadores, incluyendo el acceso a la seguridad social, vacaciones y licencia por maternidad.

No obstante, el gobierno de Peña Nieto ha incumplido su promesa de enviar el Convenio al Senado para su ratificación. Su justificación ha sido que la implementación del tratado supondría una carga desmedida para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, este argumento perdió fuerza en 2016, cuando el IMSS empezó a tener superávit, algo que se mantiene al día de hoy. Y si bien la carga económica que supone incorporar millones de trabajadores al programa sería sin duda considerable, el gobierno podría asumirla financiando de manera progresiva esta expansión, en vez de imponer un sacrificio tan arduo a las y los trabajadores del hogar mexicanos.

Alrededor del mundo, 25 países ya han ratificado el Convenio 189, incluidos 11 de América Latina. Con ello, han asumido la obligación de brindar mayor protección a las personas que desempeñan la tarea indispensable de cuidar de lo más importante para muchos de nosotros: nuestros hijos, padres y hogares.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto aún está a tiempo de hacer lo correcto. El presidente debe enviar  el Convenio 189 al Senado antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, este 30 de abril.

Por su parte, los candidatos presidenciales deberían garantizar que, de ganar la elección, le quitarán al Convenio 189 el freno que le impuso Felipe Calderón, y que Peña Nieto ha mantenido durante su sexenio. Sólo así  los compromisos que han hecho en campaña dejarán de ser promesas y podrán convertirse en obligaciones de ley.

 

* Daniel Wilkinson es el director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch.

 

Close
Comentarios