Qué funestos días para ejercer la medicina

El caso del Dr. Luis Alberto Pérez Méndez se ha convertido en ícono y parteaguas, pues si bien no es el primero ni el único, sienta un precedente en la forma en que las autoridades y la sociedad no médica conceptualizan el actuar médico. Criminalizarlos únicamente llevará al colapso de una sociedad que cada día más requiere de su trabajo.

Por: Melissa Andréa Cedillo Martínez (@FrauleinNuklear)

A pesar de que gran parte de mis recuerdos de la infancia y adolescencia me remontan a una clínica, a un consultorio –y en una ocasión, a un quirófano–, yo decidí no involucrarme en esa rama del saber. Toda la vida he convivido de manera muy cercana con esas personas que tienen una ENORME (sí, con mayúsculas) vocación de servicio, un desinterés muy marcado y una inmensurable calidad humana. Debo mi vida a la medicina y a muchos médicos: comenzando por mis padres, y las y los especialistas que han cuidado de mi salud e integridad.

Aunque a lo largo de mis –entonces– 18 años había estado inmersa en ese mundo (la biblioteca de casa era 50 % libros de medicina y yo los devoraba antes incluso de cumplir los 12 años, además de las inescapables charlas de las comidas familiares), la decisión de estudiar Derecho y Humanidades y Ciencias Sociales sorprendió a todas las personas que me conocían desde que era una cría que dedicaba sus tardes a recetar pacientes antes de que entraran a consulta (y el 90 % de esos seres eran médicxs). Por el contrario, cuando mi hermana menor declaró su deseo por seguir el ejemplo de nuestros progenitores, el regocijo fue grande… y la preocupación más aún.

Las circunstancias a las que se enfrentan las y los médicos en este país son en extremo difíciles. Lo veo con mi hermana y con la persona con la que comparto mi vida. Durante los cinco años en la Facultad de Medicina perdí la cuenta de cuántas veces mi hermana no durmió ni una hora por asegurarse de que sabía lo que tenía que saber. Cuando llegó a la etapa de los ciclos clínicos (cuando van a tomar clases de una especialidad a un hospital) dejé de verla por completo: ella salía de casa antes que yo y llegaba pasada la media noche. En el año de Internado se marchó de casa, y el contacto que mantenía con nosotros era mínimo: si no estaba post-guardia de 36 horas, estaba estudiando para la próxima guardia en su día de descanso intermedio, después de haber salido del hospital. Ahora ella está haciendo el año de Servicio Social que exigen la Ley General de Salud y la Ley General de Profesiones, en una localidad que está inmersa en un conflicto étnico y de crimen organizado en donde su seguridad y la de sus cinco colegas no está garantizada. Después del año de Servicio, los jóvenes que lo terminen superando todas las adversidades se enfrentarán a un examen de selección que –de pasarlo– les llevará a cuatro años o más (dependiendo de la especialidad que elijan) de guardias de 36 o más horas en hospitales que carecen de los insumos necesarios para su aprendizaje y el adecuado tratamiento de los pacientes, con retrasos considerables en el pago de la beca que reciben como médicos especialistas en formación. Y como esos seis jóvenes, miles más están en condiciones similares.

Peor aún con el caso que –seguramente- hemos visto o leído en redes sociales y en diversos medios: el del Dr. en Ortopedia y Traumatología Pediátrica, Luis Alberto Pérez Méndez, quien está detenido por el supuesto homicidio con “dolo eventual” del menor Edward Luna Trujillo. En días pasados he leído titulares sensacionalistas –“Médicos exigen que no se criminalice…”, “Para mí sí fue doloso: madre…”, “Madre de niño muerto en Oaxaca culpa a doctor de homicidio doloso”… – lo que me lleva a hacer un análisis desde muchas perspectivas para poder entender la situación.

Primero, como abogada, debo apegarme a lo que establece el Código Penal del Estado de Oaxaca, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Oaxaca, la Tesis Aislada XVII.2o.C.T.15 P emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito en 2003, la doctrina del Derecho penal en lo relativo a la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación y la exacta aplicación del derecho penal, los principios pro personae y de garantizar los derechos de las víctimas y de las personas que se enfrentan a un proceso judicial; la presunción de inocencia y el principio general del Derecho que indica que nadie está obligado a lo imposible, además de otros aspectos que –quisiera poder creer– el fiscal responsable, la defensa del médico, y quien esté llevando la investigación y sustanciación del caso están analizando con seriedad.

Del análisis que realicé del caso, en ninguna parte de la norma aplicable se contempla la figura de “dolo eventual” por la que se está acusando al Dr. Pérez Méndez, por lo que ya no se está cumpliendo con la premisa de la exacta aplicación de la ley penal. La determinación de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado respecto a que se repusiera el proceso por irregularidades en actuaciones de la fiscalía, la probable reclasificación del hecho que se le imputa, y permitir al médico seguir el proceso en libertad como resolución de un amparo directo, garantiza parcialmente el derecho a la seguridad jurídica del médico.

Tomando como base del análisis del caso lo que ha sido publicado por la fiscalía del estado de Oaxaca y lo que ha declarado el propio Dr. Pérez Méndez, saltan las dudas: ¿está la fiscalía analizando correctamente la naturaleza de la actuación médica? ¿La aseveración de que no era un procedimiento urgente es cierta desde el punto de vista médico? ¿Quiénes son los expertos que están realizando los peritajes? ¿Son independientes o tienen algún sesgo? ¿Están respetando el principio de presunción de inocencia que se utilizó como base de la Reforma en materia penal de 2008? Quienes no somos parte de la defensa del doctor, quienes representan a los padres de Edward y ellos mismos, el personal de la Fiscalía, y las y los jueces encargados de resolver el caso, estamos imposibilitados para dar estas respuestas. Debemos –o deberíamos– estar imposibilitados para dar estas respuestas, dado que el expediente médico y toda la información que se incluya en la carpeta de investigación es información clasificada como confidencial, de acuerdo a las normas en materia de protección de datos personales. Solamente los padres y el Dr. Pérez Méndez de común acuerdo tienen el derecho de decidir si la información se hace pública o no, y las autoridades (tanto instituciones como personas servidoras públicas) están obligadas a proteger dicha confidencialidad.

Desafortunadamente, no es así.

Como ya lo mencioné, el caso se ha hecho público, pero de una manera poco ética. Muchos medios han aprovechado la situación para lanzar encabezados amarillistas seguidos de artículos sensacionalistas que lejos de ayudar a que la sociedad pueda emitir un juicio crítico y con argumentos lógicos y fidedignos, lo que han logrado es generar curiosidad morbosa, desinformación, y linchamientos sociales. La opinión pública es una jueza despiadada, y cuando no cuenta con los elementos veraces suele generar consecuencias muy difíciles o imposibles de medir en las vidas de las personas a las que demoniza y culpa y a las que absuelve o (re)victimiza.

Y aquí surgen más dudas: ¿la familia autorizó que se emitiera ese video por parte de la fiscalía? ¿El Dr. Pérez estuvo de acuerdo? ¿Se filtró la información? ¿Quién la filtró? ¿Las personas que desarrollan actividad periodística que han dado seguimiento al caso están conscientes de la responsabilidad que conlleva el ejercicio periodístico? ¿Estarán tomando en cuenta el impacto que tiene lo que escriben y cómo lo escriben en las vidas de las víctimas y del médico investigado, o lo que les interesa son los clics a su artículo y el número de ejemplares que pueden vender con esos titulares? No lo sé. Espero que si la información fue filtrada sin autorización de quienes pueden disponer de ella, se sancione a quien lo hizo. Y deseo que las y los periodistas hagan un manejo responsable de la información que se les proporcione y que su ejercicio profesional lo ejecuten de una manera consciente de las consecuencias de (des)informar.

Vivo con una doctora y un doctor que estudian una especialidad y que a raíz de esta situación viven en estrés constante. Se preguntan si a partir de esto van a poder practicar la medicina libremente. La respuesta contundente es NO. ¿Cómo pueden sentirse libres de aplicar el conocimiento que tienen, si cualquier situación que no logren prever –porque estadísticamente sea en extremo improbable que se presente– los va a exponer a que sean juzgados como delincuentes? ¿Cómo, si las situaciones que están fuera de su control los convierten en negligentes y los condena a perder una cédula que tardaron más de 5 años en obtener? ¿Cómo, si a pesar de no tener los medicamentos, material, equipo, e instalaciones suficientes, adecuados, funcionales y operativos hacen lo humanamente posible por salvar la vida, preservar la funcionalidad del cuerpo, y cuidar la salud de las personas que tienen enfrente?

El caso del Dr. Luis Alberto Pérez Méndez se ha convertido en ícono y parteaguas, pues si bien no es el primero ni el único, sienta un precedente en la forma en que las autoridades y la sociedad no médica conceptualizan el actuar médico. Hoy por hoy, las y los médicos de este país se encuentran en una situación de “si hago, malo; si no hago, malo también”. Criminalizar su actuar únicamente llevará al colapso de una sociedad que cada día más requiere de su trabajo. Las personas que estudian Medicina y la ejercen, tanto a nivel privado como en las instituciones que integran del sector salud, tienen un gran espíritu de servicio altruista, y saben que tienen es sus manos la vida y la integridad de sus pacientes, que son responsables de no hacerles daño y de ayudarles con todas sus capacidades, conocimientos y habilidades.

Y lo hacen, con todo y las carencias presupuestales y materiales; con todo y que el Estado mexicano sólo destina al sector salud el 3.3 % del PIB; con todo y que las y los doctores en el Servicio Social son víctimas de inseguridad, de delitos, de invisibilización institucional, de agresiones y maltrato por parte del personal de salud y de los pacientes; con todo y que el desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales es el pan de cada día; con todo y que a veces entre los pacientes y ellos adquieren el material necesario para las cirugías que los pacientes requieren porque en el centro de atención no hay o los dan a cuentagotas; con todo y que el modelo de administración del sector exige productividad, eficacia, eficiencia y se olvida de proporcionar condiciones de trabajo dignas para todo el personal de salud; con todo y que los pacientes descargan su frustración e impotencia contra el médico porque las clínicas y hospitales están sobresaturados; con todo y lo que implica dedicar más de 10 años de la vida a estudiar para saber cómo curar, sacrificando la propia salud y bienestar para cuidar de la de alguien más.

Las y los médicos no son omnipotentes, omnisapientes, ni todopoderosos; no son dioses, pero se enfrentan con lo más invencible e ineludible que hay; saben a la perfección que no importa lo que hagan, en algún momento la muerte les va a ganar, y aún así hacen todo lo que está a su alcance para ganarle un poco de tiempo. No he conocido a una sola persona que se dedique al cuidado de la salud que tenga la intención de hacer algo para lastimar o de no hacer algo que conlleve a evitar el dolor o el sufrimiento de su paciente. Lo que sí me he encontrado es a mucha gente que, cuando las cosas salen mal, insultan, denigran y hasta agreden a quien procuró ayudarles, pero si las cosas van bien, agradecen a cualquier ficción del imaginario colectivo, olvidándose de que fueron médicxs, enfermerxs, psicólogxs, trabajadorxs sociales quienes dedicaron su tiempo, esfuerzo, conocimiento y vocación a devolverles la salud.

 

* Melissa Andréa Cedillo Martínez es licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales por el ITESM, y en Derecho por la FBNA. Idealista patológica, pero con los pies y los ojos bien puestos en la realidad. Servidora pública porque estoy convencida de que mi trabajo debe tener impacto positivo en la vida de mi país.

 

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