¿Menos secuestros o más? Guardemos las calculadoras

Aunque las afirmaciones de Ricardo Anaya y López Obrador son aritméticamente correctas, con la información disponible no se puede determinar si son verdaderas o falsas. Por lo tanto, tampoco es posible llegar a las conclusiones que Anaya y Obrador emitieron el día del debate sobre los secuestros.

Por: Leonel Fernández (@leoxnv) y Lilian Chapa (@cklilian)

En El arte de tener razón, Schopenhauer sugiere “distinguir claramente la búsqueda de la verdad objetiva del arte de hacer que lo que se ha enunciado pase por verdadero”. Imposible no tener esto en mente en torno a las cifras sobre secuestro que el candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, soltó en el debate del domingo pasado para cuestionar la gestión de López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y las que utilizó Andrés Manuel para revirarle. Desde entonces corren en línea ríos de tinta y demostraciones aritméticas. Paren las calculadoras, no es necesario ir tan lejos: aunque las afirmaciones de ambos son aritméticamente correctas, con la información disponible no se puede determinar si son verdaderas o falsas. Por lo tanto, tampoco es posible llegar a las conclusiones que Anaya y Obrador emitieron esa noche.

Pero, ¿cómo..? Van nuestros dos argumentos:

  1. Del problemón de medir el secuestro

Ricardo Anaya acusó: “es falso que cuando [López Obrador] fue jefe de gobierno estuviera [bien] la seguridad, por cada 100 casos en el país los secuestros crecieron 88 por ciento”. En respuesta, Obrador dijo: “cuando fui jefe de gobierno se redujo el delito de secuestro en 38 por ciento, mientras a nivel nacional en el Gobierno del PAN creció tres veces”.

Ambos obtuvieron la información de la misma fuente, que no se refiere al número total de secuestros que ocurrieron en la capital del país o a nivel nacional sino al número de averiguaciones previas iniciadas[1] por las procuradurías de justicia y que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). No hay de otra: para el periodo al que se hizo referencia (2004-2005) no existe una medición rigurosa que nos acerque al universo de secuestros ocurridos. Fue hasta 2013 cuando el INEGI hizo una estimación de esta cifra con su encuesta de victimización (no exenta de discusiones técnicas) y años después, en 2017, calculó que en el 98 por ciento de los casos no se inició una averiguación previa (cifra negra)[2].

En este escenario, el número de averiguaciones iniciadas por este delito es más un indicador de actividad de una procuraduría, o incluso de confianza ciudadana en la autoridad. En un año pudieron haber ocurrido menos secuestros que el anterior, pero haberse denunciado más si, por ejemplo, se pusieron en funcionamiento fiscalías especializadas en una ciudad determinada. O no. Objetivamente, no es posible determinarlo, lo que invalida las afirmaciones de Anaya y Obrador. Si hablamos de secuestro, esta distinción lo es todo.

  1. De las comparaciones inválidas

Vamos ahora con las tasas de participación que mencionó Anaya, es decir, la proporción en la que una entidad o ciudad contribuye al total de denuncias presentadas por determinado delito en un país. Pausa. Más problemas: la base de medición en cada entidad federativa es distinta. Siguiendo con la cifra negra, tendríamos que suponer que ésta es muy similar en cada una, pero no es así. Ejemplos: la entidad con la cifra negra más alta[3] en 2010 según la encuesta nacional de victimización del INEGI, ENVIPE, en su primer año de levantamiento[4], fue Guerrero con un 96.2 por ciento de delitos en los que no se inició una averiguación previa. En el extremo opuesto, Baja California Sur, tuvo la cifra negra más baja del país, con 76.8 por ciento.

¿Cómo se traduce esto? En Guerrero, sólo en uno de cada 27 delitos se inició una averiguación previa, mientras en BCS, en uno de cada cuatro. Esta diferencia fue más radical en 2016, cuando en Guerrero sólo se inició investigación en uno de cada 60 delitos y en BCS, en uno de cada seis. Con tal diferencia de captura de información, afirmar que el cambio en la tasa de participación de una entidad sobre el total nacional refleja el buen o mal trabajo de un gobernante es francamente deshonesto. Aunque no de tan fácil acceso, existen mejores indicadores para evaluar el desempeño de una gestión, tales como el resultado de las investigaciones, el rescate de víctimas, la proporción de fallecimientos, y la disminución de la proporción de los pagos para el rescate de las víctimas.

Además, fue hasta 2015 cuando la Procuraduría General de la República comenzó a publicar el reporte del número de secuestros atendidos desde el fuero federal en cada entidad. Antes de eso, estos casos no eran considerados en la cifra total de secuestros investigados en el país. ¿Cuántos quedaban fuera? Para darnos una idea, entre de enero de 2015 y marzo de 2018 la PGR inició la investigación del 27 por ciento de los casos registrados. Esto hace que la tasa de participación calculada exclusivamente a partir de la información del Secretariado Ejecutivo –así como los rankings– no sea válida para hacer comparaciones y determinar qué entidad tiene un mayor problema.

Ignorando por completo estas consideraciones al hablar sobre este delito, Ricardo Anaya pidió rigor a Verificado.mx y aseguró que los datos sustentan que sus dichos son verdad. Como ya vimos, los datos simplemente no dan para afirmar que así sea. El candidato del Frente, quien pidió rigurosidad, debería saberlo.

En conclusión: si lo que le preocupa es quitarle punch a su campaña tomando en cuenta esta información, considere, candidato o candidata, que al no hacerlo estará excluyendo de su cuenta a los miles que no denuncian por causas atribuibles a la autoridad.

 

Leonel Fernández Novelo es Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil en el Observatorio Nacional Ciudadano. Lilian Chapa Koloffon es analista y consultora en políticas de seguridad y prevención del delito.

 

 

[1] Antes de 2016 nos referimos en términos generales a los casos como averiguaciones previas. Posterior a este año, entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, son carpetas de investigación.

[2] No sin la aclaración, que este indicador no se puede utilizar con fines cuantitativos debido a que su margen de error es superior al 25 por ciento.

[3] Victimización general.

[4] Es importante aclarar que para los años en cuestión no se cuenta con información sobre el tamaño de la cifra negra total ni para secuestro, ni su variación estatal. Sin embargo, la información para los años posteriores, nos permite tener una aproximación.

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