Luz y sombras en la protección de periodistas

¿Cuál es el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la activación de mecanismos jurídicos, políticos y sociales de rendición de cuentas de instituciones públicas?

Por: José Luis Gabriel Contreras Aguirre

Una de las vías más importantes para mejorar las condiciones de la libertad de expresión en el país, por parte de la sociedad civil, es establecer estándares y metas, y vigilar el ejercicio de los recursos públicos conforme a la Ley y a sus reglas de operación. Para ello es importante generar indicadores y sistemas de seguimiento objetivos que hagan valer el derecho al acceso a la información, el cual, de acuerdo al artículo 4º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, implica “solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información”[1].

Este monitoreo de las organizaciones de la sociedad civil a las instituciones garantes de la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe de enfocarse en vigilar que los recursos públicos se usen según las normas, planes, programas, proyectos y contratos[2]; velar que las acciones estatales sean pertinentes, oportunas y ajustadas a las necesidades de las poblaciones a las cuales van dirigidas estas normas, y pedir datos de la gestión a personas servidoras e instituciones públicas.

Actualmente existen organizaciones civiles internacionales que a través de metodologías e indicadores miden el estado de la libertad de expresión y de prensa en México. Por ejemplo, recientemente se publicó el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP)[3],  el cual recoge opiniones de expertos en cada uno de los indicadores medidos, como lo son restricciones a los poderes del gobierno, gobierno abierto, ausencia de corrupción, cumplimiento de la regulación, justicia civil, orden y seguridad, justicia criminal y derechos fundamentales.

Es este último indicador el que representa el mayor retroceso de México a nivel mundial en 76 de 113 países medidos. En este índice se considera el derecho a la libertad de expresión, entendido por la existencia de medios independientes de las políticas estatales y de las condiciones para que la sociedad civil, partidos políticos e individuos puedan informar y comentar sobre las políticas del gobierno sin miedo a represalias. En la parte correspondiente a América Latina de este índice, Uruguay ocupa el ranking más alto con un puntaje de 0.83, mientras que México alcanza 0.52, equivalente al lugar 72 de 113 a nivel mundial y el 24 de 30 a nivel regional.

Por su parte, Freedom House califica a México como “parcialmente libre” en materia de libertad de expresión, con una evaluación de 3 (siendo el 1 la calificación más alta). Sin embargo, en el ámbito de la libertad de prensa está clasificado como un “país no libre” desde 2011[4].  Además de la violencia, la corrupción y los casos de espionaje cibernético, también se advierte que la publicidad oficial impide la independencia de los medios de comunicación y con ello se inhibe la libertad de expresión y de prensa. 2017 es el año con la mayor cantidad de homicidios contra periodistas en el último sexenio.

Así lo consigna también Front Line Defenders en su Informe Anual sobre Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo en 2017, afirmando que el número de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos a nivel global se incrementó, pero lo alarmante es que “80 % de los asesinatos tuvo lugar en sólo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas”[5].

Por su parte, Artículo 19 afirma en su reciente publicación Democracia Simulada, Nada que Aplaudir, que “la violencia no ha cesado y el ingenio para generar nuevas formas de violentar la libertad de expresión e información ha provocado una contracción continua del espacio cívico, ese donde participamos, nos expresamos, nos reunimos e informamos”[6].

En este contexto de inseguridad, ineficacia y corrupción, el papel activo de las Organizaciones de la Sociedad Civil es fundamental en el ejercicio de la participación, control y evaluación de la gestión de gobierno en sus tres niveles, particularmente a nivel estatal y municipal.

Si aceptamos, sin conceder, que las organizaciones sociales generan efectos en los procesos de corrupción del poder político y en las denuncias del abuso del mismo hacia su población civil, cobra fuerza la profesionalización y consolidación de un grupo de organizaciones de defensores de derechos humanos y periodistas que actúan en la escena nacional y que se encuentran vinculadas, de una u otra forma, a redes internacionales de acción en las cuales logran incidir en política púbica, denunciar comportamientos ilegales o visibilizar nuevos problemas o asuntos públicos enmarcados en derechos humanos.

Como puede observarse, son diferentes los temas y por tanto los indicadores que se necesitan para medir el estado de la libertad de expresión en el país, así como el desempeño de las instituciones de gobierno para garantizarla. Por ello, el intercambio de posturas entre organizaciones de la sociedad civil, con respecto al tema de la libertad de expresión en México, puede contribuir para fortalecer la forma en que se aborda la problemática desde enfoques multidisciplinarios.

Esta es la posibilidad, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de compartir experiencias, información, conocimientos y recursos para medir, monitorear y evaluar el desempeño de las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y particularmente, las responsables de prevenir e investigar las agresiones a las que se enfrentan, tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos.

En este sentido, se requieren por lo menos las siguientes acciones para fortalecer el papel de la sociedad civil: 1) fortalecer capacidades metodológicas, de investigación y monitoreo de indicadores de desempeño, sobre todo entre las organizaciones a nivel local, 2) promover trabajos conjuntos de investigación e incidencia a nivel regional particularmente, 3) mejorar las condiciones de acceso a recursos de financiamiento e 4) incrementar los niveles de interlocución con instituciones de gobierno de forma independiente.

De esta manera, la participación de la sociedad civil en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y en el establecimiento de estándares y metas de las instituciones garantes de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es fundamental.

 

* José Luis Gabriel Contreras Aguirre es investigador del Proyecto de Libertad de Expresión del Colectivo de Análisis en Seguridad con Democracia.

 

Referencias: 

[1]Secretaría de Gobernación, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015.

[2] Al respecto vale la pena leer la columna de Patricia Kurczyn Villalobos en El Economista “Protección transparente a periodistas y defensores de derechos humanos” del 21 de marzo de 2018. Disponible aquí.

[3]WorldJustice Project, Rule of LawIndex 2017-2018.

[4]Freedom in theWorld 2018, MexicoProfile. También revisar Freedom of thePress, MexicoProfile para los años 2010 a 2017.

[5]Front Line Defenders, Informe Anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo 2017, p. 6. 

[6]Article 19, Democracia simulada, nada que aplaudir: informe anual 2017. 

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