Ejecutar a la Verdad en México

Resulta fundamental la investigación de los hechos para determinar si el asesinato de un reportero es consecuencia de un hecho fortuito o si en él se encuentran relacionados servidores públicos.

Por: José Luis Gabriel Contreras Aguirre

México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para el periodismo, ya que los comunicadores están siendo atacados y asesinados. Estos homicidios con motivación y características particulares pueden ser considerados como ejecuciones extrajudiciales, ya que la muerte de los mismos es consecuencia del uso de la fuerza, sin que obedezcan criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad, por agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley o como resultado de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esto sin olvidar, la muerte por parte de particulares que gocen de la aquiescencia del Estado y sus agentes.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELEX-CIDH) contabiliza 6 casos de periodistas asesinados en lo que va del año 2018, y 12 periodistas asesinados y al menos 20 que debieron de desplazarse de sus lugares natales debido a la gravedad de las amenazas recibidas, así como ataques a su vida e integridad personal, durante 2017[1].

Mientras el número de periodistas asesinados va hacia arriba, las autoridades declaran públicamente que están haciendo las investigaciones para sancionar a los responsables. Por desgracia, las mismas pasan por alto el verdadero grado de responsabilidad que tienen en cada uno de los casos de homicidios cometidos.

Aunque la legislación penal federal actual no contempla el delito de ejecución extrajudicial, lo cierto es que esa figura existe y es reconocida por el derecho internacional[2] e inclusive por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en relación a las ejecuciones extrajudiciales nos explica claramente que: “ … son consideradas privaciones ilegales de la vida, toda vez que se entienden como homicidios dolosos perpetrados o consentidos… por personas cuya legítima actuación se apoya, de manera inmediata o mediata, en las potestades del Estado”[3].

Los homicidios de periodistas son llevados a cabo con el fin específico de callar la información que afecta intereses de autoridades corruptas y de miembros de la delincuencia organizada, siendo un tipo de violencia ejecutada o autorizada por agentes que pertenecen al Estado, por lo que pueden ser consideradas sin problema alguno como: “ejecuciones extrajudiciales, [ya que] las ejecuciones extrajudiciales no solamente pueden ser cometidas por agentes del Estado para ser consideradas como tales[4].

Por ejemplo, en el memorándum del Congressional Research Service de los Estados Unidos de América titulado “Violence Against Journalists and Media Workers in Mexico and U.S. Policy” se asienta que diversas organizaciones internacionales se han pronunciado claramente sobre su preocupación por el deterioro de la misma en México. Según este reporte “muchos periodistas que informan sobre temas críticos, como el crimen y la corrupción, se han convertido en objetivos para los grupos del crimen organizado y los funcionarios corruptos. Algunos grupos de criminales y servidores públicos pagan sobornos a los periodistas para recibir cobertura favorable; pero también amenazan o agreden a quienes buscan exponer sus fechorías”[5].

Por lo tanto, cuando se acredita la participación de agentes del Estado en la planeación o ejecución del homicidio de un periodista, o cuando las autoridades de manera dolosa son omisas en proporcionar la protección eficiente a un comunicador, están incurriendo en una ejecución extrajudicial, por lo que resulta fundamental la investigación de los hechos para determinar si el asesinato de un reportero es consecuencia de un hecho fortuito o si en él se encuentran relacionados servidores públicos. Como lo es en la mayoría de los casos, la falta de investigación y sanción de los responsables genera impunidad y con ella, los Estados incumplen con su obligación de prevenir que los hechos se repitan en el futuro.

La evasión de responsabilidades es el generador de impunidad.

 

* José Luis Gabriel Contreras Aguirre es investigador del Proyecto de Libertad de Expresión del Colectivo de Análisis en Seguridad con Democracia A. C.

 

Referencias:

[1] Comunicado de prensa R125/18 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 1° de junio de 2018, consultado en la misma fecha. Disponible en: https://mailchi.mp/dist/la-relatora-especial-condena-el-asesinato-de-periodistas-en-mxico-y-observa-con-preocupacin-la-situacin-de-violencia-contra-comunicadores?e=877e42eb08

[2] Si bien no existe una convención internacional sobre la materia, sí existen una serie de normas denominadas como “Soft Law”, tales como Los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias o incluso ciertas regulaciones metodológicas derivadas del Mandato del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, el Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 34/169 de 17 de diciembre de 1979). Al respecto, se recomienda la lectura de Humberto Henderson, “La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina”, consultado el 1° de junio de 2018. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/TABLAS/R08060-7.PDF

[3] Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Fundación Konrad Adenauer, Derechos Humanos en la Constitución. Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, México, 2014. pág. 2134 y 2135.

[4] Ídem.

[5] Violence Against Journalists and Media workers in Mexico and U.S. Policy, Congressional Research Service de los Estados Unidos de Norteamérica, consultado el 29 de mayo de 2018. Disponible aquí.

Close
Comentarios