Implicaciones si México se declara tercer país seguro

Entre 2013 y 2017, el Instituto Nacional de Migración operó más de 700,000 detenciones arbitrarias de personas migrantes en el país, de las cuales aproximadamente 90% resultaron en deportaciones. ¿Puede México definirse “seguro” para las personas con necesidad de protección internacional?

Por: Alessio Mirra (@alessiomirra1)

Recientemente ha salido a la atención de la opinión pública que los gobiernos de los Estados Unidos y de México tendrían interés en insertar en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte una cláusula que prevea la definición de México como “tercer país seguro”. Esto implicaría que personas solicitantes de la condición de refugiado en Estados Unidos, y que hayan anteriormente pasado por el territorio mexicano, sean deportadas (o “readmitidas”) a México, para que aquí procesen su solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

La categoría de “país seguro” se deriva de una práctica originada por los Estados de la actual Unión Europea: si la persona solicitante proviene de un “país seguro de origen”, la solicitud sería de considerar inadmisible, por no concretarse los requisitos necesarios para ser considerada una persona solicitante protección internacional; por otro lado, si se hace referencia a “tercer país seguro”, la solicitud presentada en otro país (en este caso, los EUA) sería remitida a la jurisdicción de la autoridad de un país de tránsito (en este caso, México) que ha sido considerado “seguro”.

Cabe resaltar que la “declaración” sería posiblemente seguida de un acuerdo formal llamado de “readmisión”, o de clausulas parecidas, insertadas directamente en el nuevo texto del TLCAN.

¿Pero México es un país seguro para los migrantes y solicitantes de asilo?

El Comité Ejecutivo del ACNUR en sus conclusiones no. 151 y no. 852 ha establecido algunos estándares mínimos3 de garantía para que estas declaraciones no representen esfuerzos bilaterales arbitrarios, planteando además en numerosas ocasiones que la definición de un país como seguro, no puede tener aplicación para cada solicitante en cualquier circunstancia: esta eventualidad debería ser considerada (bajo criterios objetivos, fundados y motivados) con un análisis caso por caso, procurando no generar listas de “países seguros” que pudieran procurar arbitrariedades en los procedimientos.

Una falta de planeación adecuada acerca la definición de un país como “seguro” puede derivar en importantes brechas en el derecho internacional, entre las cuales hay que resaltar probables violaciones al principio de no devolución, tanto directa o indirectamente.

¿Por qué no?

De acuerdo a las estadísticas4 de la COMAR, en 2017 el 21% de los procedimientos de asilo concluidos no han resultado en el reconocimiento de una forma de protección. Sin embargo, la estadística relevante hace referencia a que solo 4,475 personas de las que solicitaron la condición de refugiado ha concluido el procedimiento (el 30%).

¿Por qué tantas personas “abandonaron” el procedimiento? Entre las razones más frecuentes, cambio de entidad federativa por razones familiares, por escasez de medios de vida, o por persecución e inseguridad.

Aunadas a estas 2,400 personas hay que sumar un número altísimo (7,719, equivalente al 52%) de solicitudes de reconocimiento todavía en trámite; además de las que se encuentra en proceso de revisión.

Lo que cabe resaltar es que, siempre de acuerdo a la legislación mexicana, un trámite de reconocimiento de la condición de refugiado no debería de tardar más de 90 días a partir del momento en el cual se haya solicitado: en ninguna circunstancia, se puede justificar un número tan alto de procedimientos pendientes.

¿Qué es lo que pasó? En octubre de 2017,5 la COMAR emitió un acuerdo en donde declaraba la suspensión de plazos y términos para resolver las solicitudes pendientes debido al sismo ocurrido en la Ciudad de México y por lo cual, las oficinas centrales de la Comisión se vieron forzadas a mudarse de sede.

Este acuerdo, que ha sido considerado anticonstitucional por el Juez Noveno del Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ha sido parcialmente derogado con el aviso publicado en el DOF el día 08 de junio de 2018, con el cual se reanudan los términos de parte de los tramites afectados por el acuerdo anterior.

Por lo relacionado al contexto estadounidense, en 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés)operó un aproximado de 140,000 arrestos6 en operaciones ERO (Enforcement and Removal Operations), y para marzo de 2018, la División Asilo del DHS tenía aproximadamente 320,000 casos pendientes de ser reconocidos. Estimando que estas sean las únicas personas que se devolverían a México, ¿puede la COMAR absorber una sobrecarga tan excesiva? Y por lo general, ¿puede México ofrecer las garantías mínimas de derechos humanos para ser considerado un “país seguro”?

El reciente informe del Grupo Articulador México del Plan de Acción de Brasil7 muestra una situación alarmante, con carencias estructurales de la COMAR debidas a una ausencia crónica de recursos y de voluntad política; aunado a esto, la legislación vigente presenta carencias e incongruencias fuertes con los estándares de derecho internacional de los refugiados, hecho que repercute en los derechos de personas solicitantes y refugiadas, que se ven menoscabados en diferentes circunstancias (entre otras, las limitaciones referentes al plazo temporal para ingresar solicitud después de haber entrado al país, o restrictivas de la libertad de movimiento de las personas). Por lo general, las leyes rectoras carecen de una correcta armonización entre sí, impidiendo un acceso efectivo a derechos civiles y Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales tanto para solicitantes, como para personas ya reconocidas.8

Debido a que diferentes informes han evidenciado violaciones del derecho de no devolución, y considerando la presencia de grupos delictivos y de agentes persecutores centroamericanos sobre todo el en sur del país,9 la aprobación del acuerdo debería implicar una evaluación también a la luz del derecho internacional y de las normas de la Convención de Viena de 1969,10 mismas que prevén que cualquier tratado violador de una norma de derecho imperativo (tanto en su planteamiento legal como en la práctica) sea de considerarse invalido.

Si Amnistía Internacional juntos con el gobierno canadiense solicitó en un documento de 52 hojas que los EEUU no sean considerados como país seguro,11 menos se puede pensar que México pueda aunar los requisitos necesarios para cumplir con la definición.

Si bien históricamente esta clase de acuerdos se han caracterizado por el enlace de la gestión de flujos migratorios con tratados de tipo económico (véase el caso de Ucrania y Moroco, y el último caso clamoroso concerniente Turquía), se debería de acordar que la protección de los refugiados responde a estándares claros e inequivocables de derecho.

Considerando que la estrategia securitaria que ha visto la implementación del Plan Mérida y del Plan Frontera Sur sigue en pie, un eventual acuerdo en esta dirección representaría el corolario máximo de esta política de alejamiento de las personas migrantes y refugiadas desde el territorio estadounidense.

En conclusión, numerosos autores influyentes han predicado cuidado con respecto a los nuevos fenómenos de externalización de fronteras, mencionando los peligros de los acuerdos de readmisión por lo que se refiere al respecto de los estándares de protección para personas refugiadas.

México no es un país seguro; ni para las personas mexicanas, ni para las personas extranjeras. Elegir vivir en el país tiene que ser una decisión, no una obligación derivada de acuerdos que evidentemente no tienen el pulso de la realidad.

 

* Alessio Mirra es colaborador en la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila.

Close
Comentarios