Pobreza y programas sociales como estrategia electoral

Las evidencias disponibles permiten inferir que las prácticas de clientelismo electoral van más allá en el tiempo y en el espacio de los meros “operativos en tierra”, por lo que resulta factible hablar de una estrategia clientelar de la pobreza y los programas sociales en proceso electoral 2018, a partir de la incidencia en las mediciones de la pobreza, la fabricación de un contexto propicio para la impunidad y el usufructo de instancias y programas de desarrollo social.

Por: Manuel Martínez Espinoza

En época electoral es una práctica común que los gobernantes, funcionarios públicos, partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular tiendan a relacionarse con la ciudadanía mediante vínculos clientelares. Esto es, con la entrega de beneficios (compra) o la amenaza de perderlos (coacción) a cambio de la promesa de su voto.

Los programas sociales se han concebido como un territorio “natural” para los vínculos clientelares dada la condición asimétrica estructural en la que insertan su funcionamiento.

Aunque en el actual proceso electoral se manifiestan incesantemente numerosos síntomas de prácticas clientelares en todos los partidos, cargos en disputa y entidades federativas, hay un entramado político que sobresale por su magnitud: el gobierno federal, el partido en el poder y sus aliados. De hecho, las evidencias disponibles permiten inferir que sus prácticas de clientelismo electoral van más allá en el tiempo y en el espacio de los meros “operativos en tierra”, por lo que resulta factible hablar de una estrategia clientelar de la pobreza y los programas sociales en proceso electoral 2018.

Esta estrategia se ha desplegado en tres módulos: la incidencia en las mediciones de la pobreza, la fabricación de un contexto propicio para la impunidad y el usufructo de instancias y programas de desarrollo social.

Gráfica: Manuel Martínez Espinoza

El primer módulo, activado prácticamente desde el inicio del actual sexenio, ha pretendido influir en las mediciones del bienestar social para configurar un imaginario colectivo donde se asocie al entramado gobernante con la reducción de la pobreza. Ello ha podido evidenciarse con la puesta en práctica de acciones como la Cruzada Nacional contra el Hambre, la entrega de “Cartillas Sociales” y hasta la abundante propagación del slogan “sano, variado y suficiente”, que han tenido como propósito más bien modificar las cifras sobre pobreza y no atender eficientemente las causas de la pobreza y la desigualdad.

Pero si las anteriores acciones pueden pensarse sólo como meras suposiciones, este primer módulo tuvo su despliegue más evidente -incluso tomando un talante de manipulación- a principios del 2016, cuando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL modificaron los criterios para medir los ingresos y la seguridad social, lo que provocó desde el escritorio una disminución drástica de la pobreza en la medición del 2016 sin que hubiera crecimiento económico o medidas de impacto que lo avara. Al respecto, especialistas como Julio Boltvinik señalaron que, sin esas correcciones, en las mediciones de 2014 a 2016 el porcentaje de pobres en 2016 no hubiese sido de 43.6% sino de 45.1%, lo que cambiaría el número absoluto de pobres, de 53.4 millones a 55.3 millones. Por lo que aquello de “sacamos dos millones de la pobreza” sería más acertado de cambiarlo por “calculamos dos millones de pobres menos”.

Gráfica: Manuel Martínez Espinoza

A su vez, el segundo módulo de la estrategia del uso político de la pobreza y los programas sociales conlleva las acciones que menguan la capacidad de respuesta de las instituciones electorales, de transparencia, de combate a la corrupción y de fiscalización que, por su función, son relevantes para el blindaje de los programas sociales en época electoral.

Gráfica: Manuel Martínez Espinoza

Concretamente, como ya lo había anuncia Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, este módulo se ha desplegado con la captura y desestablización de los cargos directivos de dichas instancias.

Por ejemplo, aunque en los últimos hubo creación de instituciones y reformas sobresalientes en el país en materia de impartición de justicia y combate a la corrupción, actualmente las Fiscalías General de la República y la Fiscalía Anticorrupción se encuentran acéfalas por falta de acuerdo en el Senado de la República (de mayoría priísta). Además, se destituyó a los titulares de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y de la Dirección de la Auditoría Forense de la ASF, quienes investigaban los casos de Odebrecht y La Estafa Maestra, respectivamente. Igualmente, la ASF estuvo casi tres meses sin titular y, el que fue elegido, había sido previamente despedido de la propia ASF por “omisiones delicadas” cuando se desempeñaba como auditor especial del Gasto Federalizado.

Tal debilitamiento institucional ha generado que se tomen decisiones que ponen en entredicho la legalidad del proceso electoral, como la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (cuestionado también en su composición), que aceptó una candidatura presidencial independientes a pesar de las irregularidades cometidas para su registro, y avaló el uso de tarjetas electrónicas durante el proceso electoral.

Por último, el tercer módulo de la estrategia clientelar de la pobreza y los programas sociales, el uso de instancias y programas de desarrollo social, se despliega en el desvío de los recursos y la utilización de las instituciones como plataformas de operación electoral.

El primer caso se refiere a la práctica sistemática de desvío de recursos públicos. Ello ha sido ampliamente detallado por Animal Político y por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), que entre 2013 y 2016 identificó daños al erario público por 4,831 millones de pesos. Tal desvío ha sido posible en gran parte porque ha existido la siguiente combinación: montos relevantes del presupuesto asignados a programas sociales opacos y, en el proceso electoral, aumento exponencial del presupuesto a los programas sociales, en general, y al rubro de materiales y suministros, en particular.

El segundo caso se trata, primero, de los nombramientos de operadores políticos en cargos relevantes para la operación de los programas sociales y, después, de su incorporación en las campañas electorales. Como el anterior secretario de Finanzas del PRI que fue nombrado oficial mayor de la SEDESOL, el ex secretario de la SEDESOL y la ex coordinadora del PROSPERA, quienes ahora son operadores del PRI y candidatos a una senaduría y una diputación federal, o el ex vicepresidente del INEGI, que ahora es el encuestador de la campaña del candidato oficial.

Los tres módulos expuestos convergen al facilitar los “operativos en tierra”, que se han evidenciado en las numerosas giras de altos funcionarios de la SEDESOL con vocales y promotores de los programas Prospera, Diconsa, Liconsa y Comedores Comunitarios en el primer semestre de 2018. Además de la permisión en la entrega de despensas, dinero en efectivo y tarjetas electrónicas a cambio de datos y copias de las credenciales de elector de los ciudadanos que se han documentado en distintos mítines de las campañas. Por lo antes expuesto, no es casual que en datos de abril de 2018 los agentes del Ministerio Público han resuelto 2059 expedientes en el año y la FEPADE haya determinado 519 carpetas de investigación e iniciado 248 expedientes por la probable comisión de un delito electoral, por lo que el proceso electoral actual apunta a ser el de mayor denuncias en la historia.

Por lo atrás expuesto, estamos presenciando un uso político-electoral indiscriminado de la pobreza y los programas sociales al ser proyectadas como herramientas para la formación de clientelas electorales. Ello, indudablemente preserva las ignominiosas condiciones sociales y tergiversa el Estado de Derecho así como la legitimidad del sistema representativo en México, por lo que seguirá siendo un territorio de combate a la corrupción, un foco rojo para la democracia y un reto central para el desarrollo humano en el país.

Un signo de cambio será que se aborde institucionalmente este tema antes del siguiente proceso electoral.

 

* Manuel Martínez Espinoza es doctor en Ciencia Política.

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