Cómo reparar el daño a las víctimas

En México quedamos mal con las víctimas desde el momento en que no tienen la oportunidad de acceder a la justicia, a una defensoría pública digna, a un registro completo y apropiado de sus familiares desaparecidos, a la memoria y a la verdad, y a entender que deuda se paga con garantías concretas de no repetición.

Por: Patricia de Obeso González (@patydeobeso) y Alejandro Anaya Muñoz  (@alejandroanaya)

Reparar el daño que las víctimas han sufrido a causa de la violencia y de la imperante impunidad que existe en el país es una deuda que el Estado tiene con ellas. Con base en cálculos de las indemnizaciones que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha otorgado a algunas víctimas en los últimos años, se realizó un estimado de lo que esto nos costaría compensar económicamente a las víctimas (ver “El costo de la impunidad en México” publicado en este mismo espacio el 12 de junio). Es una deuda impagable.

Sin embargo, existen otras referencias y opciones que explorar, como es el caso de Colombia. Si bien los montos con los cuales la CEAV ha indemnizado a las víctimas hasta el día de hoy son similares a los definidos por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas del gobierno de aquel país, hay aprendizajes que retomar de su experiencia.

La Unidad de Víctimas colombiana tiene un padrón de 8.6 millones de víctimas y contando, esto equivale aproximadamente al 17 % de la población total del país. Apenas han indemnizado al 11 % de ellas con un gasto de más de 3 mil millones de dólares. La lección es clara, no hay recursos que alcancen, ni que en realidad cubran las pérdidas irreparables de la impunidad.

En este marco, en Colombia han reconocido que la reparación del daño va mucho más allá de la compensación económica a individuos. Así, a partir del 2011 decidieron explorar el modelo de reparaciones colectivas a víctimas de violaciones a derechos humanos, con fundamento en la Ley 1448 (conocida también como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Los sujetos a este tipo de reparación pueden ser organizaciones sociales y comunidades con reconocimiento jurídico, político o social, según el artículo 152 de dicha ley. Bajo el enfoque de justicia transicional, este tipo de reparaciones tiene múltiples salidas encaminadas a vincular la reparación a las víctimas con la construcción de una paz sostenible. Busca el reconocimiento y dignificación de los colectivos de víctimas, la recuperación psicosocial, la reconstrucción de la confianza en el Estado y sus instituciones, así como resarcir daños complejos como los ocasionados a la identidad cultural, a la autonomía de los pueblos y a sus territorios. Desde esta perspectiva, el buscar las reparaciones colectivas parte de reconocer que los costos de la violencia y de la impunidad son diversos y complejos.

El presupuesto estimado para la implementación de esta ley en Colombia durante el periodo 2012-2021 es de aproximadamente 370 mil millones pesos (MXN). (Recordará el lector que el presupuesto del Fondo de la CEAV es de un máximo de 500 millones de pesos al año.) Este presupuesto a su vez se divide en 167 mil millones de pesos para reparaciones individuales y casi 3 mil millones para reparaciones colectivas. Para darse una idea de la magnitud de recursos destinados a la atención integral a víctimas del conflicto armado en Colombia, en 2017 el presupuesto asignado representó el 1.29% del PIB de este país.

A la fecha, hay 615 casos registrados que aspiran a obtener una reparación colectiva en Colombia. Si se dividiera equitativamente el presupuesto disponible para los próximos 10 años entre estos casos, la cifra apenas ascendería a casi 5 millones de pesos que a su vez tendrían que ser repartidos entre el colectivo de víctimas y los proyectos de reparación que se asignen. Ninguno de estos casos ha sido resuelto hasta la fecha por faltas de coordinación interinstitucional y por la propia complejidad de implementar esta política pública.

¿Es ésta una opción para México? No lo sabemos. Parece que hay que entender los costos humanos y sociales de la impunidad, y sobre todo sus causas, desde otra perspectiva. En México, quedamos mal con las víctimas desde el momento en que no tienen la oportunidad de acceder a la justicia, a una defensoría pública digna, a un registro completo y apropiado de sus familiares desaparecidos, a la memoria y a la verdad y a entender que deuda se paga con garantías concretas de no repetición. Dimensionar los costos concretos, individuales y colectivos, que tiene la impunidad nos permite tomar mejores decisiones en cuanto a la inversión de recursos públicos en las soluciones de fondo que México necesita y en el inicio de un posible proceso de justicia transicional hecho a la medida.

 

* Patricia de Obeso es socia de Critical Thinking Advocates, consultoría para procesos de incidencia social y colaboradora en @AntifazPolitica. Alejandro Anaya es profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO. Es miembro del consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH).

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