La democracia mexicana ¿comenzar de cero?

La democracia en México surge de un aliento antiautoritario y un nuevo horizonte democrático. A casi 20 años de la primera transición la democracia mexicana debe mejorar y asumir las consecuencias que produjo: pluralismo, dispersión del poder, gobiernos divididos y transparencia.

Por: Ricardo Becerra y José Woldenberg.

¿Cómo llegamos, cómo fue construida la democracia mexicana? Mediante un largo proceso en el cual, como quería Hirschman hace más de treinta años,[1] muchos mexicanos estuvieron pendientes, no tanto de esperar un gran pacto fundador, no tanto de contabilizar que “las condiciones necesarias y suficientes para el cambio ya estaban maduras”, por el contrario, mantuvieron una disposición alerta y posibilista: “al acecho de los acontecimientos históricos inusitados, de las raras concatenaciones, de sucesos favorables, de los pequeños senderos, de los avances parciales, de nuevas conductas que imaginemos que otros puedan imitar”. Pensando en lo posible –aquí y ahora– fruto no de una negociación, sino de muchas, sucesivas, distintas cada vez, impulsadas por circunstancias específicas y los propios acontecimientos del país.

No hubo un plan. Ni una ruta trazada de antemano por estrategas visionarios. Aunque sí un aliento antiautoritario y un horizonte democrático. Tampoco se elaboró una nueva Constitución como símbolo de una era nueva acompañada de un régimen político también nuevo. Se trataba de escapar de un sistema autoritario, haciendo avanzar una agenda parcial, democratizadora, cuya condición implícita era evadir la violencia política.

Este proceso empezó en 1977 y –según nosotros– culminó en 1997. Como resultado de una pluralidad genuina y de una nueva normatividad e institucionalidad que la encauzaba. El año 2000 vería la alternancia en el ejecutivo federal y –al mismo tiempo– la debilidad manifiesta del otrora todopoderoso Presidente de la República, quien no contaba con mayoría en ninguna de las Cámaras legislativas. Antes del 2000 ya existía una vasta oposición en muchos estados del país (empezando por la Ciudad de México) y dentro de un ecosistema dotado ya, de múltiples mecanismos de contrapeso a sus decisiones.

No obstante, era la primera vez desde la fundación de la República mexicana que  un cambio de partidos o de fuerzas distintas en el gobierno federal no desembocaba en la violencia, la resistencia facciosa o la guerra civil. Se dice rápido, pero hay  que tener esa perspectiva: la primera vez en casi 200 años.[2]

En aquel momento, en el último decenio del siglo XX, prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas, de intelectuales, de los medios de comunicación, de poderes de hecho y el propio gobierno, convergieron en la misión de construir un edificio para coexistir, competir, disputar el gobierno y la representación. 1994 es un momento especialmente importante, pues el principal partido de la izquierda acepta sentarse a la conversación reformadora que convocaba entonces la figura de Jorge Carpizo y que de hecho, había iniciado cuatro años antes.

Desde todos los flancos de la oposición al partido todavía hegemónico (el PRI) y toda la discusión pública de entonces, entendían esas conversaciones como “una transición desde”, es decir desde el autoritarismo, pero no hacia un tipo de democracia concreto, un régimen político distinto al presidencial o un proyecto de sociedad más o menos compartido. La democratización centrada casi exclusivamente en los asuntos electorales, era sobre todo un largo listado de “inaceptables”, de prácticas, instituciones y procedimientos que ya no podían formar parte de la competencia política en México.

Así llegamos a la democracia: escapando de las peores distorsiones y abusos del autoritarismo y su inframundo electoral, pero no pudimos o no supimos darle –ya no adjetivos– sino objetivos compartidos a la recién nacida democracia.

El hecho no fue casual. Como dibuja Fernando Escalante en este mismo volumen, nuestra democratización nació en una era de hegemonía ultraliberal, que permeó no solamente el pensamiento económico sino también el político: la libre competencia de fuerzas en el “mercado” electoral, harían su trabajo y merced a sus mecanismos traería el buen gobierno. No ocurrió así, en ninguna parte.

Como lo subrayó Guillermo O’Donnell “El advenimiento democrático de fin de siglo, generó repetidamente desencanto que pintó el prado verde de la democracia de todos los colores, gris y marrón, incluidos. La cotidianidad de la vida democrática no es un espectáculo que inspire admiración”.[3]

Descubrimos que la democracia política y sus rutinas (elecciones, competencia, pluralismo, derecho y respeto al voto de cada ciudadano) “subsisten con la desigualdad, la irracionalidad, la aplicación particularista de las leyes, la mentira, la ofuscación, el estilo tecnocrático e incluso con una violencia arbitraria. Interminables peleas por ambiciones mezquinas, retóricas para ocultar y mentir, conexiones oscuras entre el poder y el dinero, corrupción y políticas que refuerzan el privilegio”.[4]

A veinte años, flota y se expande un profundo malestar que amenaza y desgasta la democracia mexicana, además de que ella misma debe mejorar, tiene sus propias responsabilidades, hacerse cargo de las consecuencias que ha producido: multiplicación del pluralismo, dispersión del poder, gobiernos divididos, transparencia y un largo etcétera. Por eso, desde hace algunos años, en México y en muchas partes del mundo, el nuevo tema pasó a ser la calidad de la democracia y la sociedad que vive y se reproduce bajo su manto.

Precisamente lo que hemos querido proponer en el presente Informe.

Las principales ideas y hallazgos (siempre emanadas de datos y cifras de fuentes documentadas) puede resumirse así:

  1. México está viviendo un pasaje inédito en su historia: ha puesto una democracia en marcha y lleva en ese pasaje los suficientes años, hechos, experiencias y aprendizajes que merecen ya un balance de conjunto. En ese sentido, el esfuerzo del presente Informe no es nuevo ni tampoco original. Desde hace varios años, distintas instituciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales, han presentado diagnósticos con metodologías distintas, enfoques y subrayados diversos. Pero todas ellas –y este es el punto– reconocen que se ha construido un basamento democrático que nuestro país nunca tuvo, que funciona –en medio de grandes dificultades– pero que ha ofrecido un cauce pacífico a las grandes corrientes y a los grandes intereses de México. Hay una arena de lucha donde tiene lugar lo fundamental: los ciudadanos –la inmensa mayoría– votan en libertad y su voto es debidamente respetado y computado.

Además existen un montón de mecanismos para resolver las cuestiones polémicas y un sistema que ofrece condiciones para una competencia equitativa entre candidatos y partidos.

Es esto lo que llama la atención de Luis Emilio Giménez Cacho y Adrián Pérez, en el capítulo introductorio: en las decenas de diagnósticos presentados a lo largo del siglo xxi (e incluso antes) se reconoce un cambio de época, con deformaciones y defectos, pero que constituye una novedad histórica relevante y una oportunidad de sintonizar la política y la cultura política, con la modernidad social de la nación.

  1. En el ensayo de Lorenzo Córdova y José Woldenberg, se hace un recuento histórico del cambio político con cifras a detalle, que abarcan medio siglo. Es el cambio en el mundo de la representación y de los poderes ejecutivos. En buena medida es la historia de la formación, lucha y representación del pluralismo mexicano contemporáneo.

Recuerdan el México político del cual escapamos, pero no colocan toda la atención en la alternancia en el poder presidencial, es decir, la alternancia en el ejecutivo federal.

Se documenta que antes del año 2000, habían ocurrido y estaban ocurriendo un montón de novedades que modificaban todos los días y de modo duradero, nuestra realidad estatal: la Cámara de Diputados acababa de romper la mayoría del partido del “señor Presidente” y por primera vez, una suma de partidos forjaba una alianza mayor por sobre la bancada del Revolucionario Institucional. En aquellos años sumaban ya diez Congresos locales que habían equilibrado la representación y cuya mayoría no respondía al gobernador en turno. Los municipios –entre ellos los más importantes del país– ya eran un archipiélago plural ocupado por las combinaciones más disímbolas. La Ciudad de México había sido ganada en elecciones legítimas por la izquierda y casi todas las metrópolis –de Guadalajara a Monterrey y de Tijuana a Mérida, pasando por Veracruz o por Torreón– también habían mutado de partido gobernante y en la variedad y composición de sus cabildos.

Esto –la dispersión del poder– fue el hecho más decisivo de la transición, pero no supimos ubicarlo en toda su importancia hipnotizados por la alternancia en     el ejecutivo. A la distancia, ya podemos decir que todo eso era parte de nuestro presidencialismo mental. Y el triunfo, la práctica y la retórica del nuevo Presidente no hicieron más que profundizar la exageración.

Así pues, creemos que donde radica el error de interpretación histórica, es que justamente a partir del año 2000, esas aspiraciones y proposiciones presidencialistas fueron menos ciertas que nunca. Jamás, desde los años treinta, el poder presidencial fue más débil y acotado. Su antecesor, el presidente Zedillo, pudo contar con una mayoría en el Senado los últimos tres años de su gobierno, el presidente Fox en cambio, no tuvo esa suerte, es más, no tuvo nunca a ninguna de las dos Cámaras. Y por si fuera poco, Fox comenzó su mandato rodeado por una veintena de gobernadores que no eran de su partido.

A mata caballo, conforme el pluralismo tomaba sus asientos, el Congreso dejó de ser el acompañante de primera instancia del gobierno federal y se convirtió     en su primera y más importante complicación. De modo que la alternancia pudo haber sido el episodio más espectacular y más acariciado en las cabezas de políticos, periodistas y aun estudiosos de la ciencia política, pero a la larga, no fue el más decisivo.

Visto así, con cierta perspectiva histórica, el hecho principal fue la dispersión efectiva del poder del Estado y por lo tanto, la creciente dificultad y la sofisticación  del oficio para poder gobernar.

En gran parte, la salida del autoritarismo consistió precisamente en esto: acotar al presidente reivindicando la centralidad constitucional, y sobre todo real, del legislativo. En 1991, el presidente Salinas disfrutó el último Congreso dorado pues tenía 64% de los diputados. Desde entonces, la realidad, la matemática del Legislativo (por no hablar de los gobernadores y otros poderes constitucionales) no ha hecho sino limitar y complicar las capacidades presidenciales. En 1997 Zedillo sólo contaba con un insuficiente 47.6%, pero ya con el pan en Los Pinos, el vuelco fue simplemente dramático: el presidente Fox no tuvo en la Cámara de Diputados ni siquiera mayoría relativa, pues la bancada más grande, el 41%, pertenecía al PRI. La tendencia siguió profundizándose hasta llegar al segundo tramo de sexenio de Felipe Calderón, con el Congreso más adverso para un presidente del que se tenga memoria: la fracción parlamentaria más numerosa en Diputados le pertenecía al Revolucionario Institucional con una mayoría de 48%. Mención aparte, las 23 gubernaturas, la independencia del Poder Judicial, los órganos autónomos, ciudades  y municipalidades clave que están bajo el mandato de partidos distintos y a menudo, enfrentados.

En cuadros y gráficas, sexenio tras sexenio, se muestra un drástico cambio en la composición del poder legislativo, gubernaturas, presidencias municipales y Congresos locales. Un dato que apunta ese capítulo es muy elocuente: en los últimos 30 años, solamente 105 municipios se mantienen fieles al PRI. Insistimos, de 2 457 municipios sólo 105 (4% de los existentes) no han experimentado aún, la alternancia local.

Los triunfos municipales de la oposición fueron aislados y esporádicos antes de los años noventa. En 1988 sólo 39 municipios eran gobernados por partidos políticos distintos al PRI. En 1990 la cifra ascendía a poco más de 150 y para el año 2000 la cifra se incrementó a 700% al llegar a 1054 municipios gobernados por la oposición. En los estados, a partir de 1989, 24 estados ha vivido también la alternancia política. Es esto, lo que ha cambiado la política de México, más y más duraderamente la política y la representación.

El gran tema está ya en otro lado: esta apertura multicolor, nacional, esta intensa pluralidad actúa en un marco constitucional de gobierno que en lo fundamental   no ha sido alterado. Y este es un problema que aún no se evalúa, ni reconoce en toda su importancia ni en todas sus consecuencias. Es el problema producido por  la democracia misma.

  1. Pero la transición democrática significó también “un cambio en el modelo de legitimación”, afirma Fernando Escalante. Es decir: el modelo autoritario había agotado sus posibilidades económicas para proveer de bienes o de cierto bienestar a la población (y sobre todo de expectativas y esperanzas de mejora). El proceso no tiene causas únicas ni unívocas (la modernización social, la diferenciación regional, el crecimiento sostenido de los partidos políticos en plural), pero es cierto que a partir de los años ochenta la economía entró en un pasaje de largo plazo que hoy llamaríamos estancamiento secular. Luego, sindicatos desprestigiados y sobre todo una oleada de pensamiento neoliberal que terminó siendo hegemónica y desacreditó y destartaló un vector histórico de derechos sociales y económicos. Lo público (empresas estatales, intervención, regulación) se convirtieron en obstáculos para la “nueva razón del mundo” y su correlato –sintonizado con las transiciones que sucedían en otras partes del planeta– era un cambio en la forma de legitimación.

Se trata de una de las derivaciones más ambivalentes de la transición. Por una parte pusieron a flote con gran fuerza a los derechos individuales, las libertades y sobre todo, los derechos humanos. Por otra, es que éstos temas desplazaron y en gran medida anularon el otro gran sistema de derechos: los económicos y sociales.

Se abrió paso a una paradoja: en la medida que la agenda liberal se fortalecía, la agenda social palidecía en un segundo plano público.

Con todo, Escalante encuentra avances notables y  aún  civilizatorios –más allá del respeto al voto– en medio del proceso de democratización: los derechos de minorías, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y en medio de toda esta ebullición, el surgimiento de la Comisión Nacional de los  Derechos Huma-  nos, cuyo trabajo en atención de quejas –cuantificadas en  este volumen– muestra los terrenos del retroceso en el último decenio: incremento en  homicidios dolosos, exacerbación de las denuncias contra el Estado y  sus  cuerpos de  seguridad y  un contexto de ansiedad y miedo que incrementó el crimen y la crueldad real y percibida.

¿Es esto producto de nuestra precaria democracia? ¿La transición, la alternancia, los gobiernos divididos han causado esta oleada de violencia que parecía disolverse en los últimos años? La respuesta de los datos es categórica: no hay ninguna correlación entre el proceso de democratización y los niveles de violencia.

Concluye Escalante: “Lo razonable es sostener precisamente lo contrario […] conforme se generalizaba la alternancia en todos los niveles de gobierno, y aumentaba la pluralidad, la violencia disminuyó. Y sólo aumentó de manera escandalosa, a partir de 2008”, es decir, bien entrado el periodo democrático. Por eso, “el gran déficit”, nosotros diríamos, uno de los grandes déficits, “veinte años después de la transición, está en el sistema de procuración de justicia, en el sistema de seguridad, en la protección al derecho a la vida y a la integridad. Es decir, en la definición última de la autoridad del Estado”.

  1. Pero ¿qué hay de los ciudadanos?, los actores en los cuales reside la soberanía del voto, los que determinan quién gobierna y quién deja el gobierno y muy especial- mente, los depositarios de los derechos constitucionales.

En este Informe, Ciro Murayama se encarga de brindar las cifras –recogidas de muy diversos estudios– en las que se explora la conducta y la cultura democrática de los mexicanos y su debilidad “que se expresa a través de la distancia que separa a la ciudadanía de los procesos de toma de decisiones sobre la vida pública, de la desconfianza sobre el cumplimiento de las normas y del desencanto por los resulta- dos entregados por las instituciones públicas”.[5]

Después de revisar los datos que arrojan encuestas e investigaciones de métodos y alcances diferentes, eso sí, ejecutadas en todo el país durante los últimos años, la conclusión es más o menos la prevista por Adam Przeworski: luego de la ola transicional de entre siglos “estamos viendo un monstruo nuevo: la democracia sin ciudadanía efectiva”.[6]

Sin rodeos, Murayama asevera: “la insatisfacción de la ciudadanía con la democracia realmente existente es uno de los datos duros de la época que vive México”, y con el Latinobarómetro 2015 en mano, cita: “a lo largo de 20 años de mediciones de este instrumento, América Latina no ha avanzado en el apoyo a la democracia”. Todo esto nos recuerda Perogrullo: la democracia no es un arreglo de convivencia humana ganada de una vez y para siempre, está en permanente tensión, cuestiona- miento y amenaza. De allí la importancia de contar con el diagnóstico adecuado.

El ensayo recorre la opinión y percepción de los ciudadanos de a pie con el sistema de justicia, la policía y las instituciones de seguridad; la situación de la juventud, la niñez y sus familias; el sistema educativo y por supuesto el comportamiento de los partidos políticos.

Hay algo muy relevante –y muy poco discutido– en el argumento de Murayama: “México cuenta con leyes electorales barrocas que favorecen la litigiosidad electoral. No hay sistema político en el mundo con más juicios en materia electoral que México. Así, las elecciones no son un asunto que se comprenda fácilmente, lo que contribuye a la desconfianza hacia la política, hacia los partidos, hacia los comicios y hacia el árbitro electoral”. En otras palabras: las estrategias políticas y electorales basadas en la denuncia del otro son una fuente permanente –elección tras elección– del propio descrédito de la democracia y de sus vehículos: los partidos mismos.

Luego de una revisión estadística del estado de ánimo nacional se ofrece una cifra muy inquietante pero igualmente reveladora: según el Latinobarómetro 2015, sólo 19% de los mexicanos está satisfecho con la democracia; y de manera coincidente –casi equivalente– 17% está insatisfecho con la economía.

La reverberación de la mala situación económica es letal para la idea de la democracia: la insatisfacción con la democracia es esencialmente la insatisfacción con la situación económica. Ahí debe encontrarse una causa fundamental del  déficit cívico mayúsculo que no acierta a equilibrarse porque su economía y su Estado no pueden armonizarla con la política y la sociedad.

  1. Es otro de los infortunios –quizá el mayor– de la democratización mexicana, y es Enrique Provencio quien se encarga de documentarlo.

Profuso en gráficas analíticas, de suyo reveladoras (pobreza, ingresos, desigualdad, servicios esenciales, agua potable, deficiencia nutricional, calidad de la vivienda, etcétera), su trabajo retrata el contexto económico y social en el que hubo de nacer y crecer nuestra democracia.

Contrario a lo ocurrido en los renacimientos democráticos de Europa y contrario a la instauración del parlamentarismo en el Japón tras la segunda guerra mundial; contrario también a lo vivido por la transición española en los años ochenta, en México, la vida democrática no estuvo acompañada de crecimiento, de bienestar o de una expectativa masiva de prosperidad. Todo lo contrario: la ampliación de libertades efectivas creció en medio de una profunda incertidumbre económica, y ese doble hecho ha marcado –y deprimido– el sentido de nuestra democracia e incluso de nuestra cultura en el trance del siglo XX al XXI.

Como hemos repetido, en este Informe no hablamos de unos años, ni siquiera  de sexenios: hablamos de una generación completa de mexicanos que buscó su primer trabajo en los años ochenta (al inicio de la transición) y que a continuación, se implantó en una era de inestabilidad productiva con estancamiento a largo plazo. Se trata del progresivo deterioro de la capacidad de creación de empleo, de la baja tendencial de los salarios reales, de una distribución del ingreso estancada y fluctuante y de un inmenso tapón en la movilidad social. Los ingredientes del malestar durante 30 años completos.

Provencio nos provoca hablar de “dos transiciones” una política y otra económica, casi simultáneas pero con dinámicas y resultados muy diferentes. Los diez años que siguieron a la implosión del “antiguo régimen económico”, proteccionista y corporado (1982-1990), y los veinte subsecuentes, que fueron escenario de la llegada de un nuevo modelo –de mercado y liberalizador– cuyas consecuencias prácticas deben ser seriamente evaluadas como condición de cualquier diagnóstico del estado de nuestra democracia.

Es en este capítulo donde cobra su sentido el subtítulo del presente Informe: la democracia en una era de expectativas rotas. Sostiene el autor: “Después de la crisis de los años ochenta […] la movilidad intergeneracional es muy baja […] pues la mitad del 20% más pobre continúan allí en la siguiente generación, y apenas 4% logra ascender”.[7]

Esta cancelación de la expectativa de ascenso social, vivir y trabajar bajo la certeza de que estarás en la misma condición de pobreza que tus padres (y tal vez peor), es una de las circunstancias más insidiosas y generalizadas que nos envuelven hoy en el lúgubre “humor social” del que hablaremos más adelante.

Provencio demuestra, además, que el mito circulado hace unos años en torno al supuesto país “de clase media” en la época democrática, no se sostiene. Una amplia investigación del INEGI,[8] proporcionó la evidencia empírica: por desgracia no tenemos una población “clasemediera mayoritaria”, y si bien “esta parte no se puede asociar al segmento de la sociedad en pobreza, la cantidad de personas en esta condición se aproxima mucho más al segmento social bajo […], el incremento promedio tanto de los hogares como de las personas hacia la clase media entre 2000 y 2010 fue de 0.4% anual”.

  1. El Informe que tiene en sus manos, avanza sobre una de las cuestiones más delicadas de nuestra era: los homicidios, la seguridad pública y la justicia penal en el periodo de la transición y de la democracia.

Dos investigadores y estadísticos de primera línea (los únicos autores que no pertenecen al IETD pero que generosamente aceptaron colaborar con este esfuerzo) muestran la trayectoria –en veinte años– de diez asuntos críticos: el incremento exponencial de la preocupación ciudadana hacia los temas de inseguridad y corrupción en el siglo XXI; el curso del presupuesto asignado para funciones de seguridad nacional y seguridad públicas; una medición del esfuerzo en la llamada guerra al narcotráfico; el nivel de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público; la población penitenciaria y su situación legal; la curva de los homicidios, es decir, de la violencia, su distribución geográfica y por grupo social a lo largo de cinco sexenios; el sexo y edad que forma parte o son víctimas de esa ola de violencia; las causas y los medios utilizados en los homicidios; los tipos de delitos registrados por las instituciones de seguridad y la tasa de delitos denunciados y no denunciados ante las autoridades. En pocas palabras: una visión de la justicia, la seguridad pública y la percepción ciudadana que les corresponde.

Es difícil encontrar un resumen, tan conciso e imparcial, de toda una época elaborado por Adrián Franco y José Guillermo Castillo que forman parte del INEGI y del equipo que levanta y procesa la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Desde cualquier punto de vista y para cualquier fin analítico, esta información así ordenada, resulta indispensable.

Por eso la relevancia de su alegato final, en torno a la pertinencia de revisar el tipo, la disponibilidad y calidad de la información estadística sobre asuntos que se han vuelto el envoltorio más sombrío de nuestra democracia en los últimos años.

  1. Raúl Trejo Delarbre nos ofrece la historia de los medios de comunicación y su papel en la cultura y la configuración de la opinión pública.

Su conclusión política principal es que la franja mayor de los medios de comunicación estuvieron atrás del proceso democratizador hasta bien entrados los años noventa, por la inercia de una estrecha y obediente relación con el antiguo régimen, por la enorme concentración de los principales frecuencias de comunicación (radio y televisión) en manos de muy pocas familias y también, por la incomprensión del proceso que estaba evolucionando y expandiéndose ante sus ojos.

Trejo sostiene que la “democracia mexicana ha estado incompleta” debido a la ausencia de reglas claras, y de regulación eficaz, para los medios de comunicación. Durante tres decenios y medio nuestro país ha puesto en práctica varias generaciones de reformas en otros ámbitos sin las cuales no se explican ni la pluralidad ni el nivel de crítica que hoy recorre el país.

Sin embargo esa diversidad no se ha manifiesta en toda su extensión, dentro de los medios de comunicación. La concentración, la insuficiente cuando no deplorable calidad de sus contenidos y la consolidación de un poder extralegal fincado en las concesiones que usufructúan, han hecho de las empresas comunicacionales, actores políticos que llegan a comportarse al margen de y en ocasiones en contra de las instituciones estatales, anteponiendo sus intereses particulares.

Las cosas han cambiado, si, pero la televisión continúa básicamente atenazada por sus propios intereses monopólicos. No obstante, la presencia casi ubicua de medios de información alternativos están erosionando su influencia, están haciendo caer su audiencia, tensan sus relaciones con el Estado y los están obligando a cambiar, en forma y fondo. El proceso de cambio ha sido largo y sinuoso, pero consistente y al parecer, es inevitable.

La gran ausencia de la formación cultural, democrática, de alta calidad a través de la televisión, es la falta de un proyecto amplio y sostenido para la televisión pública. Canal 11 o Canal 22 han hecho esfuerzos que deben reconocerse, pero sus recursos escasos y la ausencia de ese gran proyecto –que debería encabezar el Esta- do más allá del sexenio en curso– ha permitido el desfonde de contenidos y sobre todo, ha anulado la posibilidad de que los mexicanos dispongan de una alternativa informativa y cultural en el que sigue siendo el principal medio utilizado por los ciudadanos.

Pero el valor del ensayo de Raúl Trejo radica en su exploración sociológica y en el cambio de la infraestructura tecnológica con la que hoy también se informan los ciudadanos en nuestro país. Hablamos por supuesto de esa alfombra mágica que es el internet, la telefonía celular y la televisión de paga, además de algunos segmentos en la radio y en la prensa escrita.

“La prensa escrita y espacios importantes en la radio, han ejercido esa libertad, sobre todo para informar acerca de temas nacionales, incluyendo la confrontación entre partidos de distinta filiación política. Esa libertad contrasta con presiones y persecuciones a medios de comunicación, e incluso asesinatos contra periodistas que se registran en zonas fuertemente instruidas por cacicazgos políticos y, más recientemente, por grupos delincuenciales. Sin desconocer ese panorama, se puede admitir que en los medios de comunicación nacionales hay una diversidad de fuentes informativas que no se apreciaba al comienzo del periodo que se estudia en este libro”.

El trabajo presentado por Trejo sistematiza una gran cantidad de fuentes, que dan cuenta de temas tan diversos como las suscripciones telefónicas, la expansión y densidad de la telefonía celular, el vertiginoso crecimiento del uso de internet, la multiplicación de alternativas de estaciones de radio y televisión por cable, hasta el estudio de las audiencias y de la infraestructura televisiva por cada estado. Además de constatar que a pesar de sus resistencias ningún medio hoy, puede ignorar ya la pluralidad, la competencia y trasmitir los mensajes de las diversas opciones políticas en el país.

Es a tal punto revelador este capítulo, que en esas cifras podemos apreciar incluso, el cambio en el “gusto” de los mexicanos y lo que quieren ver y escuchar.

Decenas de gráficos y cuadros ofrecen pues, la historia y la sociología de los medios de comunicación durante la transición y la democratización mexicanas.

  1. A través de estos temas críticos (y sus datos disponibles) proponemos una evaluación de la transición y de los primeros años de la democracia en México. Es una evaluación de asuntos críticos (como derechos humanos o economía y desigualdad) que están determinando la naturaleza del malestar con la democracia y sus instrumentos. Si bien se trata de un malestar muy difundido en el planeta, el mexicano, tiene sus propios nutrientes: la falta de comprensión y de una versión histórica compartida acerca de lo que ha sido el tránsito democrático; la antipatía contra el pluralismo, la sensación de que resulta una carga estorbosa y onerosa, más que un producto de la modernización social; las dificultades que trae consigo la dispersión del poder y los gobiernos de minoría; una percepción de desorden, desgobierno, conflicto permanente e indefensión dentro de la democracia; los problemas reales que la propia democracia produce (desacuerdo en casi todos los temas neurálgicos de la agenda nacional, mayor visibilidad de la corrupción, una crítica pertinaz de todo y de todos, etcétera); el déficit de ciudadanía, de cultura democrática y de organización y poder de la sociedad civil; las estrategias contrademocráticas de los partidos y sus consecuencias contra su propio prestigio y el de los procesos que ellos protagonizan; los medios de comunicación, actores y creadores de un ambiente más bien confuso, antipolítico y anémico del buen debate; la oleada de violencia desatada a la mitad del decenios pasado y su halo de miedo y de crueldad, y por supuesto el empobrecimiento, los bajos salarios, la persistente pobreza y la falta de crecimiento que han envuelto a toda una generación en una atmósfera de expectativas rotas.[9]
  1. La batería de datos y correlaciones que hemos intentado presentar aquí, muestra que los decenios que nos preceden no son el escenario de estabilidad, sino de oscilaciones contingentes que suspenden la actividad, el empleo, el ingreso y que en sus fluctuaciones excluyen y han vuelto más desigual a la sociedad. El desánimo nacional emana muy esencialmente de la economía, pero como hemos tratado de demostrar no es sólo económico: también los eventos y acontecimientos sociales y políticos juegan un papel estelar en la configuración del humor social que sin duda, ha creado nuevos patrones de conducta de los mexicanos.

A continuación la última gráfica de este volumen debida a la empresa demoscópica NODO, que resume el malestar con la democracia mexicana: un metódico seguimiento histórico, sociológico y estadístico del ánimo de la nación.

  1. Democracia nacida en el contexto de una desesperanza que crece. Esa podría ser la síntesis del presente Informe.

El ambiente social, político, económico y moral desde hace casi una década , ha llevado a producir entre las generaciones jóvenes y aún, entre muchos otros veteranos que si vivieron –y aún más, protagonizaron la transición–, diagnósticos y narrativas impregnados de una sentencia: que la experiencia política de la democratización mexicana ha sido un fracaso. Que la transición no logró liquidar al “viejo régimen”, al priismo histórico, ni tampoco construir una democracia “real”, a lo sumo “sólo electoral”.

Según estos discursos, lo que tenemos hoy sería una fachada, un disimulo, sobre el cual los “políticos”, (a veces ciertos empresarios), partidos y gobernantes corruptos se han aprovechado de una ciudadanía que alguna vez creyó en ellos y que no tienen la menor posibilidad de regeneración.

El problema es que el obligado y merecido señalamiento de tantos problemas y distorsiones de la democracia que tenemos, se comparan con un “ideal” democrático (que por cierto nunca se dibuja, nunca se propone), es que con demasiada facilidad se concluye que, por el contrario, vivimos en un “régimen autoritario”. No hay que cerrar los ojos a esos problemas, que ocurren en gobiernos de todo orden, nivel y color, pero la consecuencia de ese diagnóstico es institucionalmente explosiva. Como lo advirtió el intelectual español Javier Pradera: “esa democracia intransigente de derecha o de izquierda, lleva a la pira a las democracias existentes en nombre de las democracias imaginarias”.

Por eso quisimos elaborar este Informe y salir al paso a estas posiciones, pues creemos que nos están llevando a un tipo de pobreza, que como decía W. Benjamin, no es material sino peor: una pobreza de experiencia. Ese estado anímico padecido por amplios e importantes franjas de la sociedad mexicana, quienes se sienten obligadas a “comenzar desde cero”. Un auténtico lujo hiperbólico, demasiado costoso para un país que invirtió tanto en armar normatividad e instituciones que han hecho posible lo que nunca fue sino hasta los años noventa: un traslado del poder político sin violencia y una dispersión efectiva de ese poder que refleja –con proximidad– la complejidad y diversidad de la sociedad mexicana contemporánea.

La palabra “régimen” ha sido puesta en circulación con el regreso del PRI a la Presidencia y los varios escándalos políticos y financieros de estos años. No es extraño –pues el propio priismo en su era clásica– se calificaba a sí mismo como tal “el régimen de la revolución”. No obstante, aplicar el término a este primer periodo en democracia, resulta injusto y contraproducente: pues supone no sólo criticar a los actuales partidos y políticos que usufructúan el cambio democrático, sino también a todos aquellos que llevaron a cabo la transición, todo lo contrahecha que se quiera, pero que instauró un periodo de libertades civiles, crítica y competencia política sin precedentes en nuestra historia y lo hizo, insistimos, sin violencia política.

Pero hoy estamos viviendo una crisis ambivalente con rasgos singulares, como no habíamos visto en el siglo XX. En efecto, casi toda la centuria pasada las crisis se enfrentaban con ciertas dosis de optimismo, en el progreso, las libertades y la democracia. Hoy,  da la impresión de que se nos ha terminado el pasado pero sin saber a dónde vamos, sin expectativas, aliento y con una notable falta de liderazgos que sí tuvimos en otras épocas. Seguramente estamos en el fin de un ciclo político (quizás de una época), pero no hay a la vista, un programa que responda a los grandes desafíos descritos en este volumen: derechos humanos, corrupción y sobre todo, desigualdad y pobreza.

Terminamos con la pregunta con la que arranca este volumen ¿La calidad de la democracia depende de las leyes y las instituciones electorales? Nuestra opinión es que no, o quizás, cada vez menos. La calidad democrática depende mucho más de la relación de la política con el dinero y de cómo esos protagonistas se conducen: los partidos, los candidatos, los dirigentes electos, del debate público y sus personajes influyentes, de la formación de la opinión pública y muy especialmente, de las estrategias de los partidos políticos. La calidad de la democracia radica sobre todo allí.

Contribuye al malestar con la democracia las recurrentes estrategias que minan y levantan un tono grisáceo y marrón en cada competencia política. Sabemos bien que la democracia no es un escenario dispuesto para tomar el té, pero tampoco es un pleito judicial en el que se abusa de la denuncia, la queja, el litigio electoral (ese sí, el más alto del mundo) como sustituto de ideas, programas, candidaturas atractivas y proyectos inspiradores. La extrema litigiosidad que vivimos durante las campañas y después de ellas, dejan de ser la oportunidad abierta de la información política, de la deliberación de los problemas del país, el reconocimiento de alternativas y liderazgos nuevos, para alzar el polvo y recrear la imagen de una deleznable competencia repetitiva y más bien ilegal.

No hay leyes, reformas constitucionales ni instituciones que sustituyan al compro- miso democrático. Es más, en materia electoral el compromiso de los actores es previo a las reglas de la competencia, a respetarlas y cumplirlas. Pero mientras la queja y la denuncia sean el centro de las estrategias (algunas veces fundadas, la mayor parte artificiales y por pura búsqueda de publicidad política) los propios partidos seguirán construyendo excusas para no dar el salto -por fin- hacia el centro neurálgico de la cultura democrática: la aceptabilidad de la derrota, o mejor, el reconocimiento de la victoria del contrario, esa cualidad que vamos a necesitar cada vez más por el imparable aumento de la competitividad electoral y la fragmentación de la representación.

Es así que la inercia de esta historia hace que la política –una y otra vez– vuelva la cara, a los abigarrados temas de la vida electoral, sin comprender que buena parte del malestar, es la desatención en otros temas, justamente por haber sobre- atendido y sobre-reformado el sistema electoral.

Mientras tanto, el impulso del cambio histórico que hemos querido documentar aquí y que ha transformado el sistema político mexicano, sigue creando nuevas realidades, en ocasiones partidos, candidatos, alianzas, coaliciones, pero sobre todo fragmenta los congresos. Un fenómeno que abre oportunidades para repensar la política y el sistema político en su conjunto, pero eso exige una dosis de paciencia que ya es muy escasa entre los votantes y la sociedad civil.

Nuestra transición generó imaginarios que hasta hoy perviven. Quizá el más exitoso de todos es lo que nosotros llamamos, ciudadanismo. Es decir, esa ideología que abjura de la política profesional y cuyos militantes se presentan como individuos libres y bañados de valores cívicos. Interesa decir, que este discurso (más los persistentes mensajes de los medios de comunicación) han sido difusores estelares de la antipolítica, del malestar con la política y sus instrumentos democráticos, pero lo que se ofrece a cambio es llevarnos a un territorio ideal de reconciliación, en el que se cancelan los intereses diversos e incompatibles, los antagonismos reales y por supuesto, la inevitable pluralidad política. Una idealización del espacio público simplemente irrealizable, precisamente porque la democracia llegó para ofrecer una arena de disputa de esos actores, intereses y factores que el ciudadanismo ha condenado pero que nadie puede exorcizar.

En nuestra visión, la sociedad civil debe irrumpir con más fuerza en la política en los cargos de representación, debe entrar al Estado, pero no para cancelar a la política y sus destrezas específicas, sino para llenar sus vacíos (especialmente los éticos).

Este Informe ha considerado relevante reconocer los límites y defectos de la democracia real que sí tenemos, pero al mismo tiempo, quiere ser un llamado de atención para no desfondar esa democracia por lo que ella y cualquier otra sistema político no puede lograr.

Como decíamos al principio: este documento es más bien pesimista, porque sabe que lo ganado puede erosionarse y aún demolerse por el conjunto de factores que contextualizan a la democracia y por los efectos que la propia democracia genera. De allí, el llamado a discernir y recorrer el pasado sin quedarnos con esa pobreza de experiencia, que con candidez, se cree capaz de refundarlo todo.

Reconocer los límites de nuestra democracia sirve para dirigir los esfuerzos hacia ellos y también, para ubicar los terrenos de las reformas factibles, que como hemos dicho, urgen en otras áreas más allá de lo electoral (el aparato anticorrupción y el sistema de justicia, por ejemplo, por no hablar de una nueva y exigente política de redistribución del ingreso en el país). Creemos que en el balance entre límites, problemas y posibilidades, podría surgir un mapa útil para la acción política de   los próximos años.

 

 

Fuentes consultadas: 

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Citas:

[1] Albert O.Hirschman, , La democracia en América Latina, Vuelta, núm. 116, julio de 1986, México.

[2] Como lo explicó Octavio Paz, en un ensayo brillante. Doble Mandato. Vuelta, núm. 215, octubre de 1994.

[3] Guillermo O’Donell, Contrapuntos (ensayos escogidos sobre autoritarismo y democracia), Argentina, Paidós, 1997, p. 225.

[4] Adam Przeworski, ibid., p. 29.

[5] Murayama cita a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, realizada por el Instituto Nacional Electoral, 2016.

[6] Íbid., Przeworski, 2010, p. 29.

[7] CEEY, Informe de la movilidad social en México, 2013.

[8] INEGI, Cuantificando la clase media en México: un ejercicio exploratorio, 2013.

[9] Estos puntos son desarrollados en el libro, La democracia como problema (un ensayo) de José Woldenberg (El Colegio de México y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2015).

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