¿Y cómo lograr que primero sean los pobres?

Algunas de las razones que propician la ineficacia de la política de desarrollo social, son el mal manejo del presupuesto, el uso electoral de algunos programas federales y la hipótesis de que nutrición, salud y educación son el trinomio perfecto para que las personas puedan salir de la pobreza.

Por: Lorena Cortés Vázquez

El combate a la pobreza en México ha sido una bandera común de las últimas cuatro administraciones. Desde Ernesto Zedillo, con el programa Progresa, se ha privilegiado un enfoque de desarrollo social que se caracteriza por: 1) la focalización, 2) la integración de la ecuación alimentación, salud y educación y 3) el incremento constante de presupuesto en programas de desarrollo social. (Hevia, 2009). Pese a los múltiples reconocimientos internacionales, a más de 20 años del inicio de este enfoque, las cifras de pobreza en el país se encuentran escandalosamente estancadas.

¿Qué propuestas realizaron los candidatos a la presidencia a lo largo de su campaña política y hasta dónde éstas se encaminan a una nueva perspectiva en la materia o reproducen las mismas condiciones de los últimos 21 años? ¿En qué medida la población mexicana considera que la pobreza es un tema prioritario? ¿Qué debemos hacer para que, como lo dijo el futuro presidente en su primer discurso, primero sean los pobres? Aquí presentamos algunas líneas de análisis, que sin pretender ser exhaustivas, buscan enfatizar la importancia del necesario giro de timón en nuestra política de desarrollo social.

Desatinos de la política social

Según cifras de Coneval, 43.6 % de la población en el país se encuentra en pobreza, y 7.6 %, es decir más de 9 millones, en pobreza extrema (Coneval, 2016). En 2008 era el 44.4 % y 11 % respectivamente. Particularmente la pobreza de patrimonio y alimentaria ha tenido una mínima evolución desde hace casi 25 años. En 1992, 53.1 % de la población estaba en pobreza de patrimonio, para el 2016 es el 52.9 %, en cuanto a la pobreza alimentaria, durante el mismo periodo se pasó de 21.4 % a 19.6 %.[1] Ello pese a que el presupuesto para programas federales de desarrollo social ha ido en aumento en los últimos años (INDEP, 2017).

Muchas razones giran en torno a esta falta de eficacia de la política de desarrollo social. Una ya mencionada por diversas organizaciones de sociedad civil como Gesoc y Acción Ciudadana frente a la Pobreza, es el privilegio del manejo político frente a una asignación de presupuesto basado en evidencia; por ejemplo, para casi 20 % de los programas sociales no se cuenta con información mínima indispensable para conocer su funcionamiento o eficacia (Gesoc, 2017). Recientemente Acción Ciudadana Frente a la Pobreza demostró el uso electoral de algunos programas públicos federales al notar un fuerte incremento presupuestal justo previo a las elecciones recientes. (Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 2018)

Otra importante razón, que recientemente ha enfatizado incluso el propio Coneval, es que la hipótesis de que nutrición, salud y educación son el trinomio perfecto para que las personas puedan salir de la pobreza se rompe cuando la estructura de desigualdad es tal que el piso mínimo para la subsistencia con cierta calidad de vida, que es en términos prácticos la definición del alivio de la pobreza, no se acompaña con una estructura institucional que garantice los derechos universales. Estudios como los realizados por el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (Delajara, M., 2018) demuestra que la movilidad social en el país es asunto del pasado. Parece ser que lo que antes permitía una educación universitaria -ascender en la escalera social- ahora es posible sólo a través de la participación en grupos delictivos Que la movilidad social del país dependa de esto es, per se, un pensamiento macabro. Si verdaderamente queremos que ¨Becarios sí, sicarios no¨, como lo declaró el presidente electo durante su campaña, debemos ir allende las becas y el nuevo gobierno tiene el reto de cambiar radicalmente la perspectiva y estrategia de desarrollo social.

Los paradigmas sociales de los candidatos

Recientemente los mexicanos pudimos descansar de la intensa jornada de campañas electorales para la presidencia a la República. Entre cientos de eventos, declaraciones y debates electorales sin duda la constante en el discurso de los presidenciales y sus representantes fue la lucha contra la corrupción; tal es el caso que, pese a que hace seis años el tema de corrupción no era particularmente importante, en los recientes comicios se posicionó como el segundo tema en importancia para los mexicanos en el momento de ir a votar, siendo el primero el de inseguridad.[2] Entre aquellos que votaron por los dos candidatos punteros la pobreza se mencionó como el tercer tema de interés[3].

Fuente: Elaboración propia con datos de Exit Poll de SIMO Consulting 2018.

Es interesante observar que al parecer la población está a favor de aumentar los recursos dirigidos a programas de desarrollo social, pese su evidente ineficacia. Alrededor del 70 % de la población votante, independientemente de su preferencia electoral, está de acuerdo con la afirmación de que se debería aumentar el gasto en programas de asistencia social y subsidios; la respuesta es igualmente transversal a los grupos etarios. Si consideramos las respuestas por nivel de ingreso, las personas que más de acuerdo se encuentran con esta afirmación son aquellas cuyos ingresos son menores a los $6,800 pesos, y la afirmación es ligeramente menos aceptada entre los grupos de población de mayor ingreso, pero aun en esos casos, el porcentaje de población de acuerdo con el aumento en el gasto para desarrollo social no es menor de 58%. (SIMO Consulting, 2018).

Un seguimiento a los principales medios nacionales durante los meses de febrero a mayo, muestran la escases de menciones de los 4 candidatos a temas relacionados con desarrollo social; las pocas menciones al respecto se refieren fundamentalmente al combate a la pobreza de forma bastante general. Las plataformas de los candidatos también revelan lo endebles de sus propuestas al respecto.

Fuente: Elaboración propia con material de las diversas plataformas electorales.

Como podemos observar, el único candidato que planteó en su momento una visión relativamente diferente a la estrategia actual fue Ricardo Anaya, quien con su propuesta de ingreso básico universal se acercó, paradójicamente, a propuestas de teóricos de izquierda, al plantear esta estrategia como un mecanismo redistributivo donde, el impacto del ingreso básico para una persona con suficiencia económica es muy bajo a comparación con el que tendría entre la población con menos ingreso. Otra ventaja de la propuesta es la reducción de los incentivos para el uso político, eliminando intermediarios, o barreras de entrada para acceder al recurso. El candidato proponía eliminar una buena cantidad de programas de desarrollo social, basado en un análisis de costo – beneficio, alineación con prioridades sociales y transparencia. Sin embargo, como ya analizó Oxfam México, la propuesta resultaba inviable en varios sentidos, desde el monto necesario a obtener para el financiamiento, la logística y mecanismos de implementación hasta restricciones legales y presupuestales (Oxfam México, 2018).

En cuanto a las propuestas de desarrollo social de Andrés Manuel López Obrador, por mucho su componente más elaborado en su plataforma política es el de los programas relacionados con los jóvenes. La apuesta pareció efectiva si tomamos en cuenta que el 25% de los electores que votaron por él fueron primeros votantes y el 22% se ubican dentro de la generación Milenial (SIMO Consulting, 2018). Pese a ello, y sin minimizar la importancia de este grupo, que representa además el final del bono generacional en México, las propuestas presentadas se quedan muy limitadas en relación con la perspectiva más amplia de desarrollo social y, como lo apuntaron Brisa Ruiz y Marcela Villalobos en su artículo sobre los retos en el empoderamiento político de la mujeres (Ruiz y Villalobos en Horizontal, 2018), con el temas de género, donde nuevamente se invisibilizan elementos psico-emocionales que pueden evitar la participación de las mujeres en la vida política, educativa y laboral.

Los principales retos, nada nuevo bajo el sol

Si la nueva administración está verdaderamente interesada en atajar algunos de los principales problemas del desarrollo social, debe tener como aliados al CONEVAL y a la sociedad civil organizada. El Consejo cuenta en su documento “Consideraciones para el proceso presupuestario 2019” con un pertinente diagnóstico en torno a la política de desarrollo social. Destaca en este análisis la desconexión existente entre diversos programas de desarrollo social y su impacto en el enfoque de derechos, temática que ya había sido abordada por diversas organizaciones de sociedad civil. Las decisiones planteadas por el organismo autónomo cumplen con dilemas de gestión pública que son plausibles y relativamente sencillas de instrumentar.

Además de los diagnósticos y propuesta de la sociedad civil en torno a la problemática, este sector funge como un importante laboratorio social, que permite conocer la eficacia del diseño y puesta en marcha de diversas intervenciones sociales que tienen además la capacidad de trabajar de manera mucho más puntual y verdaderamente focalizada a las comunidades con mayores rezagos.

Las decisiones responsables por parte del poder legislativo en torno al presupuesto para este sector son sin duda condición indispensable para cambios reales y sustantivos. La colocación del presupuesto en programas transparentes y que han mostrado, mediante evaluaciones, su pertinencia con respecto al enfoque de derechos y eficacia con respecto a su objetivo es posible y necesario. Es también indispensable que el Congreso retome su papel preponderante en la decisión del presupuesto de egresos, labor que los últimos años se vio minimizada ante una SHCP fuerte e intransigente que ha fungido de facto como el decisor y operador político del presupuesto. Para ello, por ejemplo, vale la pena retomar las propuestas de diversas organizaciones en materia de un Consejo Fiscal, que sirva como un órgano técnico independiente de vaivenes partidistas y que dote de la información y análisis pertinente al poder legislativo.

Finalmente, un reto fundamental es el de la coordinación de las políticas federales, estatales y municipales de desarrollo social. Tema no menor considerando la autonomía de las entidades federativas; sin embargo, la duplicidad de programas así como la baja capacidad para la medición y evaluación son una limitante importante a la eficacia de las políticas de desarrollo social. La administración actual tiene una gran ventaja en cuanto a la cercanía partidista de la mayor parte de los gobernadores electos, lo cual puede jugar a favor de crear un sistema integral de información y aprendizaje entre pares en materia de desarrollo social.

¿Serán primero los pobres?

Este breve análisis ha querido mostrar que, si de verdad se quiere poner al frente la población menos favorecida del país, que no es poca cosa considerando que se trata de más del 40% de la población, la nueva administración no debe conformarse con business as usual más programas de becas a jóvenes, debe en realidad cimbrar el andamiaje político, electoral e institucional que soporta en la actualidad la política de desarrollo social del país, revolucionando la lógica programática del sector, limitando el papel de la SHCP y habilitando al legislativo para realizar su trabajo transparente y con fortaleza técnica. La sociedad civil y los centros de investigación sin duda son aliados naturales para la consecución de estos objetivos y no considerarlos, así como a la comunidad internacional, -particularmente lo referente a la agenda 2030- sería un error y una pena. No son pocos retos para el nuevo gobierno, pero algunos son relativamente sencillos de instrumentar si en verdad se cuenta con la voluntad política.

 

* Lorena Cortés es especialista en política pública y sociedad civil, es directora de proyectos en SIMO Consulting, institución dedicada al análisis social desde el 2007. Su misión es llevar a cabo investigación disruptiva para el cambio social, aplicando diversas metodologías que alimentan esta teoría.

Durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018, SIMO Consulting realizó 3,452 entrevistas cara a cara a hombres y mujeres de 18 años y más que cuentan con credencial de elector y que emitieron su voto en algunas de las casillas seleccionadas. Para eso, se eligieron previamente 110 secciones a nivel nacional. Este tamaño de muestra se calculó con base en un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/-2.1%. Las secciones se distribuyeron proporcionalmente dentro de cada estrato. La estratificación corresponde: al tipo de zona rural, urbana o mixta; al nivel de participación electoral de la sección en la última elección federal. Los encuestadores condujeron entrevistas con los ciudadanos que recién habían emitido su voto. Es importante señalar que no se les ofrece ningún tipo de incentivo a los entrevistados para que participen en el estudio.

 

Referencias:

[1] Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2016, el MCS-ENIGH 2008-2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH.

[2] SIMO Consulting, Exti Poll 2012 y 2018.

[3] Llama la atención que fue el segundo tema para el caso del candidato José Antonio Meada, cuyos votantes no parecieron tan interesados en la corrupción, lo cual tiene sentido si consideramos que ese partido político fue el más asolado por los escándalos de corrupción durante la presente administración

Acción ciudadana frente a la Pobreza.

CONEVAL, Consideraciones para el proceso presupuestario 2019.

Delajara, M., De la Torre, R., Díaz-Infante, E., Vélez, R. (2018) El México del 2018. Movilidad social para el bienestar, México, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México.
Gestión Social y Cooperación A.C., (2017), Índice de desempeño de programas públicos federales 2017.

Hevia de la Jara, Felipe (2009), De Progresa a Oportunidades: efectos y límites de la corriente cívica en el gobierno de Vicente Fox , Sociológica, año 24, número 70, mayo-agosto de 2009, pp. 43-81, México

Oxfam México.

Ruiz Brisa y Marcela Villalobos, Horizontal “Consolidando la paridad de género. Retos del gobierno de Morena en el empoderamiento político de las mujeres”, 5 de julio 2018.

SIMO Consulting (2012), Exit Poll 2012 SIMO, México.

SIMO Consulting (2018), Exit Poll 2018 SIMO, México.

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