Radares sí, consecuencias parejas también

Si bien el sistema de fotomultas podría ser sustituido, la futura jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, plantea un sistema que además de sanciones incluya avisos y educación vial. Estas medidas traerían mayor transparencia sin dejar de reducir fatalidades y lesiones. Respuesta a Rafael Prieto.

Por: Andrés Lajous

Desde que se implementó el sistema de radares de velocidad y cámaras para detectar infracciones en la Ciudad de México, han habido varias controversias sobre la forma de implementación del sistema, pero hay dos que han merecido más atención: 1) las características del contrato de concesión con el operador; 2) el impacto de las multas en el comportamiento de los automovilistas.

En su texto, Rafael Prieto, hace bien en señalar que Claudia Sheinbaum ha dicho que los sistemas de multas automatizados probablemente han reducido algunos accidentes. Sin embargo, le faltó decir que en la misma entrevista que cita también se refiere a sustituir el sistema actual de sanciones monetarias por uno que puede incluir, avisos, educación vial, y la acumulación de puntos como parte de las sanciones.

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La combinación de estas posibles medidas atiende precisamente los dos temas que han despertado más controversia respecto a las fotomultas. En el primer caso, al quitar la prioridad de las multas monetarias como sanción, se puede reorganizar el sistema de cámaras y radares para que estos se ubiquen en los lugares que mayor impacto generan, sin que de por medio se encuentren las utilidades de un privado o incluso recursos fiscales para la ciudad. Vale la pena recalcar que el problema que provoca que las utilidades de un privado estén atadas a las multas no es la participación de un privado en sí, sino de la posibilidad de que la determinación de dónde poner las cámaras y radares esté basado en su interés por generar mayores utilidades, y no en lo que debería ser el interés público, es decir, el de reducir el número de fatalidades y lesiones. En pocas palabras el riesgo es tener un sistema que sanciona para hacer negocio, y no para mejorar la seguridad vial. Por lo tanto canceler las fotomultas como hoy existen implica quitar el interés contractual que actualmente tiene un privado en maximizar el cobro de multas, para establecerlo en donde debió haber sido su objetivo de inicio: reducir fatalidades y lesiones.

En el segundo caso, la cancelación del sistema actual y su sustitución implica también mayor transparencia en la implementación del sistema, pero sobre todo en las consecuencias esperadas de las sanciones. En su texto, Prieto Curiel insiste en que los beneficiarios de quitar las sanciones monetarias son los dueños de coches Mercedes Benz, BMW y Audi. Sin embargo, temo que con los mismos datos que él cita podría hacerse la lectura opuesta: los coches caros son los más multados justamente porque las multas no cambian el comportamiento de los conductores de coches caros. Es en ese sentido me parece que se debe entender la afirmación de que las multas son una afrenta a la economía familiar.

Una multa de dos mil pesos es una afrenta para la economía familiar de quienes no pueden comprar un coche caro y es probable que la multa represente una proporción alta de su ingreso total. Sin embargo, es probable que quienes sí pueden comprar un coche caro, también puedan incorporar el costo de una multa monetaria dentro de los costos de operación y mantenimiento de su coche (por eso acumulan más multas los Mercedes, BMW, y Audi) con menor impacto en su ingreso total. Es decir, si tienes un coche barato (y por tanto un ingreso más bajo), es probable que una multa cambie más fácilmente tu comportamiento. En cambio, si tienes un coche caro (y por tanto un ingreso más alto), es menos probable que una multa cambie tu comportamiento. ¿Tenemos datos sobre este efecto diferenciado por ingreso de las multas? No muy buenos. Pero los que tenemos son los que cita el propio Prieto Curiel. Siguiendo la lógica de la acumulación de multas en conductores de coches caros podríamos decir que el sistema actual impone un “impuesto a la velocidad” para quien lo puede pagar y una afrenta a la economía familiar a quienes no lo pueden pagar. ¿Es deseable un sistema de sanciones que empuja a que los que menos tienen paguen los costos de un cambio de comportamiento, pero que exenta de ello a los que más tienen? No lo creo.

Por último solo quiero señalar que la implementación del alcoholímetro es un buen ejemplo que ofrece varias lecciones a la hora de implementar otros programas similares. Considerando la información pública que existe parece que el alcoholímetro sí ha tenido el impacto esperado de reducir accidentes viales relacionados a la ingesta de alcohol. Sin embargo, y aquí las lecciones que hay que reconocer, es un programa con amplia aceptación entre la ciudadanía (¡incluyendo automovilistas!), que estableció criterios públicos de operación desde el inicio, y cuya sanción principal, al no ser monetaria, aplica y cuesta “parejo” a todos.

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