Violencia y corrupción

La violencia es un fenómeno que se ha convertido en una crisis de seguridad nacional, pero también en una crisis que impacta negativamente sobre el ejercicio de derechos como la libertad de expresión. Puebla, Edomex y Guerrero son las entidades más violentas.

Por: Armando Rodríguez Luna (@a_rodriguezluna)

La libertad de expresión en México ha visto uno de sus episodios más violentos durante el pasado proceso electoral. Ha sido considerado como el más violento de la región de América Latina y el Caribe, por la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos.[1] Cabe señalar que esto sucede en un país donde casi un tercio de la población ha sido víctima de algún delito (ENVIPE, 2017) y en donde la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es de 23.8 (Observatorio Nacional Ciudadano, 2018), más del doble de lo que es considerado como epidemia de violencia por estándares internacionales.[2]

La violencia es un fenómeno que se ha convertido en una crisis de seguridad, pero también en una crisis que impacta negativamente sobre el ejercicio de derechos fundamentales como es la libertad de expresión. Dos actores clave de este proceso electoral, políticos y periodistas, han sido los más violentados. Durante este periodo, la Red Rompe el Miedo documentó 81 agresiones contra periodistas entre el 4 de abril y el 28 de junio, de las cuales 38.3% fueron hacia mujeres y 48.1% hacia hombres. Los estados con mayor registro de agresiones fueron Puebla (13), Coahuila (11) y Veracruz (9). Interesante también, es que esta Red identifica que 43.2% de las agresiones fueron perpetradas por candidatos o simpatizantes de partidos políticos, mientras que 29.6% tuvieron como origen a algún funcionario público.[3]

Por su parte, se registró poco más de 134 políticos asesinados en el período electoral y 416 agresiones, tales como lesiones con arma de fuego, secuestros, asaltos, amenazas y agresiones físicas.[4] Cabe agregar que esta violencia también incluye a personas que indirectamente han estado vinculadas al proceso electoral. Las cifras son abrumadoras: 351 asesinatos a funcionarios no electos, 85% de los cuales eran de agencias de seguridad.[5]

De acuerdo con la empresa consultora Etellekt, 350 municipios del país presentan los mayores problemas de violencia, concentrándose principalmente en Puebla, Guerrero y Estado de México.[6] En Puebla por ejemplo, los índices de violencia se incrementaron en la medida que el robo de combustible (popularmente conocido como huachicol) comenzó a ser una práctica cooptada por grupos de la delincuencia organizada. La consecuente ola de violencia a través de agresiones y asesinatos tuvo como principales objetivos a elementos de seguridad pública municipal y estatal, munícipes y periodistas.

En Guerrero, donde se ubica la mayor cantidad de asesinatos contra actores políticos durante el periodo electoral, se encuentran operando por lo menos 18 grupos criminales y 20 grupos de autodefensa, de acuerdo con información oficial del gobierno de ese estado.[7]

En el Estado de México, se observaba una tendencia hacia al alza en la violencia durante los procesos electorales desde 2015. En este caso, independientemente de la presencia de grupos criminales organizados como el Cartel Jalisco Nueva Generación y remanentes de los Zetas y los Caballeros Templarios, la disputa entre grupos políticos y sociales al interior y exterior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por mantener el control político, ha desatado una constante violencia. Se ha expresado en quema de paquetería electoral, ataques contra el Instituto Electoral del Estado de México.[8]

El contexto de violencia que se ha reseñado aquí no tuvo efectos directos sobre el resultado electoral, debido a la abrumadora suma de votos obtenida por el candidato a la presidencia de MORENA, así como a la amplia preferencia electoral hacia ese partido en las elecciones municipales y estatales.

Sin embargo, es importante señalar que aún no tenemos una mínima dimensión acerca de los efectos que la violencia en los lugares de mayor incidencia, y en los de menor también, tuvo sobre la libre expresión de las ideas políticas por parte de candidatos; tampoco sobre la libre difusión de información relacionada con propuestas políticas; de igual forma no sabemos aún el impacto que la violencia ha tenido para definir preferencias políticas.

En este sentido, los estudios sobre violencia contra la libertad de expresión en México tienen la tarea pendiente de incorporar entre sus líneas de análisis los efectos sobre el ejercicio de los derechos políticos de los propios actores políticos. Asimismo, además de las zonas de silencio creadas en diferentes municipios de Guerrero, Tamaulipas, Veracruz o Sinaloa, además de tener efectos negativos sobre la libertad de prensa, tienen efectos corrosivos sobre la deliberación y participación política.

En otras palabras, los ataques contra la libertad de expresión lo son también contra otros derechos y contra prácticas políticas y sociales democráticas. Espero que el análisis sobre la violencia en el pasado proceso electoral no sea obnubilado por el resultado de la elección, porque habremos perdido la oportunidad de aprender nuevas e importantes lecciones.

 

* Armando Rodríguez es Director de programas y proyectos en Casede (casede.org). Ha sido consultor para UNODC, Freedom House y el Consejo Británico sobre libertad de expresión, prevención de las violencias y delincuencia organizada.

 

Referencias:

[1] Anabel Clemente, “Proceso electoral mexicano, el más violento de la región: OEA”, El Financiero, 3 de julio de 2018. 

[2] Banco Mundial, “Violencia urbana: un problema con proporciones de epidemia”, 6 de septiembre de 2016.

[3] Boletín, “Libertad de expresión afectada durante campañas: 81 agresiones contra la prensa y acoso de autoridades electorales”, 28 de junio de 2018. 

[4] Redacción, “132 políticos asesinados durante el proceso electoral: Etellekt”, Excélsior, 29 de junio de 2018. 

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ezequiel Flores, “En Guerrero operan 20 grupos de autodefensa y 18 bandas criminales: informe oficial”, Proceso, 27 de junio de 2018.

[8] Bernardo Barranco, “Escenarios de violencia electoral”, Milenio, 24 de junio de 2017.

Close
Comentarios