Reflexiones para abonar al debate sobre sociedad civil

En México, las leyes que regulan a las organizaciones sociales son cada vez más restrictivas justamente porque detrás de la creciente fiscalización y regulación hay escepticismo sobre la importancia de fomentar estos espacios.

Por: Laura García Coudurier (@lauragarciac)

#FiscalíaQueSirva es una propuesta de más de 300 organizaciones que ha traído a debate el papel de la sociedad civil. En días recientes se ha cuestionado el financiamiento y la falta de autonomía de las organizaciones frente a las agendas de sus donantes. Se ha señalado la desigualdad con la que las mismas organizaciones toman el micrófono supuestamente en nombre de toda la sociedad civil. Y se ha dicho que las iniciativas ciudadanas deben tener mayor representatividad para poder ser un contrapeso legítimo frente a un nuevo gobierno que arrasó en las urnas.

Los críticos que señalaron la desigualdad entre las organizaciones de la sociedad civil se quedaron cortos por no analizar que esta desigualdad responde a un problema estructural. Además, cuando las críticas no señalaron casos concretos, se tuvo el mal tino de referirse a toda la sociedad civil o a una parte de ella pero haciendo divisiones tan ambiguas que sólo abonaron a un clima de confusión. Por ejemplo, se hicieron distinciones entre una “socialité civil fifí” y la sociedad civil no fifí, o las “organizaciones expertas” de un lado y del otro todas las demás organizaciones (¿les llamamos “las inexpertas”, entonces?). Estas generalizaciones y críticas imprecisas ignoraron el contexto de vulnerabilidad en el que hoy se encuentra la sociedad civil en México. Fue así que el debate generó una accidental pero peligrosa coincidencia con la narrativa de quienes buscan cerrar los espacios para la sociedad civil.

En México, las leyes que regulan a las organizaciones sociales son cada vez más restrictivas justamente porque detrás de la creciente fiscalización y regulación hay escepticismo sobre la importancia de fomentar estos espacios. La protesta social está cada vez más criminalizada por leyes como la Ley de Seguridad Interior y otras iniciativas recientes de los estados de Puebla, San Luis Potosí, Chiapas y Quintana Roo. Vivimos en uno de los países más peligrosos para las y los defensores de los derechos humanos.

En esta administración, las autoridades federales se han dado licencia de fiscalizar a las organizaciones que les resultan incómodas, aprovechando precisamente la enorme dificultad para cumplir con las leyes del sector, como por ejemplo la limitación de utilizar sólo el 5% para gastos administrativos. Es cada vez más difícil que una organización civil abra una cuenta bancaria porque existe una sospecha no fundamentada en la Ley Federal para combatir el lavado de dinero que considera a las organizaciones de la sociedad civil “vulnerables” al terrorismo y lavado de dinero.

Y la cereza en el pastel: no hay dinero para los movimientos sociales de base. No hay dinero porque, para empezar, la ley impide que lo haya: las fundaciones por ley no pueden otorgar financiamiento a organizaciones que no sean donatarias autorizadas, es decir, a casi la totalidad de las organizaciones comunitarias y de base que hay en el país. Tampoco hay dinero porque el financiamiento de la cooperación internacional para América Latina lleva años disminuyendo y tenemos hoy una cultura de filantropía nacional tan poco desarrollada y enfocada en el asistencialismo, que hace imposible que muchas organizaciones civiles no asistenciales puedan sostenerse sólo con recursos proveniente de ésta. Todas estas condiciones hacen que sobrevivan únicamente las organizaciones más fuertes, casi siempre ubicadas en las ciudades grandes, mientras las otras son expulsadas del sistema, obligadas a trabajar sin financiamiento ni estatus legal. Puesto en números, por cada 100,000 habitantes, México tiene apenas 27 organizaciones de la sociedad civil, mientras que Chile tiene 650, Argentina 270, Brasil 170 y Estados Unidos 670.

Trabajo desde hace más de ocho años en Fondo Semillas, una organización que financia a organizaciones comunitarias que luchan por la igualdad de género en México. En estos años, me he topado con no más de cuatro fundaciones nacionales que hacen lo mismo, es decir, dar financiamiento directo a organizaciones comunitarias. Estamos en un país donde la gran mayoría de las fundaciones, incluso varias que dicen trabajar por el desarrollo comunitario, implementan sus propios programas, si acaso de la mano de grupos comunitarios, pero sin aportar un solo peso para los gastos operativos de estos últimos.

En el financiamiento a las organizaciones importa menos de dónde viene el dinero que la forma en la que se otorga. Para mirar la autonomía de las organizaciones frente a sus donantes, la gran diferencia es que los recursos se otorguen con libertad para que éstas elijan sus estrategias y prioridades temáticas, en contraposición con los financiamientos condicionados a las demandas del donante. Por eso, en lugar de hacer descalificaciones simplemente porque el dinero viene del sector privado, o de un donante como George Soros, habría que pensar en que el financiamiento flexible, sin condicionamientos, es clave para la autonomía. También impacta si una organización obtiene recursos de una sola fuente, por lo que es importante que diversifique el origen de su financiamiento.

Una buena práctica para fortalecer la transparencia de la sociedad civil es hacer convocatorias abiertas y públicas para apoyar a organizaciones. Una práctica adicional que tenemos en Fondo Semillas y que abona a la autonomía de los movimientos es un proceso participativo para seleccionar a los grupos que apoyamos. Esto quiere decir que los donantes se hacen a un lado para permitir que los movimientos sociales y sus organizaciones sean los que decidan quiénes reciben el financiamiento y para qué áreas temáticas. Desgraciadamente, el financiamiento participativo es poco común en las financiadoras y no conozco en México otra que haga lo mismo.

Desde mi experiencia veo que todos estos son los factores que más reproducen la desigualdad, y la falta de transparencia y autonomía en la sociedad civil. Sin duda hay iniciativas ciudadanas que se llegan a construir sin capital social y donde algunas organizaciones imponen sus intereses a las demás. Sin embargo, hay que considerar el otro lado, pues también hay iniciativas que están construidas con una articulación democrática y aprovechando justamente la diversidad de la misma sociedad civil para fortalecerse: organizaciones de base hacen alianza con otras de alcance más estatal o nacional, académicos en think tanks y profesionistas especializados en la materia contribuyen en aspectos técnicos, líderes de opinión difunden la agenda y otros sectores de mayor poder e influencia, como el empresarial, el eclesiástico y los organismos internacionales, se unen para presionar al Estado para incorporarla.

Por la naturaleza diversa y dinámica de la sociedad civil es más acertado hablar de ella como un espacio de ciudadanía organizada para incidir en la vida pública y no como la agrupación (tan amplia como se quiera ver) de organizaciones.

Se requiere más que voluntarismo político para hacer que los movimientos sociales se fortalezcan y el Estado escuche sus demandas. Llevo años esperando el día en que muchos de los movimientos sociales que financiamos lleguen ahí: las trabajadoras de la maquila que buscan sindicalizarse, las trabajadoras del hogar que exigen que el Estado ratifique el Convenio 189 de la OIT, las organizaciones de mujeres indígenas que luchan por el derecho a la propiedad de la tierra de las mujeres, la población afromexicana que busca su inclusión en las políticas públicas, las parteras que luchan para que el sistema de salud reconozca su trabajo, las organizaciones feministas que buscan la despenalización del aborto y muchas otros pendientes más de nuestra democracia.

Por eso, cuando veo una iniciativa como #FiscalíaQueSirva, me sorprende que en este contexto tan adverso se haya logrado construir el capital social, el respaldo de cientos de organizaciones y la presión política para sentar a nuestro futuro presidente a discutirla. Lo demás se sigue peleando a la distancia, en el silencio, el peligro y la marginación que el sistema le impone a los movimientos sociales.

 

* Laura García Coudurier es directora ejecutiva de Fondo Semillas (@FondoSemillas).

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