Reservas de agua y los derechos indígenas

La creación de reservas de agua en 295 cuencas del país no implica una privatización del agua, pero sí podría desconocer derechos de quienes viven de esas cuencas y cuyo régimen de agua fue modificado. Eso ya ocurrió con la cuenca del río San Pedro Mezquital.

Por: Astrid Puentes Riaño y Camilo Thompson

Desde que Enrique Peña Nieto, Presidente de México, publicó diez decretos el 6 de junio pasado, creando reservas de agua en 295 cuencas de toda la República, se desencadenó una fuerte discusión en plena campaña presidencial. Siendo aún candidato, Andrés Manuel López Obrador, ganador de las elecciones, anunció que revocará los decretos.

El debate llegó ya a las cortes, pues organizaciones campesinas y de la sociedad civil presentaron 35 amparos colectivos contra los decretos en 14 estados del país, argumentando que las normas violan derechos humanos al dar prioridad a quien primero solicite la concesión de agua y no a las comunidades, que tienen uso preferente de acuerdo con la Constitución.

Si bien los decretos no privatizan el agua de manera automática, sí podrían desconocer derechos de personas y comunidades que viven en las cuencas y cuyo régimen de agua cambió. Esto ya ocurrió en la cuenca del río San Pedro Mezquital, por lo cual preocupa que México repita, a gran escala, el mismo error. Esa experiencia podría ser más bien una lección para proteger mejor las cuencas y los derechos de la población indígena, que corresponde al 10 por ciento del total nacional.

El río San Pedro Mezquital atraviesa los estados de Durango, Zacatecas y Nayarit. En torno a sus casi tres millones de hectáreas, viven unas 800 mil personas, incluyendo personas de los pueblos indígenas Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero. Las culturas milenarias de estos pueblos están directamente vinculadas al río, alrededor del cual hay docenas de sitios sagrados donde los pueblos celebran sus ceremonias.

Este río y sus afluentes llevan nutrientes a Marismas Nacionales, sitio que alberga el 20 por ciento de los manglares del país y que, junto con otros humedales costeros, conforma una de las zonas más productivas. La cuenca y en especial la parte baja de Marismas Nacionales, dan sustento a comunidades pesqueras con ingresos que superan los 13 millones de dólares al año. La zona es también hábitat de 625 especies de animales, entre ellas el jaguar, la nutria, el cocodrilo de río y más de 20 mil aves.

El San Pedro Mezquital es el único río libre de represas en la Sierra Madre Occidental, condición que mantuvo desde 1948 por una veda que prohibía el aprovechamiento de sus aguas para generación de energía y otros usos. El 15 de septiembre de 2014, también por decreto, México levantó la veda y declaró una zona de reserva parcial en la cuenca para generar electricidad. Este uso fue declarado de “interés público”, es decir con prevalencia sobre otros.

La medida no fue consultada debidamente con los pueblos indígenas de la zona y dio vía libre para que tres días después, el 18 de septiembre de 2014, el gobierno autorizara la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces. La concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales para la represa fue concedida siete meses antes, el 23 de enero. Es decir, la concesión de aguas se otorgó a pesar de la existencia de la veda y de la falta de consulta a las comunidades.

En el proceso de autorización se violaron los derechos de los pueblos indígenas, garantizados en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por México. En el propio texto del permiso ambiental, el gobierno reconoce que se requiere cumplir con el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas y que esto no se realizó al momento de la autorización, lo que implica que la represa fue avalada sin respetar dicha obligación.

Además, antes de ser autorizada, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) había concluido que la represa Las Cruces “constituye una amenaza para las marismas porque pone en riesgo la estabilidad de las cuencas que corren hacia el Pacífico”. Por tanto, el proyecto podría ocasionar daños irreversibles a los manglares de Marismas Nacionales.

Actualmente, la construcción de la represa está suspendida porque la Comisión Federal de Electricidad, que la promueve, dejó de considerarla prioridad. Sobre el proyecto hay además suspensiones judiciales hasta que se dicte sentencia en dos demandas de amparo presentadas por comunidades indígenas que denunciaron la violación de sus derechos a la consulta, el ambiente sano, la libre determinación, la autonomía, el territorio y a la identidad cultural.

En suma, cuatro años después de que México creó la reserva de agua en la cuenca del San Pedro Mezquital y autorizó una hidroeléctrica en ella, el conflicto socioambiental generado continúa.

Este caso evidencia los riesgos graves que implica levantar la veda de una cuenca hidrográfica —ahora 295— para establecer reservas de agua, sin garantizar la participación adecuada de las personas y comunidades que viven de esos recursos naturales y cuyos regímenes de agua son modificados.

Según el gobierno de Peña Nieto, las reservas de agua creadas recientemente “transformarán el manejo del agua en México, garantizando el recurso no solo para millones de personas, sino también para el ambiente”. Ese objetivo no es alcanzable si la medida resulta de un proceso que no fue suficientemente participativo y que ignora las opiniones y necesidades de quienes viven hace años en y de las cuencas. La consecuencia, ya visible, además de la violación de derechos, es el incremento de los conflictos socioambientales en el país y la pérdida de oportunidades importantes de diálogo y consenso hacia una mejor gobernanza y manejo integral del agua, una tarea urgente en el país.

El agua es un derecho humano reconocido en la Constitución mexicana y por Naciones Unidas. Las políticas públicas orientadas a garantizarlo no solo deben venir de procesos democráticos, sino también basarse en información técnica y en planes hídricos y energéticos efectivos. Si no, estarán destinadas al fracaso y ocasionarán un resultado contrario al que México pretende buscar: la protección del régimen natural del agua y de sumideros naturales de carbono, y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Es importante que el nuevo gobierno tome en cuenta lo aquí expuesto y las lecciones aprendidas del caso de la cuenca del río San Pedro Mezquital para el abordaje de un tema tan importante como el derecho al agua.

 

* Astrid Puentes Riaño es Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Camilo Thompson es abogado del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de esa organización.

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