¿Se puede reducir el financiamiento de los partidos?

Una vez que Morena ha planteado una estrategia de austeridad para la clase gobernante y que cuenta con los votos para sacar adelante la reforma habría que analizar las consecuencias de sus estrategias de reducción de financiamiento.

Por: Luis Carlos Ugalde (@LCUgalde)‏

Sí, por las siguientes razones. Primero, para recuperar la legitimidad de la clase política. López Obrador tiene razón cuando dice que la clase gobernante debe poner el ejemplo y ajustarse el cinturón igual que los gobernados. No es un asunto de pesos y centavos sino un símbolo que manda la señal de que los partidos viven acorde a la realidad de un país con escasez y recursos limitados.

Segundo beneficio, fortalecer a los partidos políticos. Si en los años noventa se requería dotarlos de más dinero para que hubiese más competencia, el exceso de dinero los ha burocratizado. Los partidos se convirtieron en administradores de “vacas gordas” después de décadas de haber sobrevivido con poco dinero pero con mucha convicción, sacrifico y trabajo voluntario. Con el dinero en abundancia empezó el ciclo destructor de la mística de la lucha opositora. Según Jorge Alcocer, “el dinero en exceso pudrió a los partidos”.[1]

Tercera razón para disminuir el financiamiento público de los partidos es presupuestario, aunque reitero, no es el asunto principal. Un recorte a los partidos nacionales de 50% significaría en 2019 un ahorro de 2,350 millones de pesos, aproximadamente (insignificante frente a la recaudación del IEPS a bebidas saborizadas, por ejemplo, que en 2017 fue de poco más de 23 mil millones de pesos).

Una vez que Morena ha hecho el planteamiento y que cuenta con los votos para sacar adelante la reforma —en los últimos años se han presentado decenas de iniciativas para el mismo fin que no pasan de ser buenos deseos o pretextos de los partidos para lavar su cara— ahora es necesario discutir algunos temas específicos.

  1. Morena propone modificar la fórmula para reducir a la mitad la bolsa de dinero de los partidos. Actualmente se obtiene al multiplicar el 65% de la Unidad de Medida y Actualización, UMA (antes salario mínimo) por el número de inscritos en el padrón electoral. Morena sugiere cambiar el 65 por 32.5%. ¿Por qué la reducción a la mitad en lugar de — digamos— una tercera o dos terceras partes? ¿Cuál es el argumento técnico o político para definir esa meta?
  2. Un ajuste adicional sería modificar la otra variable, eso es, el tamaño del padrón. El universo de votantes relevante es la lista nominal, compuesta por quienes efectivamente cuentan con credencial para votar. Si se usase esta última, se obtendrían ahorros adicionales de 56 millones de pesos en 2019.
  3. ¿El ajuste debe ser inmediato para 2019 o debería existir un periodo gradual de ajuste que nos lleve, por ejemplo, a alcanzar la meta en dos o tres años?
  4. Pedro Kumamoto promovió en 2017 la iniciativa #SinVotoNoHayDinero y logró que el fondeo de partidos se redujera en Jalisco. La idea es usar el número de votantes de la última elección en lugar del total de empadronados. Se argumenta que así se incentivaría que los partidos promuevan la participación electoral. En el esquema actual, el abstencionismo no castiga a nadie puesto que los partidos reciben sumas crecientes de dinero año con año al margen del número de votantes que ejercen el sufragio. Si se usase esta modalidad en 2019, el financiamiento a partidos nacionales sería de 2,966 millones de pesos (en comparación con los 4,700 millones estimados con la fórmula vigente).
  5. Es necesario evaluar los montos de tiempo aire gratuito que reciben los partidos para difundir propaganda mediante spots (su valor comercial representa decenas de miles de millones de pesos). Nada hay gratis bajo el sol y esos spots tienen un costo de oportunidad —con frecuencia los gobiernos tienen que desembolsar dinero para su propaganda institucional durante años electorales porque casi todos los tiempos de Estado se ponen al servicio de los partidos—. Reducir las asignaciones de tiempo aire ahorraría recursos públicos y dejaría de saturar a los televidentes de la oleada de promocionales que en ocasiones genera más antipatía que información útil para ejercer el voto.
  6. También es necesario reducir el financiamiento de los partidos en el ámbito estatal. Poco se comenta que los partidos reciben dinero por dos vías: el que les da el INE y el que reciben de los institutitos electorales locales (Oples). Con la reforma electoral de 2013, las entidades tuvieron que homologar sus leyes locales con la federal y ello significó un alza de 53% en el financiamiento a los partidos con registro estatal.[2] Si los partidos —sin justificación política u operativa, salvo un mandato de reforma— aumentaron su financiamiento estatal promedio en 53% entre 2014 y 2015, reducirlo en el mismo monto parece lo correcto.
  7. La iniciativa de Morena ya contempla dicha reducción mediante un transitorio que mandata a todas las entidades para adaptar su fórmula respecto a la federal en un plazo de 180 días. Cabe señalar que en 2018, los partidos políticos obtendrán financiamiento público a nivel estatal por 6,257 millones de pesos, que sumados al financiamiento nacional da una cifra de 13 mil millones de pesos.
  8. Si se suman los ahorros que podría haber al financiamiento nacional y estatal y se hiciera también una reingeniería para desburocratizar a los organismos electorales (institutos, fiscalías y tribunales), lo cual requeriría una nueva reforma electoral, el ahorro podría ser significativo. En 2015 el costo presupuestario de la democracia electoral mexicana (financiamiento de partidos nacionales y estatales y de autoridades electorales nacionales y estatales ascendió a 34,505 millones de pesos). ¿Cuánto de ese monto podríamos ahorrar con un nuevo modelo de organización y de financiamiento electoral?

***

La facilidad operativa para reducir el financiamiento público de los partidos políticos contrasta con su dificultad política: los partidos se han vuelto adictos al dinero público y —salvo Morena de reciente creación— han creado burocracias abundantes y cadenas de operadores que requieren fondos para existir. Algunos partidos que otrora eran mecanismos de lucha o de denuncia de la corrupción del gobierno, se han burocratizado y viven ahora del confort del presupuesto.

La apabullante mayoria de Morena y sus aliados crea una oportunidad inédita para reducir el dinero público que reciben los partidos. Habrá criticas de que se debilita a los partidos o que se les hará más dependientes de donantes privados o de apoyos desde el gobierno. Sin embargo, el exceso de dinero público ha sido irrelevante o ineficaz para evitar que el dinero privado o ilegal penetre las campañas políticas.

El costo presupuestario más dañino no es el que otorga el INE a los partidos, sino el que corre debajo de la mesa: desvío de recursos públicos para apoyar campañas políticas. Ese es el verdadero costo económico que drena de recursos a los gobiernos en aras de ganar elecciones. Según un estudio de Integralia y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (Dinero bajo la Mesa, 2018), los topes de campaña de gobernador se rebasan —en promedio— diez veces y el dinero proviene de gobiernos y también de empresarios y hasta del crimen organizado. Atacar este cáncer de la democracia mexicana —el más peligroso de todos— no se resuelverá con castigos ni con cambios en la ley sino con un replanteamiento global de la vigilancia del gasto público y con una reducción en los requerimientos financieros para ganar elecciones. Pero ese es tema de otra discusión.

 

* Luis Carlos Ugalde es director general de Integralia Consultores. Fue presidente del Instituto Federal Electoral en 2003-2007.

 

Referencias: 

[1] Luis Carlos Ugalde, “Democracia a precio alzado”, en Nexos, agosto de 2015.

[2] Ver Integralia, Central Política suplemento publicado en El Financiero, 31 de marzo de 2016.

 

Close
Comentarios