AMLO y el millón de hectáreas frutales, ¿es viable?

El proyecto planteado por López Obrador debe de ser implementado de una manera estructurada, enmarcado en una lógica de restauración del paisaje forestal y así producir los máximos beneficios económicos, sociales y ambientales.

Por: Javier Warman (@javierwarman)

 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este fin de semana su programa para sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, uno de los 25 proyectos estratégicos que impulsará en su administración. Se trata de un proyecto agroforestal de cultivos mixtos, que tiene potencial para ser una buena solución para el campo mexicano, pero de implementarse de manera incorrecta podría empeorar la ya mermada condición de los bosques y selvas del país.

Este proyecto puede ser una de las políticas más pertinentes para nuestro país al buscar la restauración del paisaje con fines productivos y de aprovechamiento de nuestros recursos naturales, al mismo tiempo que permite la protección del ecosistema y sus servicios ambientales. Podemos recuperar la funcionalidad ecológica y el bienestar humano. Sin embargo, este tipo de proyectos requieren mucho conocimiento tanto de carácter ambiental, como económico y social para su éxito. Son indispensables procesos de articulación tanto interinstitucional, entre niveles de gobierno como entre gobierno-sociedad.

Un proyecto como el planteado por AMLO debe de ser implementado de una manera estructurada, enmarcado en una lógica de restauración del paisaje forestal y así producir los máximos beneficios económicos, sociales y ambientales. Puede diversificar economías, aprovechar de una manera integral los recursos naturales, generando productos agropecuarios y forestales comercializables; socialmente, puede crear empleos, ayudar a combatir la pobreza local e incrementar la seguridad alimentaria; y ambientalmente, mejorar y mantener la calidad del suelo, el agua, la recuperación de carbono y conservar la biodiversidad. Esta iniciativa ayudará también al cumplimiento de los compromisos internacionales como ENAREDD, y la iniciativa 20×20, a la cual México se comprometió para restaurar 8.5 millones de hectáreas.

Para obtener estos beneficios, la planeación e implementación del proyecto debe hacerse de una manera integral, pensando en todos los actores involucrados; enclavándolo como un eje fundamental de la política territorial del país, estableciendo una Política Nacional de Restauración. Esta política debe considerar los siguientes factores para su éxito: 1) Lo más importante es asegurarnos que las tierras que se intervengan sean tierras que hayan sido degradadas, es decir que ya hayan sido utilizadas para actividades agropecuarias; 2) debe retomar la gran cantidad de experiencias y buenas prácticas en producción agroforestal que se han desarrollado en el país con el apoyo de muchas organizaciones ambientales y de productores. 3) La implementación del proyecto debe hacerse de la mano de las comunidades, transmitiéndoles el conocimiento de qué hacer y porqué hacerlo, no sólo bajo unas directrices del gobierno federal. 4) se deben establecer objetivos claros a corto (3 años), mediano (8 años) y largo (20 años) plazo y un sistema de monitoreo de la mano de la comunidad.

El proyecto agroforestal de AMLO suena bien, tenemos que volverlo realidad de la manera adecuada. La restauración del paisaje se convierte en el eje central para los planes de manejo ambiental, y una estrategia para contrarrestar la pobreza. Este anuncio es una oportunidad para poner sobre la mesa, la necesidad de asegurar una Política Nacional de Restauración exitosa, con claros objetivos sociales, económicos y ambientales y por tanto, fuertes procesos de coordinación entre la Secretaría de Bienestar, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Esperamos que además de María Luisa Albores González, estén fuertemente involucrados Josefa González-Blanco Ortiz Mena y Víctor Villalobos Arámbula, y vinculen a la sociedad civil especializada. Sin lo anterior, este proyecto más que una oportunidad sería un gran riesgo ambiental al promover una mayor deforestación de los pocos bosques primarios que nos quedan.

 

* Javier Warman es director de Bosques y Uso de Suelo, WRI México.

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