Las víctimas frente al modelo de Justicia Transicional

El anuncio de crear comisiones de la verdad para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos sucedidos en el país, la implementación de un plan nacional de reparaciones o el impulso de un esquema de justicia transicional merecen profundas reflexiones, pero en especial el cumplimiento de algunas premisas básicas de actuación que consideramos necesarias para dar un viraje de timón y avanzar hacia un verdadero proceso de pacificación como el anunciado.

Por: Juan Carlos Gutiérrez Contreras

México se ha vuelto una inmensa fábrica de víctimas, y al momento no parece haber disposición de las autoridades de hacerse cargo de esta población agraviada que demanda lo razonable: justicia, asistencia, protección, verdad y reparación del daño. Un Estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las personas se convierte en cómplice de los victimarios, por lo que éste tiene la elevada responsabilidad de crear un sistema que permita a las víctimas o a sus familiares encontrar un acceso oportuno a mecanismos que contribuyan a eliminar la injusticia y permitan la reparación integral de sus daños.

La reciente irrupción de nuevos discursos en el país a partir del cambio de gobierno, generan múltiples expectativas. El anuncio de crear comisiones de la verdad para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos sucedidos en el país, la implementación de un plan nacional de reparaciones o el impulso de un esquema de justicia transicional merecen profundas reflexiones, pero en especial el cumplimiento de algunas premisas básicas de actuación que consideramos necesarias para dar un viraje de timón y avanzar hacia un verdadero proceso de pacificación como el anunciado.

Garantizar los derechos de las víctimas es fundamental para un país que busca la paz, rechaza la corrupción y pide justicia. Hemos presenciado como, a partir de la expedición de la Ley General para las Víctimas, se han dado algunos avances, pero también múltiples obstáculos para el efectivo goce de estos derechos, por esta razón consideramos que es necesario continuar difundiendo la Ley y empoderando a todas las víctimas para que se apropien de este marco jurídico y exijan su cumplimiento. La Ley General de Víctimas, debe ser el marco central de actuación de la política de Justicia Transicional propuesta por el Gobierno electo.

En esta reflexión debemos recordar que México ha construido su sistema de justicia sobre la base del trato desequilibrado hacía las víctimas. La lógica de actuación es ramplona, cuando un juez emite una sentencia, alguien ha ganado y alguien ha perdido el juicio. La víctima, en aspectos esenciales, no gana nunca, pues el sistema penal mexicano, no está preparado para comprender los testimonios de dolor y sufrimiento por las violaciones sufridas, así como las vicisitudes por las que éstas pasan cuando se enfrentan a la búsqueda de la verdad y la justicia.

Por esta razón, hoy existe un gran reclamo social por construir una verdadera política pública de atención a las víctimas, independientemente del modelo que se quiera impulsar, y ésta debe pasar inexorablemente por la creación de una reinterpretación comprensiva del fenómeno social que el país padece, especialmente que, sin dejar de lado a las víctimas del delito, incorpore y reconozca a aquellas que han sufrido violaciones graves a los derechos humanos y contribuya, si no a resolver a corto plazo todas las demandas de quienes han sido lastimados y dañados en extremo, sí en sentar las bases para una reforma estructural al sistema de justicia, que evite que se repitan las condiciones que han permitido el deterioro social en el que nos encontramos.

Consideramos que el combate a la impunidad es la premisa básica de cualquier proceso de trasformación.

Si el Estado continúa fingiendo en el combate a la impunidad, premisa básica de cualquier modelo de justicia, corremos el riesgo de caer nuevamente en el abismo de las promesas incumplidas

Los mecanismos judiciales, las comisiones de la verdad o los criterios que se asuman desde la justicia transicional deben permitir, por una parte, la creación de modelos de acceso a la información reconociendo beneficios por la colaboración eficaz para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los perpetradores, y de otra, reivindicar que la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y el esclarecimiento de la verdad, debe pasar básicamente por la recuperación de la confianza en las autoridades, todo lo cual no será posible si se desconocen algunos criterios básicos de actuación.

Por lo anterior, y para evitar caer nuevamente en el abismo de las promesas incumplidas, todos debemos trabajar en una política renovada en la materia, y en particular los artífices del nuevo gobierno, deben tener en cuenta, por lo menos, los siguientes elementos:

  • Tomar como base las necesidades, las opiniones y el sentir de las víctimas como eje rector, esto es garantizar que sean escuchadas y se les reconozca como sujetos plenos de derechos. Una persona que ha sufrido un daño, no está mendigando atención del Estado, exige sus derechos como persona de manera individual o colectiva.
  • Garantizar la participación de las víctimas en el proceso de adopción e implementación de cualquier tipo de política pública o la legislación que las afecte o reconozca. La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos o delitos requiere necesariamente su participación, por diferentes medios y en diferentes momentos. No podemos aceptar bajo ninguna premisa que se aprueben protocolos, normas, reglamentos o políticas públicas para las víctimas, sin ellas. En este sentido, cualquier acción en la materia debe ser incluyente y responder a las necesidades de los diversos grupos de víctimas – víctimas del delito, de violaciones a derechos humanos, de abuso de poder en la lucha contra la delincuencia y las víctimas del crimen organizado-. Esto lo deben entender funcionarios de los diferentes niveles de gobierno.
  • Actuar siempre asegurando la dignidad de las víctimas y garantizar su respeto. Esta premisa básica es desconocida cotidianamente por funcionarios de las propias Comisiones de Atención a Víctimas, por Fiscales o miembros del Poder Judicial, bajo la premisa falsa que las víctimas están interesadas en el lucro exclusivamente.
  • Reconocer los obstáculos y dificultades a las que se enfrentan en el ejercicio de sus derechos y ofrecer solución a éstos, dentro y fuera del ámbito penal. Establecer que solo se es víctima a partir de las indagaciones de fiscales omisos y negligentes, es negar todo el proceso de comprensión del derecho victimal, en especial cuando éstos han sido en muchos casos los perpetradores. Por tanto debemos exigir que la protección de los derechos de las víctimas se reconozca con independencia de su participación en el proceso penal u otro procedimiento.
  • Incluir y regular la sanción a las autoridades que incumplan con su deber de proteger los derechos, sean negligentes o se conduzcan causando una victimización secundaria. En este sentido el reconocimiento de responsabilidad del Estado es fundamental, no se pueden reestablecer procesos de acceso a la justicia y garantizar el derecho a la verdad cuando se intentan negociar los derechos de las víctimas. Por ello creemos que la reconstrucción de la confianza depende, no solo de expresar buena voluntad o compromiso, en especial depende del esclarecimiento pleno y el reconocimiento de la verdad.
  • Garantizar la seguridad de las víctimas. En tal sentido hemos exigido que la protección del derecho a la vida y la integridad personal de las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos. Lo cual, además debe generar condiciones para que las víctimas se expresen sin miedo y reciban el reconocimiento que les corresponde.
  • Asegurar el enfoque diferencial y de género, mediante el tratamiento diferenciado, en especial de las víctimas mujeres, de los niños y las niñas, y de las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, y por tanto más afectadas por la discriminación estructural que existe en el País.

Retomar los anteriores elementos, implica reivindicar la vigencia de la Constitución y la obligación de las autoridades en el respeto a los derechos humanos como una condición impostergable para el fortalecimiento de una sociedad que se encuentra lacerada por los escándalos de corrupción y la complicidad institucional con las graves violaciones a los derechos de las personas.

Los procesos anunciados por el gobierno electo deben enfocarse en una dinámica viva de empoderamiento de las víctimas y de quienes hemos decidido avanzar junto a ellas. ¡Exigimos un lugar a la palabra!

 

* Juan Carlos Gutiérrez Contreras es director de IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A. C., asociación civil sin fines de lucro especializada en el uso del litigo estratégico, la documentación y el acompañamiento jurídico de víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

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