No fragmentemos la búsqueda de la verdad

La experiencia internacional demuestra que los procesos de búsqueda de verdad más exitosos son aquellos que estuvieron guiados por comisiones nacionales que miraron de manera holística la masividad de la violencia, en lugar de fragmentarla regionalmente y por tipos de violaciones.

Por: Guillermo Trejo

El anuncio del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador de buscar la paz mediante diversas medidas que incluyen un proceso de justicia transicional, representa una oportunidad histórica para ponerle fin a la larga noche de violencia en la que estamos atrapados desde que el gobierno federal inició la guerra contra el narcotráfico en 2006. Como parte de este paquete de justicia transicional, el nuevo gobierno ha hablado de búsquedas regionales de verdad enfocadas en esclarecer los más de 35,000 casos de desaparición.

En aras de contribuir al diálogo, comparto cinco razones por las que un modelo que fragmenta la verdad en múltiples búsquedas regionales enfocadas en un tipo de violación podría resultar ineficaz y argumento, más bien, a favor de una comisión nacional de la verdad enfocada en esclarecer un conjunto de graves violaciones de derechos humanos incluidas, entre otras, la desaparición y desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detención ilegal, desplazamiento forzado y feminicidio.

1. Fragmentar la búsqueda de la verdad obstaculiza la necesaria articulación nacional de los diferentes colectivos regionales de víctimas y compromete el objetivo de darle centralidad a las víctimas

La experiencia internacional demuestra que en los casos más exitosos de búsqueda de verdad los colectivos de víctimas y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan se han constituido en poderosos movimientos nacionales en pos de la verdad y la justicia. Los diálogos inter-regionales entre víctimas de una pluralidad de graves violaciones de derechos humanos permitió el surgimiento de importantes movimientos nacionales de derechos humanos en Guatemala, Perú y Chile. Las víctimas estuvieron al centro de estos procesos no por concesión gubernamental sino porque lograron articularse en actores nacionales con la fuerza para incidir en la constitución de las comisiones de la verdad, vigilar su funcionamiento e incidir en el uso de la verdad para la persecución judicial de los perpetradores.

2. Fragmentar la búsqueda de la verdad obstaculiza la identificación de patrones de graves violaciones de derechos humanos y la explicación de los métodos del horror y sus causas estructurales

Es muy difícil entender el fenómeno de la violencia criminal en México en los últimos doce años únicamente con un lente subnacional. Para entender la violencia en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz es necesario explicar las razones que llevaron al Cártel de Sinaloa a desplazarse del Pacífico al Golfo desde finales de los 90s. Para entender la violencia en Michoacán y Guerrero es igualmente necesario explicar por qué el Cartel del Golfo y los Zetas se desplazaron hacia el Pacífico mexicano. Aunque la política de descabezamiento de organizaciones criminales seguidas por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha llevado a la fragmentación de los cinco cárteles originales en más de 250 organizaciones criminales, hoy en el país existen por igual organizaciones criminales de alcance nacional con vínculos transnacionales, otras con presencia regional, y otras tantas con incidencia local y barrial. Cada una de estas organizaciones intenta conquistar diferentes mercados criminales a diferentes niveles territoriales y sus modus operandi están asociados con distintos patrones de graves violaciones de derechos humanos. Estas organizaciones criminales no podrían operar sin contar con la protección de agentes estatales. Hay evidencia de que estas redes de protección estuvieron encabezadas por agentes de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad en los 70s y 80s, por policías judiciales estatales en los 90s y a inicios del presente siglo, y por una mezcla de actores nacionales, estatales y municipales en años recientes. Para entender las diferentes configuraciones de estas redes de colusión entre agentes del Estado y grupos criminales y sus mutaciones en el tiempo, es fundamental adoptar un lente que simultáneamente mire lo nacional, lo regional y lo local.

3. Fragmentar la búsqueda de la verdad debilita el trabajo de las comisiones

México cuenta con dos experiencias de comisiones de la verdad regionales, una en Guerrero (enfocada en la Guerra Sucia) y la otra en Oaxaca (enfocada en las violaciones de derechos humanos durante el movimiento de la APPO). Son casos sui generis en el universo de la justicia transicional. A pesar del extraordinario compromiso de la mayoría de sus integrantes, estas comisiones nacieron, por diseño, muy debilitadas – con mandatos acotados, con presupuestos magros, con tiempos de operación limitados y con pocas capacidades para acceder a archivos gubernamentales y para recoger testimonios de perpetradores. Sin contar con el apoyo de movimientos de víctimas en otros estados, ni con el acompañamiento internacional de organismos internacionales como la ONU, su debilidad frente al Estado fue crónica. Y al no ser parte de un proceso más amplio de justicia transicional, estas comisiones se vieron frustradas cuando intentaron utilizar la verdad para impulsar el castigo penal a los perpetradores, la reparación integral del daño y las reformas institucionales para garantizar la no repetición.

4. Fragmentar la búsqueda de la verdad dificulta el uso de la verdad como insumo para detonar otros mecanismos de justicia transicional

La experiencia internacional demuestra que los procesos de verdad que han podido establecer una verdad histórica contundente, blindada y persuasiva han generado los insumos necesarios para llevar a juicio a perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. Habiendo adoptado un enfoque nacional, multi-temático y que utilizó criterios de etnicidad y de género como ejes transversales de análisis, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala – auspiciado por la ONU – generó la información que años después sería crucial para enjuiciar al General Ríos Montt por genocidio y a diversos miembros de las fuerzas armadas por violencia sexual. Un enfoque similar permitió al proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Guatemala (REMHI) – auspiciado por la iglesia Católica – identificar la existencia de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que eventualmente se convertirían en el principal motor de la violencia criminal en Guatemala. Esta información fue años después un insumo invaluable para que la CICIG empezara a desmantelar las redes criminales y de corrupción estatal que han tenido postrada a la sociedad guatemalteca por décadas.

5. Los casos más exitosos de búsqueda de la verdad los han presidido comisiones nacionales – no subnacionales – que han adoptado enfoques descentralizados y federalistas para su operación

La experiencia internacional demuestra que los procesos de búsqueda de verdad más exitosos – los que contribuyen a dignificar a las víctimas y a disminuir graves violaciones de derechos humanos y la violencia criminal – son aquellos que estuvieron guiados por comisiones de la verdad nacionales y robustas que miraron de manera holística la masividad de la violencia, en lugar de fragmentarla regionalmente y por tipos de violaciones. Como lo demuestra la experiencia peruana, no se trata de comisiones centralistas, sino descentralizadas y federalistas – comisiones que lograron conjugar lo local con lo regional y lo nacional para identificar patrones de graves violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas rebeldes y agentes estatales durante la guerra civil.

Tras la elección del 1 de julio, México está ante la posibilidad histórica de refundar al país a partir de la verdad, de dignificar a las víctimas y sus familiares y de sentar las bases para construir un proyecto de paz y desarrollo social que tenga como piso común el respeto irrestricto de los derechos humanos. Hagámoslo construyendo la infraestructura social e institucional para que las víctimas surjan como un poderoso sujeto social que con el acompañamiento de una robusta comisión nacional de la verdad y de organismos internacionales sea capaz de generar una verdad blindada, incontrovertible y persuasiva que nos permita salir de la larga noche de violencia en la que estamos atrapados.

 

* Guillermo Trejo es profesor de ciencia política de la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.

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