#AmnistíaparaEllas: políticas antidrogas dignas

El número de mujeres encarceladas por delitos relacionados con el narcotráfico se ha duplicado y es que el actual marco legal ignora las razones de involucramiento y los modos de participación de éstas, optando por recurrir al uso de la prisión preventiva y de penas desproporcionales.

Por: Corina Giacomello (@cgiacomello), Giovanna Salazar (@giovanna_sal) e Isabel Erreguerena (@isaerre)

 

Mundialmente, los delitos relacionados con drogas se encuentran entre las primeras causas de encarcelamiento de mujeres y México no es una excepción: los delitos de drogas representan la primera causa de ingreso a prisión de mujeres por delitos federales y la segunda por el fuero común; en el primer supuesto predomina el delito de transporte y, en el segundo, el de posesión. Tal como lo señala el informe de EQUIS: Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México, tan solo entre 2014 y 2016, las mujeres que han ingresado a prisión en el sistema penitenciario estatal por delitos contra la salud han incrementado un 103.3 por ciento.

Dicho incremento puede explicarse, entre otras cosas, por la política fuertemente punitiva de persecución de delitos contra la salud que existe en nuestro país. Pero ¿cómo impacta dicha política específicamente a las mujeres? ¿quiénes son estas mujeres y qué factores las llevan a involucrarse o ser criminalizadas en este tipo de actividades ilegales?

La penetración del narcotráfico y de la delincuencia organizada se presentan como opciones de empleo ilegal frente a un Estado a menudo incapaz de alcanzar a los estratos más excluidos de la sociedad. En los delitos de drogas, las mujeres ven una manera de percibir ingresos que les permiten cumplir con su rol de cuidadoras del hogar y cubrir las necesidades de sus dependientes económicos. La mayoría de ellas ingresan a este tipo de actividades por conducto de su pareja o de algún familiar y, una vez dentro, la configuración machista y jerarquizada de las organizaciones criminales las usa como sujetos desechables, básicamente “contenedores humanos” de drogas.

Desafortunadamente, el actual marco de las políticas de drogas no toma en cuenta las condiciones de involucramiento y los modos de participación de las mujeres en estos delitos, optando por recurrir al uso de la prisión preventiva y de penas desproporcionales -una respuesta de tipo “talla única” para todas y todos-.

Así, las mujeres son criminalizadas en cuanto usuarias, transportistas y vendedoras al menudeo bajo un marco punitivo que requiere cambios urgentes; pero, también, son discriminadas por ser mujeres que franquean espacios públicos todavía dominados por lógicas y poderes machistas.

Mujeres indígenas, usuarias, víctimas de tortura, trans, extranjeras, madres, embarazadas, pobres, sin estudios, jóvenes, víctimas de violencia. Mujeres que fueron niñas abusadas y para las cuales nunca hubo una respuesta del Estado excepto para aprehenderlas, torturarlas, juzgarlas penal y moralmente y encerrarlas en cárceles del olvido bajo esquemas mayoritariamente masculinos y sexistas de humillación y repetidas violencias.

Todas ellas, cada una con su historia, sufren una triple condena[1]: I) por ser mujeres; II) por estar privadas de la libertad; y III) por haber sido acusadas de delitos relacionados con las drogas. Una pena que trasciende al entorno familiar y comunitario y genera miles de niñas y niños afectados por el encarcelamiento desproporcionado de sus padres y madres, víctimas del estigma que sale del espacio de la prisión para instalarse en sus vidas y sus posibilidades de desarrollo. 

¿Qué respuestas tendrá el próximo gobierno para ellas?

Las palabras cuyo eco se repite desde hace meses son clave: pacificación y amnistía. Pero ¿cómo y para qué? No cabe duda de que es necesario construir una nueva aproximación a la justicia, a las políticas de drogas, al sistema penitenciario y a la reinserción social. El conjunto de medidas que se adopten sólo serán efectivas si éstas son integrales y desde su inicio incluyen los derechos de las niñas y de las mujeres y una plena incorporación de la perspectiva de género.

A continuación, enlistamos una serie de puntos mínimos a considerar:

– Una política criminal eficaz, que reemplace las tendencias de llenar las cárceles de sujetos menores del tráfico –generalmente detenidos en flagrancia o por denuncia anónima-;

– Traducir la retórica de “el problema de las drogas como un problema de salud” en acciones efectivas de prevención y tratamiento;

Descriminalización efectiva de la posesión para uso personal de todas las drogas, reformando la Ley General de Salud;

Regulación medicinal y recreativa de la marihuana, bajo el control estatal, pero con formas individuales y colectivas de cultivo y consumo;

Legalización de los cultivos de amapola para fines médicos;

Reducción de penas por delitos de drogas para todas las personas, con supuestos específicos para las mujeres;

Eliminación de las penas mínimas obligatorias por delitos de drogas;

– Que las y los jueces consideren el contexto de las diferentes mujeres y sus hijas e hijos en todas las fases del proceso y ejecución de la pena, tomando en cuenta la perspectiva de género y el interés superior de la niñez;

-Incorporar medidas alternativas a la prisión sin excepción, o, por lo menos, para mujeres únicas o principales cuidadoras de personas dependientes; esto fue incluido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer en sus observaciones al noveno informe de México (tales medidas fueron sugeridas por EQUIS Justicia para las Mujeres en el Informe Sombra presentado ante este organismo).

Programas de incorporación social que acompañen de manera efectiva y eficaz a las personas que reciben una medida alternativa, así como aquéllas que son liberadas después de cumplir una pena;

– La aplicación efectiva, inmediata y retroactiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad;

– Legislar y operativizar el derecho al voto, para garantizar los derechos civiles y políticos de las personas privadas de la libertad;

– Generar criterios firmes para una amnistía que alcance a las mujeres víctimas del Estado punitivo de manera expedita.

Reconocemos que los retos son mayúsculos, pero urge un cambio de paradigma. Ahora que se están discutiendo temas de pacificación y justicia transicional, es vital voltear a ver a las mujeres criminalizadas por la política de drogas y sumarlas a la discusión. Ninguna consulta, foro, iniciativa, diseño e implementación de políticas públicas podrá llamarse democrática e incluyente si su voz no es escuchada y tomada en cuenta. Contribuyamos al reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. Impulsemos #AmnistíaParaEllas.

 

* Las autoras son integrantes de la organización @EquisJusticia.

 

Referencia:

[1] Corina Giacomello, Género, drogas y prisión. Experiencias de mujeres privadas de la libertad en México, 2013, Ciudad de México: Tirant Lo Blanch,

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