Reinserción social para la paz

Para que las personas que cumplen su sentencia retomen sus vidas con normalidad es menester entender el derecho a la reinserción social como un proceso en el que las y los liberados accedan otros derechos como el trabajo, la educación, la salud y sobre todo la igualdad y la no discriminación.

Por: Paola Zavala y Alejandro Rosario

Ilustración sin título. Autor: David Flores/Usuario del Instituto de Reinserción Social.

Tras una condena de 5 años, Luis salió del Reclusorio Oriente a las 11:00 de la noche. Nadie fue por él. Estaba vestido de beige, no tenía ni un peso en la bolsa, ni un lugar a donde regresar, mucho menos expectativas de empleo. Durmió esa noche ahí, justo afuera del reclusorio. Cuando las personas han cumplido su sentencia y se abren las puertas de la prisión, no necesariamente se abren las puertas de la sociedad para recibirlas.

En  2017,  egresaron de los Centros Penitenciarios de la CDMX 7,023 personas.  Al salir de prisión,  el Instituto de Reinserción Social atendió a 3,753, es decir, al 53% de la población liberada.

El  92.8% de ellos son hombres  y el 7.2% son  mujeres. El 78%, tienen entre 18 y 45 años  y  el 62%  fueron procesados por el delito de robo agravado. Alrededor del 55%  tienen únicamente la secundaria terminada, el 12% el bachillerato concluido, y sólo el 3% cuenta con alguna carrera concluida.

En síntesis,  las personas que salen de las cárceles de la CDMX son en su mayoría hombres, en edad productiva, con secundaria terminada y escasos recursos económicos.

Las causas que llevan a las personas a cometer un delito pueden ser muy diversas. No obstante, hay factores que propician su comisión, como los contextos de inequidad, violencia familiar y social, discriminación y la falta de oportunidades. Al salir de prisión estos contextos no sólo continúan, sino que muchas ocasiones empeoran.

Para evitar que estos contextos sigan reproduciéndose, es fundamental entender el derecho a la reinserción social como un proceso que si bien empieza en cárcel debe continuar al salir en libertad, hasta que las personas liberadas tengan un piso común de oportunidades que les permita acceder a otros derechos como el trabajo, la educación, la salud y sobre todo la igualdad y la no discriminación.

Este concepto de reinserción social fue retomado en los artículos 11 y 45 de la  Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX) . Sin embargo, estos artículos fueron impugnados ante  la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica de la Federación y el Senado de la República bajo el argumento central de que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de ejecución penal.

Desde el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México,  presentamos un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando justamente que la progresividad del derecho a la reinserción social debe entenderse más allá de la ejecución de la pena y por lo tanto no es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en esta materia. La reinserción social entendida como un derecho llave para acceder a otros derechos debe ser una obligación transversal del Estado y no sólo de las autoridades penitenciarias.

El carácter social y no  punitivo de la perspectiva del derecho a la reinserción social de la CPCDMX, contribuye con la generación políticas públicas orientadas a formar redes de apoyo sociales, familiares, laborales, psicológicas, médicas y jurídicas que pongan en igualdad de condiciones a las personas liberadas mediante la disminución de las brechas de desigualdad y la eliminación de la discriminación que enfrentan al salir de cárcel. Al mismo tiempo, tales políticas buscan incidir en que las personas no cometan nuevamente conductas delictivas y ubica a la Ciudad de México como referente nacional en la materia.

La Corte deberá pronunciarse esta semana sobre los alcances del derecho a la reinserción social. Los ministros tienen en sus manos definir la progresividad de este derecho más allá de la ejecución penal. Su resolución será fundamental en un país que busca la reconciliación social. Avanzar en la prevención de los  delitos y en la reinserción social de las personas que han salido de cárcel es fundamental para conseguir la paz que tanto anhelamos.

 

* Paola Zavala Saeb, es directora general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México y Alejandro Rosario es analista de procesos sociales y políticos en el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México.

 

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