Energía en la Cuarta Transformación

Nadie en el gabinete energético de AMLO (CFE, Pemex o Secretaría de Energía) ha mostrado un claro interés en impulsar la transición energética como política central del sexenio. Únicamente se asoma la transición bajo un puesto menor de coordinación de energías renovables.

Por: Carlo Altamirano-Allende (@carloaltamiran0)

El momentum generado por la reforma energética y los recursos que se están moviendo son gigantescos. Prácticamente todos los países con infraestructura en energías renovables tienen presencia en México a través de sus empresas privadas. México y López Obrador viven una oportunidad única para evaluar y redefinir la reforma energética que garantice su éxito y beneficio para la sociedad mexicana presente y futura. La clave está en hacer del cambio climático una cuestión prioritaria y seguridad nacional, y diseñar políticas de soberanía energética y sistemas de innovación enfocados en la erradicación de la pobreza y construcción de resiliencia comunitaria, regional y nacional.

Cuando México aprobó la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en 2012, el mundo aplaudió y reconoció a la legislación como una de las más directas, progresistas y agresivas en el mundo para disminuir los efectos del cambio climático a través de límites legalmente vinculantes a la emisión de gases invernadero.

De acuerdo a su formulación original, la ley incluye un mandato para reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 30 % para 2020, y así llegar a un 50 % para el año 2050; estipula que 35 % de la producción de energía eléctrica nacional deberá de venir de recursos renovables y se establece la Ley de Transición Energética (LTE) en el 2015 como la hoja de ruta para lograrlo.

Bajo el paquete de reformas constitucionales al sector energético impulsado por el saliente Enrique Peña Nieto, además de la excitación generada por los Acuerdos de Paris de 2014 (en donde México se comprometió a reducir para 2030 sus emisiones producto de la exploración de gas y petróleo), la fabricación de corredores energéticos eólicos y solares idóneos por su articulación y vinculación con el sector industrial del país, además de los incentivos fiscales activados por la LTE, han hecho de México un oasis de inversión para prácticamente todas las principales compañías del mundo en el sector eólico y solar.

Acertadamente, la regulación mexicana define las acciones de mitigación a los efectos del cambio climático en términos, en gran medida, de una transición energética de magnitud histórica. Pero, muchos se preguntan si la reforma energética del sexenio que muere es el camino adecuado para avanzar en esta transición. Quizá es muy temprano para saberlo, pero la fuerza con la que se han implementado los cambios en la estructura económica, política y técnica alrededor de la soberanía energética nacional es muy grande y los costos para revertir este camino serían altísimos. Más allá de la revisión de los contratos adquiridos bajo la bandera de anticorrupción, López Obrador ha dejado una cosa muy clara: la supremacía del petróleo como arquitecto de la economía y dictador de políticas rectoras del país no es y no será cuestionada por la administración entrante.

El pasado 27 de julio, AMLO anunció cuatro proyectos estratégicos en materia de energía: a) incrementar con “urgencia” la exploración y extracción de petróleo; b) la reconfiguración de las seis refinerías existentes en el país; c) la construcción de una nueva refinería en Tabasco; y d) modernizar las hidroeléctricas para producir más energía eléctrica.

Nadie en su gabinete energético para CFE, Pemex o Secretaría de Energía ha mostrado un claro interés en impulsar la transición energética como política central del sexenio. Únicamente se asoma la transición bajo un puesto menor de coordinación de energías renovables asignado a Luis Abelardo González, quien tiene nula experiencia en políticas públicas en materia energética. Esta falta de liderazgo contrasta enormemente con el proyecto de nación presentado en campaña, el cual incluyó metas muy ambiciosas para este sector.

¿Dónde, entonces, queda el imperativo del cambio climático y una transición a energías limpias dentro de la lista de ejes prioritarios en la ya emblemática cuarta transformación? Sin lugar a dudas, la soberanía energética y la soberanía nacional que forjó México en siglo XX están inexorablemente ligadas en origen y destino. El petróleo definió la democracia mexicana moderna y su identidad como una economía emergente y líder en Latinoamérica. La noción de progreso fue entendida desde tiempos de Cárdenas, y como herencia del industrialismo europeo y norteamericano, como aquella ligada a la abundancia petrolera y al crecimiento económico ilimitado pero sujeto a la innovación y avances tecnológicos.

Aquellos tiempos ya son un pasado lejano que en nada se parece nuestro presente ni futuro cercano. El paradigma de desarrollo actual es y debe de tener como adjetivos inseparables el cambio climático y el desarrollo sostenible. Ambos conceptos van mucho más allá del ámbito ambiental y de la regulación de los recursos naturales. Por el contrario, estos son principios que deben de estar en la base de toda política nacional de innovación, desarrollo social, preservación cultural y crecimiento económico. Sólo así, podemos hablar de una transformación social como política pública.

En México, aun cuando prácticamente todo el territorio nacional está electrificado, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2017), alrededor del 38% de la población vive en una situación de pobreza energética. Este concepto puede tomar muchas formas, desde una falta de acceso a servicios modernos de energía, hasta la falta de un servicio continuo y confiable cuando la provisión de electricidad existe. La preocupación por la asequibilidad del acceso a recursos energéticos constituye también una categoría de pobreza energética, y este es un problema real en México.

Aun, el gobierno nacional y el INEGI carecen de una categoría inequívoca para medir la pobreza energética como fenómeno multidimensional. El reducir burdamente esta categoría en términos binarios – se enciende la luz o no al prender el interruptor – impide entender las correlaciones que existen entre el la disponibilidad de recursos energéticos y los servicios y capacidades que general a nivel individual, en el hogar, y en la comunidad.

Los conceptos de pobreza y pobreza energética no son lo mismo, mas existe una relación importante. Las metas de desarrollo sostenible adoptadas por la comunidad internacional bajo los auspicios de la ONU (SDGs, por sus siglas en inglés) definen 17 retos primordiales que sociedades deben de adoptar para lograr un desarrollo sustentable en las puertas de la incertidumbre que produce el futuro.

La número uno es la erradicación de la pobreza y la número 14 es el acceso a fuentes de energía limpia y asequible. Estas metas traen consigo objetivos específicos a lograr para cada nación y nivel de desarrollo, y evidentemente está ligada a compromisos adquiridos a nivel regional y global en torno a los efectos del cambio climático y las crisis por venir, como los acuerdos de Paris.

El simple hecho de definir políticas para la implementación de tecnología de energías limpias que aseguren una transición técnicamente eficaz no es garantía de éxito para cumplir con la meta principal de erradicación de la pobreza. La disponibilidad de servicios de energía modernos tiene el gran potencial y la clave para proveer servicios de infraestructura que fortalezcan las estrategias para el cumplimiento de las demás SDGs: acceso a agua limpia y potable, oportunidades económicas para un empleo digno, la generación de un ecosistema de innovación, la reducción de desigualdades sociales, una educación de calidad, acceso a servicios de salud de calidad, y más.

A un nivel macroeconómico, y pensando en el momento único que se vive, en donde la coyuntura actual genera condiciones iniciales para repensar si la transición energética definida en los términos actuales representa una transformación democrática hacia nuevos estándares de una vida sustentable, justa e incluyente para todas y todos los mexicanos. Se equivocan quienes piensan en la reforma energética en términos puramente energéticos o de electricidad. Diseñados adecuadamente, un sistema sociotécnico de servicio de energía incorpora políticas, normas y lineamientos que catapulten el valor social de cada electrón que recibe cada mexicana/o en su hogar. Diseñado de manera impropia y a escalas inadecuadas, puede generar problemas sociales y disrupciones anti-democráticas como las observadas en las zonas donde la transición energética esta aterrizada: los corredores de energía eólica y solares, principalmente en territorios indígenas en donde la falta de gobernabilidad, la normalización de la pobreza, y falta de participación han generado conflictos sociales que entre muchas otras cosas, han representado pérdidas económicas millonarias para el estado y la industria privada.

El reto para quien quiere pasar a la historia como un gran presidente no es nimio; el potencial eólico y solar en México lo han convertido en uno de los escenarios más atractivos para la inversión privada, la cual se abrió a pasos agigantados a partir de la reforma energética. Sin embargo, el desarrollo sustentable no se alcanza simplemente al invertir en tecnologías limpias. El nuevo gobierno deberá de incluir los aspectos sociales, económicos, tecnológicos, ambientales y culturales en desarrollo e implementación de políticas públicas que generen las capacidades necesarias para generar proyectos de energías limpias que sean incluyentes, participativos, democráticos, efectivos y eficientes. Sólo así, se puede hablar de un desarrollo verdaderamente sustentable.

 

* Carlo Altamirano Allende es egresado de la licenciatura y maestría en Física por la UNAM, y actualmente está terminando su doctorado en estudios sociales sobre ciencia y tecnología en Arizona State University.

 

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