La reincorporación de migrantes: reto para AMLO

Los migrantes en retorno continúan enfrentando límites en el acceso a servicios jurídicos y legales, atención psicológica, capacitación laboral, e incluso para reaprender el idioma español.

Por: Savitri Arvey (@SavitriArvey)

Durante los próximos meses, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador definirá las directrices de la política pública en el país. La reinserción social de los millones de migrantes mexicanos de retorno, será uno de sus principales retos en materia migratoria. Su equipo de trabajo tendrá que atender tanto a personas que vuelven después de pasar algunos días en Estados Unidos, como a migrantes que han vivido por décadas en ese país. Asimismo, tendrán que lidiar con sus diferentes mecanismos de retorno, desde la deportación hasta la decisión voluntaria, que puede tener varios fines ya que sea por reunirse con su familia, continuar con sus estudios, o por el miedo a la deportación. Éstas ya eran cuestiones importantes para las dos administraciones pasadas, quienes iniciaron programas como Repatriación Humana (2008) y Somos Mexicanos (2014). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y los recursos destinados, los migrantes en retorno continúan enfrentando límites en el acceso a servicios jurídicos y legales, atención psicológica, capacitación laboral, e incluso para re-aprender el idioma español.

Recientemente conocí a Rodrigo, un deportado, mientras estaba sentado en una banca en Nogales, Sonora, a pocos metros de la frontera entre México y Estados Unidos. 24 horas antes de nuestro encuentro, oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas[1] aparecieron en el restaurante italiano de Tucson, Arizona en donde Rodrigo trabajaba, y lo pusieron bajo custodia. Todo lo que le quedaba ahora era una bolsa de plástico transparente con una sudadera arrugada y papeles. A pesar de estar a menos de una hora en coche del lugar al que Rodrigo llamó hogar durante veinte años, ahora tendría que enfrentar los exorbitantes precios del coyote o la potencial sentencia de prisión por reingresar ilegalmente, para volver a casa. Con la mayoría de su familia viviendo en Estados Unidos, y sólo algunos primos lejanos en México, Rodrigo se debatía entre regresar a Oaxaca, su natal estado, o quedarse en Nogales.

Durante la administración de Barack Obama (2008-2016) el número de deportaciones fue alto, sin embargo, al final de este periodo, eran pocas las personas deportadas que compartían las características de Rodrigo: ausencia de antecedentes penales y décadas de vida en Estados Unidos. El equipo de Obama se enfocó principalmente en localizar a migrantes con antecedentes penales, con órdenes de deportación previa, o con poco tiempo de haber cruzado a Estados Unidos. No obstante, el presidente Donald Trump, con apenas algunos días de haber ocupado el cargo en enero de 2016, emitió la orden ejecutiva “Promoviendo la seguridad pública al interior de los Estados Unidos”; en ella se desvaneció la priorización por casos, convirtiendo a cualquier migrante irregular en candidato a la deportación. En términos prácticos, esto significa que un número cada vez mayor de migrantes mexicanos que construyeron sus vidas en Estados Unidos, ahora se encuentran en México, un país que apenas recuerdan.

Para entrar a México hay que pasar por el proceso de deportación. La patrulla fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se coordinan con el Instituto Nacional de Migración (INM) para hacer entrega oficial de las personas deportadas, a través de las rejas que separan a los dos países en los cruces de frontera designados. Los oficiales del INM deben confirmar la nacionalidad de las personas entregadas, pidiéndoles que canten el himno nacional mexicano, o interrogándolas con jerga local – estos mecanismos pretenden distinguir rápidamente si son mexicanos o migrantes centroamericanos. Los oficiales del INM cuentan con 12 horas para enviar de vuelta a Estados Unidos a los adultos que sean identificados como no-mexicanos, y con 24 horas en los casos de menores no acompañados.

La siguiente cuestión a considerar es el destino físico al que son enviados migrantes, ya que normalmente no son enviados a sus comunidades, y en muchos casos, ni siquiera a sus estados de origen. Si bien la mayoría de los migrantes mexicanos son provenientes de estados del sur o del centro del país, como Jalisco, Oaxaca, Zacatecas y Puebla, nueve de cada diez mexicanos aproximadamente, son deportados únicamente a once pueblos y ciudades que colindan con la frontera entre México y los Estados Unidos. Rodrigo, por ejemplo, fue deportado a 2,400 kilómetros de su ciudad de origen, en Oaxaca. En 2013, Estados Unidos reconoció que esta medida era problemática y comenzó a enviar a un 10 por ciento de los deportados, aproximadamente, mediante tres vuelos por semana a la ciudad de México, con el fin de acercarlos a sus estados de origen. No obstante, las autoridades de los Estados Unidos pararon esta medida, con el fin de dar prioridad a la repatriación de migrantes centroamericanos, según las declaraciones del Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray.

Por otro lado, el 90 por ciento de los migrantes mexicanos deportados que llegan a la frontera, son dejados en algún poblado mexicano entre las 5:00 y las 22:00 horas; mientras que las poblaciones más vulnerables –mujeres, personas de la tercera edad, menores no acompañados y personas con condiciones médicas–, deben ser retornadas antes de las 19:00 horas. Todavía hasta 2014, las autoridades estadounidenses deportaban a migrantes mexicanos las 24 horas del día, los siete días de la semana; abandonando a uno de cada cinco en ciudades que no conocían, en medio de la noche, exponiéndolos a un mayor riesgo de ser víctimas de robo, extorsión o secuestro.

Actualmente, tras haber ingresado y comprobado su nacionalidad, las personas deportadas obtienen una constancia de repatriación que sirve como una identificación temporal en los módulos de Repatriación Humana de los distintos puntos de cruces en la frontera; así como un sándwich, una llamada telefónica a los familiares en Estados Unidos o México, asistencia médica y transportación al albergue o comedor más cercano. Estos albergues y comedores –que otrora atendieran a migrantes mexicanos en busca de una mejor vida en los Estados Unidos–, hoy están llenos de mexicanos deportados (90 por ciento de la población), mientras que la mayoría de la población en tránsito es centroamericana. Para aquéllos buscando regresar a su estado de origen, el gobierno mexicano puede aportar la cantidad de hasta 1,500 pesos para un boleto de autobús.

Posteriormente, las personas deportadas deben asumir la tarea de reintegrarse a su país, lo que puede resultar un gran reto. En 2014 el gobierno mexicano creó la estrategia federal Somos Mexicanos, con la finalidad de facilitar el proceso de reincorporación social de deportados en los 32 estados del país. Las acciones del programa consisten en asesorías y acompañamientos para la obtención de documentos oficiales, la recuperación de pertenencias personales y la búsqueda de trabajo; así como la provisión de servicios de salud, programas de auto-empleo y opciones para continuar los estudios; además de otros recursos, de acuerdo con los presupuestos a nivel estatal y municipal.

Al igual que muchos migrantes en retorno, Rodrigo extravió su acta de nacimiento y su credencial de elector durante el tiempo en que vivió en Estados Unidos, lo que le impedirá abrir una cuenta de banco, obtener un empleo en el sector formal, o acceder a servicios de salud pública en un futuro, hasta que recupere dicha documentación. En noviembre de 2017, el gobierno mexicano hizo posible que el trámite de obtención del acta de nacimiento se realice en línea, lo que ha facilitado significativamente dicho proceso; sin embargo, los deportados enfrentaron un nuevo problema en meses recientes. Durante el periodo de campaña presidencial, que llegó a su fin con las elecciones del pasado mes de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió la emisión de credenciales de elector, por lo que miles de deportados se quedaron sin documentos y sin posibilidad de acceder a servicios por un largo periodo de tiempo.

Una vez que Rodrigo haya recuperado sus documentos, tendrá que obtener un empleo. Para ello, el gobierno mexicano ha creado un portal de empleos a través del programa Repatriados Trabajando, que permite buscar oportunidades laborales por ocupación y ubicación geográfica. De acuerdo con las estadísticas, en 2017 el programa consiguió empleo a 4,516 migrantes, menos del 3 por ciento del total de personas que volvieron en dicho año. La coordinadora del programa Somos Mexicanos, del INM en Jalisco, ha adoptado una estrategia creativa para apoyar a esta población en la búsqueda de trabajo y ha establecido convenios con empresas amigas. Estas empresas del sector privado reconocen el valor de las habilidades particulares que los migrantes han obtenido trabajando en Estados Unidos y les ofrecen la oportunidad de una entrevista laboral. Los albergues también actúan como interlocutores entre las personas migrantes y los contratistas del sector formal e informal.

Sin embargo, aunque los deportados logren encontrar un empleo, éste probablemente será en áreas de actividad poco calificada, lo que también se explica por la falta de redes sociales y profesionales consolidadas. El empleo poco remunerado paga apenas unos miles de pesos al mes, una fracción de lo que esta población ganaba en empleos de sueldo mínimo en los Estados Unidos. Los bajos sueldos de muchos de los empleos que contratan mano de obra no calificada, que muchas veces empujaron los migrantes a salir para norte en el primer lugar, no permiten a personas retornadas rentar un cuarto y construir una nueva vida. La salida disponible parecen ser los call centers y hoteles, que sí valoran las habilidades en el manejo del inglés entre la población deportada y generalmente ofrecen los empleos mejor remunerados. Por otro lado,  en algunos casos, las familias de los deportados envían remesas desde Estados Unidos para apoyarlos en su reincorporación.

Aún cuando logran conseguir empleo y vivienda, los migrantes retornados deben readaptarse a un país que ya no conocen, a una burocracia que no comprenden y a un idioma que, en algunos casos, no hablan fluidamente. Además, la separación familiar derivada de las deportaciones cobra un peso psicológico importante, lo que ha contribuido a un repunte en las cifras de indigencia y abuso de drogas. Estas cuestiones han cobrado tal seriedad, que se ha colocado un número mayor de psicólogos en los puntos de repatriación y en los albergues, sin embargo, estas medidas son insuficientes para atender la creciente demanda de atención psicológica a largo plazo.

Con la finalidad de apoyar en la atención a estas necesidades, algunos retornados han fundado organizaciones en la ciudad de México; tal es el caso de Otros Dreams en Acción, Deportados Unidos y New Comienzos. Éstas ofrecen consejería en el proceso de obtención de documentos, clases gratuitas de español, u otras áreas, como contabilidad. Más allá de estos servicios, dichas organizaciones crean comunidades de iguales, de personas que comparten un trasfondo cultural, y que se encuentran atravesando procesos burocráticos y emocionales similares.

Otros actores de la sociedad civil también han generado soluciones innovadoras. En los últimos meses la Red de Casas del Migrante Scalabrini fundó una escuela de oficios en su albergue para migrantes en Tijuana, con el objetivo de proveer habilidades valoradas en el mercado laboral a personas deportadas, además de ayudarles a practicar su español. También extenderá su albergue en Guadalajara, que fuera creado específicamente para reincorporar a migrantes retornados; ellos y ellas podrán permanecer en dicho albergue varios meses y recibir apoyo burocrático, laboral y psicológico. En colaboración con la Red de Casas del Migrante Scalabrini, Tran Dang, una abogada estadounidense, fundó el Centro de Rhizome para Migrantes, cuyo objetivo es brindar servicios legales a migrantes después de la deportación.

Las iniciativas de la sociedad civil ofrecen lecciones sobre cómo seguir construyendo estrategias de reincorporación sobre los programas ya existentes, que pueden ser aprovechadas, como fuente de lecciones aprendidas, en la agenda en la materia del Presidente Electo López Obrador. Estas medidas incluyen clases de español, capacitación técnica para el trabajo, así como asesoría legal y atención psicológica para los mexicanos que han pasado muchos años al norte de la frontera.

De regreso en Nogales. Rodrigo me mostró una fotografía de su hija de 16 años y de su hijo de 10, mientras me presumía que Marta era de los promedios más altos en su clase de matemáticas y que Luis se perfilaba como un gran jugador de basquetbol. “No sé cuándo les podré dar un abrazo nuevamente” –murmuró mientras observaba el muro fronterizo a 10 metros de donde estábamos–, “creo que por ahora me quedaré aquí, cerca de ellos.”

 

 

* Savitri Arvey es investigadora asociada de Fundación IDEA, especializada en migración, y estudiante de maestría en políticas públicas en la Universidad de California, San Diego. Recibió la beca de investigación de la Fundación Tinker para el verano 2018.  

 

 

** Traducción y apoyo por Alina Bitran

 

 

 

[1] U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)

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