Sobre la amnistía y su viabilidad en la transición

La justicia, dentro de una sociedad en transición hacia la democracia, es esencial para garantizar la convivencia de los habitantes que buscan superar las atrocidades cometidas en el pasado y, además, para reconstruir el tejido social resquebrajado por la violencia.

Por: Paula Cuellar Cuellar (@pauscuellar)

Uno de los problemas que generalmente enfrentan los procesos transicionales es la tensión que surge entre dos valores cuyo carácter es invaluable: la justicia y la paz. Esta tensión surge del enfrentamiento, por un lado, de los imperativos jurídicos internacionales que muestran una clara tendencia hacia la exigencia del castigo de los perpetradores y, por el otro, de las restricciones derivadas de las realidades políticas de cada país, así como de la necesidad de lograr negociaciones exitosas para finalizar el conflicto.[1]

Y es que si bien es cierto que, a largo plazo, una paz durable y verdadera se edifica en forma más sólida sobre la aplicación de la justicia a los crímenes ocurridos dentro de una guerra civil o de un régimen dictatorial cuyos efectos se pretenden superar, a corto plazo pueden existir tensiones entre las exigencias de la justicia y las dinámicas de la paz que exigen flexibilizar, aunque no anular, ciertos requerimientos de la justicia en aras de la obtención de la tan anhelada paz.[2] Esta situación cobra mayor relevancia cuando el proceso de transición no ha sido producto de una ruptura con el régimen anterior, sino, mas bien, de un pacto entre las fuerzas beligerantes, pues ambas advierten la necesidad de efectuar concesiones mutuas ante la carencia total del poder por parte de ninguna de ellas.[3]

Sin embargo, con el objetivo de estipular ciertos límites al sacrificio de ambos valores, la comunidad internacional ha establecido una serie de parámetros que los procesos transicionales no pueden evadir si se desea que las incipientes democracias resultantes de los mismos perduren en el tiempo. Entre ellos se encuentra el derecho de acceso a la justicia que poseen las víctimas y sus familiares.

Así la justicia, dentro de una sociedad en transición hacia la democracia, es esencial para garantizar la convivencia de los habitantes del país que procuran superar de forma consciente las atrocidades cometidas en el pasado reciente y, además, para reconstruir el tejido social resquebrajado por la violencia, ya que la misma constituye “el escenario para que el Estado acredite su moralidad y su utilidad”.[4] Y es que, tal como es descrito por Ariel Dorfman en su obra “La Muerte y la Doncella”, si los Estados fallan en su responsabilidad de revelar impartir justicia y otorgar retribución a las víctimas, algunas de estas últimas la tomarán en sus propias manos, convirtiéndose así en los nuevos perpetradores e impidiendo el cierre de un ciclo de violencia.

Ahora bien, el hecho de que la promoción de procesos penales (cuya finalidad sea la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, y de serias violaciones al derecho internacional humanitario) constituya un imperativo ético y jurídico dentro de las sociedades en transición, ello no significa que una política de verdad y justicia deba excluir necesariamente toda posibilidad de clemencia. En ese sentido, algunas medidas de indulto, conmutación de la pena o abandono de la acción penal pueden ser compatibles con las políticas de rendición de cuentas en un país en transición. Por ende, una amnistía que excluya expresamente de sus beneficios a aquellos perpetradores de crímenes de guerra, de genocidio y de crímenes de lesa humanidad puede ser considerada congruente con el derecho internacional.[5] Y es que, conforme con lo establecido por el derecho internacional humanitario, una vez cesadas las hostilidades, las “autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.[6] En otras palabras, a efecto de “procurar la tranquilidad pública después de hondas conmociones internas”,[7] es posible decretar una amnistía como un ocurso de gracia que extinga no únicamente la acción penal, sino también la potestad represiva estatal con relación a un hecho determinado, aun existiendo una condena firme respecto de algún sujeto.

Estas afirmaciones conllevan a concluir que la promulgación de leyes de amnistía dentro de un proceso transicional hacia la democracia sí es una medida compatible con el derecho internacional, particularmente con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el problema con este tipo de leyes surge cuando las mismas son dictadas sin condición alguna, es decir, cuando son decretadas sin que, por un lado, se haya identificado a los perpetradores de graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ni determinado su nivel de responsabilidad. Por otro lado, el problema se origina cuando las mismas son decretadas sin que se haya esclarecido la forma en que se llevaron a cabo esas transgresiones y, además, sin que se haya determinado el paradero de las personas desaparecidas. Finalmente, el problema se profundiza cuando esa medida de clemencia es otorgada sin que se haya reparado a las víctimas y a sus familiares.

En ese sentido, ahora que se está debatiendo el tema de una posible amnistía en México para lidiar con los crímenes cometidos durante la “guerra contra el narcotráfico” y, además, comprendiendo que en procesos de transición no es posible el juzgamiento de todos los perpetradores, se sugiere lo siguiente: a) La más alta justicia retributiva para quienes dieron las órdenes, para sus encubridores y, cuando corresponda, para sus financiadores. b) Una amnistía condicionada para quienes las transmitieron. c) Procesos de justicia restaurativa para victimarios compelidos a cumplirlas por el riesgo que corrían de no hacerlo en espacios comunitarios de dignificación dónde se diga, se escuche y resuene la verdad histórica como parte de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Estos espacios deben ser lugares donde los victimarios soliciten perdón y las víctimas decidan otorgarlo o no. Perdón al que pida perdón, brindando información para, por ejemplo, la localización de personas desaparecidas de manera forzada. Sanción al que merezca sanción, con trabajo comunitario o particular en beneficio de la población víctima de las atrocidades ocurridas.

 

* Paula Sofía Cuéllar Cuéllar es una abogada, graduada de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), con Maestría en Derechos Humanos y Educación  para la Paz por la Universidad de El Salvador, con Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y candidata al Doctorado en Historia y Derechos Humanos por la Universidad de Minnesota. Ha trabajado como docente en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA y en el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, letrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y Directora de la Unidad de Asistencia Técnica Internacional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

 

Referencias: 

[1] Véase Uprimny Yepes, Rodrigo y otros, ¿Justicia Transicional sin Transición? en “Reflexiones sobre Verdad, Justicia y Reparación en Colombia”, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá 2006, 9.

[2] Véase Huyse, Luc, Justice after Transition: On the Choices Successor Elites Make in Dealing with the Past en Kritz, Neil J., “Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes”, United States Institute of Peace, United States of America, 2004, 337-349. Véase también Orentlicher, Diane, Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime, en Kritz, Neil J., “Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes”, United States Institute of Peace, United States of America, 2004, 375-416.

[3] Heine, Jorge, All the Truth but only Some Justice? Dilemmas of Dealing with the Past in New Democracies, en Hughes, Edel, Schabas, William – Thakur – Ramesh, Atrocities and International Accountability, Beyond Transitional Justice, United Nations University Press, New York, 65-80, 68-69.

[4] García Ramírez, Sergio, “Poder Judicial y Ministerio Público”, Porrúa, México D.F. 1996, 22.

[5] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de 24 de Febrero de 2011, párrafo 183.

[6] Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales Destinados a Proteger a las Víctimas de la Guerra Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 1949, Artículo 6.

[7] Zúñiga Urbina, Francisco, “Amnistía ante la Jurisprudencia (Derechos Humanos como Límite al Ejercicio de la Soberanía”, Universidad de Chile y Universidad La República, Santiago 1996, 381.

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