La súper Secretaría de Seguridad Pública

El presidente electo acierta en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública porque desvincula las tareas de seguridad de las cuestiones políticas, pero podría cometer un costoso error si politiza las tareas de seguridad con la inteligencia civil.

Por: Luis F. Rosas Ramírez (@luis_rosas)

En el año 2000, el gobierno de Vicente Fox creó la Secretaría de la Seguridad Pública para quitar la labor de protección a la Secretaría de Gobernación. Para el año 2006, Genaro García Luna dirigió la política de seguridad federal, sumamente cuestionada por distintos representantes sociales. Para muestra, un botón: el Congreso de la Unión le aprobó más recursos, más personal y más poder, todo desde la institución policiaca más poderosa y privilegiada en la historia del país. Hasta ahora.

Este personaje polémico, rechazado por amplios sectores de la sociedad civil, cuestionado por presuntos nexos con el crimen organizado, denunciado por corrupción, duró en su encargo los 6 años de Calderón.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto, se reintegraron a la Secretaría de Gobernación las labores de seguridad pública; sin embargo, México es hoy más violento que hace 6 años. A lo largo de 2016 y 2017, los homicidios no solo superaron las cifras históricas de 2011, sino que se extendieron a todo el país.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la reactivación de la Secretaría de Seguridad Pública y, ante los resultados de este sexenio, puede ser una buena iniciativa, no obstante, pareciera que esta nueva súper secretaría irá incluso más allá de lo que fue la de García Luna.

No solo está el hecho de que la propuesta sea mover sendas áreas de Gobernación a Seguridad Pública, que desde siempre han pertenecido al área de gobernabilidad y no a la seguridad, sino que el impacto puede ser irreversible para el nuevo gobierno.

Empecemos con la nueva agencia de inteligencia nacional. Las labores de seguridad pública tienen como fin la prevención del delito, la creación de estrategias para detener delincuentes. Por otro lado, la inteligencia nacional tiene como labor generar las condiciones de gobernabilidad del país a partir de la identificación de grupos específicos (no siempre delincuentes), así como analizar las causas para evitar un problema mayor al de la seguridad pública.

Resulta imprescindible diferenciar entre la prevención del delito y la inteligencia en la  gobernabilidad de un país. Las policías federales no conocen las características de los riesgos nacionales y la forma en que deben ser atendidos.

De igual forma pasa con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El nombre, motivado por la política del presidente Peña Nieto, no ayuda. No significa que tenga ninguna actividad alguna directamente relacionada con la prevención del delito, sino en la articulación de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno. Es, en fin, un área de estrategia y gobernabilidad, tanto en el área de seguridad pública como de justicia penal.

Otro ejemplo está en la Protección Civil, la cual tiene su origen en proteger a las víctimas de los conflictos armados internacionales y no propiamente de la seguridad pública. Los sistemas de prevención de desastres naturales, el fondo de ayuda para éstos y las políticas de gobernabilidad no pueden pasar a manos de la Secretaría de Seguridad, cuyo mandato para la prevención del delito es el más alto de la historia reciente.

Como colofón está el proceso de pacificación que iniciará, desde Seguridad Pública. En la casa de la policía. Ahí darán inicio los diálogos con víctimas, colectivos, madres de desaparecidos, la amnistía: desde la casa donde se combate al crimen organizado.

Para la nueva administración es muy importante reconocer que no son lo mismo las labores de inteligencia policial que la inteligencia para la gobernabilidad. No es lo mismo un cuerpo armado que la creación de políticas públicas en y para la seguridad nacional, pues ambas tienen funciones independientes y complementarias, un peso y un contrapeso.

El presidente electo acierta en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública porque desvincula las tareas de seguridad de las cuestiones políticas, pero podría cometer un costoso error si politiza las tareas de seguridad con la inteligencia civil.

A Alfonso Durazo se le encomendarán el mando único policial, la Agencia de Inteligencia Civil, la seguridad pública federal, la coordinación con los tres órdenes de gobierno, la generación de cifras para la gobernabilidad, las tareas de seguridad nacional, la protección civil, el proceso de reconciliación, la amnistía, la paz, los diálogos con las víctimas. Una secretaría que haría salivar a Genaro García Luna.

 

* Luis F. Rosas Ramírez es abogado especialista en derechos humanos y derecho victimal, profesor en la Escuela Libre de Derecho, coautor de dos tomos de la Colección “Legislar sin Discriminación” editados por CONAPRED y asesor en la  Asamblea Constituyente de Ciudad de México.

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