Periodismo, transparencia y democracia

En caso de concretarse, la herramienta Transparencia en Publicidad Oficial serviría al nuevo gobierno para demostrar que cumple con su plan de austeridad, y demostraría a los medios de comunicación que el presupuesto en este rubro será ejercido con criterios claros de asignación.

Por: Joel Salas Suárez (@joelsas)

 

Las cifras del gasto federal en publicidad oficial para el 2017 ya son públicas. El presupuesto del rubro aumentó y se gastó más de lo aprobado: 11 mil 240 millones de pesos. Entre 2013 y 2017 el gobierno federal gastó prácticamente todo el presupuesto de la UNAM en el 2018. La variación entre el presupuesto aprobado por el legislativo y el gastado por el gobierno federal en publicidad oficial pasó de un aumento del 25% en 2014 a uno del 61% en el 2017. Hoy, la información pública disponible a nivel federal evidencia el aumento en el gasto, pero no sabemos qué explica esta tendencia. La opacidad genera suspicacia en la población y afecta la calidad de nuestra democracia. Por ejemplo, la concentración del gasto en pocos medios restringe la libertad de expresión, o bien, quita recursos que podrían financiar programas sociales destinados a reducir la desigualdad o garantizar la seguridad de los propios periodistas.

Para echar luz sobre la opacidad en el ejercicio de los recursos en publicidad oficial, desde el 2015, el INAI desarrolló una propuesta de solución a este problema. Junto con Fundar Centro de Análisis e Investigación elaboramos la herramienta Transparencia en Publicidad Oficial (TPO). En 2016 la pusimos a disposición de todas las instituciones gubernamentales mexicanas. TPO registra datos como campañas, pagos, material multimedia, tipo de servicio y proveedores. Los ciudadanos pueden descargarlos en formato de datos abiertos y consultarlos de forma interactiva, en contraste con los reportes actuales del gasto federal que son difíciles de interpretar, utilizar y, en ocasiones, de acceder a ellos. En pocas palabras, TPO permite abrir el debate sobre si el ejercicio de cada peso en este concepto está justificado.

En este contexto, TPO puede servir al nuevo gobierno federal para demostrar que cumple con su plan de austeridad, en particular con el punto 29 que propone reducir “50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno”. También puede aclarar si el recorte será sobre lo presupuestado o lo ejercido por el actual gobierno. Al hacerlo, la nueva administración tendrá un medio de verificación para mostrarle a la población que es capaz de cumplir con sus promesas.

TPO también permitiría demostrar a los medios de comunicación que el presupuesto en este rubro será ejercido por el nuevo gobierno con criterios claros de asignación, buscando la equidad entre ellos, con total transparencia y con respeto a la pluralidad y la disensión, como lo señaló hace unos días el próximo coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas.

El ejercicio de recursos públicos en publicidad oficial no es un tema menor. Diversas investigaciones académicas, periodísticas y de la sociedad civil han demostrado que los grandes montos de recursos públicos que se asignan al rubro, se utilizan para promover aspiraciones personales, limitar la libertad de prensa y descalificar a oponentes. Por esta razón, además de impulsar la adopción de TPO, es necesario que el nuevo Congreso evalué la Ley General de Comunicación Social aprobada por la legislatura pasada y evite algunas deficiencias como el establecimiento de criterios vagos de asignación del gasto, vacíos que permiten promover “logros” de gobierno, figuras públicas o partidos políticos y centralizar el control del rubro en la Secretaría de Gobernación. Como señaló el colectivo #MediosLibres en un comunicado el pasado 19 de julio: “La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información. También, el ejecutivo puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto.”

Por estas razones una herramienta como TPO es un poderoso instrumento para que la población y los medios vigilen que la publicidad oficial promueva una cultura de la legalidad, el pleno ejercicio de los derechos de la población o campañas formativas y de prevención, en materia de salud, educación o seguridad por mencionar algunas prioridades.

A la fecha veinte instituciones se han mostrado interesadas en adoptar TPO y existen ocho implementadores adicionales al INAI, dentro de los cuales destacan los gobiernos de Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo. La administración entrante puede generalizar los beneficios de implementar TPO en toda la Administración Pública Federal.

Al implementar Transparencia en Publicidad Oficial, el nuevo gobierno federal contará con una herramienta de transparencia eficaz para impulsar su plan de austeridad, un plan fundamental para que los ahorros de recursos en comunicación social, entre otros, puedan asignarse a programas que permitan reducir la desigualdad o promover la libertad de expresión y garantizar la seguridad de los propios periodistas. De esta manera, las autoridades tendrán la oportunidad de refrendar en su quehacer cotidiano la confianza que ganaron en las urnas.

 

* Joel Salas Suárez es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de políticas de acceso, gobierno abierto y transparencia.

 

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