Periodistas y defensores de ddhh violentados en México

El trabajo de periodistas y activistas ayudan a formar una sociedad más informada e injustificadamente y consecuencia de esto, enfrentan contextos de corrupción y violencia. El Estado mexicano tiene una deuda pendiente con la libertad de expresión.

Por: Armando Rodríguez Luna

Ejercer la libertad de expresión en México es una actividad de alto riesgo para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Revertir estas condiciones debe ser uno de los temas estratégicos para las autoridades de Gobernación, Seguridad Pública y Procuración de Justicia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Periodistas y personas defensoras de derechos humanos tienen que enfrentar condiciones de inseguridad pública, laboral y social para ejercer este derecho, en un contexto de violencia, impunidad y corrupción que se excacerba a nivel local.

Es importante señalar que, si bien las actividades y el perfil de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es muy diferente, comparten un mismo sentido y naturaleza: difundir y promover información, unos a favor de la cultura de los derechos humanos y otros a favor de la libertad de prensa; documentar e investigar, unos sobre casos de violaciones a derechos humanos y otros sobre casos de corrupción, violencia y uso indebido del poder, entre otros. En suma, visibilizan y analizan las acciones de gobierno y de política pública, así como de actores privados y criminales, para contribuir a formar una sociedad más informada.

En este sentido, tanto las personas periodistas como defensoras de derechos humanos son actores clave de la democracia.[1] Sin embargo, ambas poblaciones enfrentan en México contextos de corrupción y violencia, tanto política como criminal, que los hace sumamente vulnerables a un complejo entramado de relaciones de poder. Esto es más acuciante a nivel local, es decir en los estados y municipios del país.

Es por estas razones que enfrentan una serie importante de agresiones por parte de poderes políticos, sociales, empresariales y criminales que tienen asentados intereses en el plano local. Entre las agresiones más recurrentes se encuentran las amenazas (verbales, físicas y vía electrónica), intimidaciones, coerción, intervención en sus comunicaciones entre otras. Las agresiones más extremas a las que se han enfrentado son los homicidios y las desapariciones. Por ejemplo, en los últimos 17 años han asesinado a 130 periodistas, de las cuales 13 casos son de mujeres, en tanto que 20 periodistas se encuentran desaparecidos en los últimos 12 años, al mismo tiempo que se registraron 52 atentados a instalaciones de medios de información en el mismo periodo. Asimismo, entre 2006 y 2017 fueron asesinadas 34 personas defensoras de derechos humanos, el 40% corresponde a casos de mujeres y 4 se encuentran desaparecidos en el mismo periodo.[2]

Por su parte, el Estado Mexicano ha recibido diversas visitas y recomendaciones por parte organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se reconoce desde estos organismos que la situación de violencia que experimenta el país no es fácil, y que se han adoptado diferentes recomendaciones de implementación y fortalecimiento institucional para resguardar las garantías de estas poblaciones. Sin embargo, ambos organismos destacan que las medidas adoptadas resultan ineficaces en la práctica, ya que tanto las agresiones como la tasa de impunidad mantienen altos niveles de incidencia. Por ejemplo, de las 48 indagatorias sobre las cuales la FEADLE ha ejercido su facultad de atracción, solamente ha logrado 3 sentencias.[3]

Las autoridades que asuman las riendas del gobierno a partir del 1º de diciembre de 2018, tienen como horizonte tres grandes líneas de acción para enfrentar y revertir el estado actual de cosas. En primer lugar, la Prevención, en donde se requiere analizar e implementar acciones contras las causas profundas de esa violencia que impacta sobre las vidas personales y profesionales de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En este tema, una de las más relevantes desde la esfera del poder político, es la importancia de adoptar un discurso público que constante y sistemático que tenga como centro el respeto al derecho a la libertad de expresión, el derecho de defender los derechos humanos, el derecho de acceso a la información y el derecho a la libertad de prensa. Este discurso debe reivindicar la importancia de la labor que realizan periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como sancionar las agresiones que se cometen contra ellos.

La segunda es la Protección, la cual tiene que adaptarse a las condiciones individuales de cada persona en función de su género, sus actividades profesionales y sus condiciones políticas, económicas y sociales. Por otra parte, los mecanismos y programas de protección deben garantizar los recursos financieros y de personal para su implementación, así como la coordinación entre instituciones de prevención, protección y justicia.

Finalmente, la tercera es Justicia, en donde la autonomía e independencia de las investigaciones judiciales, particularmente a nivel local, es clave para garantizar el debido proceso, sobre todo cuando una de las líneas de investigación involucre a las fuerzas de seguridad pública o a las fuerzas armadas. Cabe señalar que, en fechas recientes, la PGR presentó el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, el cual tiene entre sus objetivos establecer estándares de investigación de este tipo de delitos, así como estándares de colaboración entre autoridades relacionadas con el tema.

Estas son apenas unas líneas que esbozan tres grandes áreas estratégicas para orientar el trabajo del nuevo gobierno hacia mejores condiciones de libertad de expresión en el país. Es necesario señalar que se requiere evaluar el trabajo realizado por administraciones presidenciales anteriores para retomar aquello que sea valioso, pero con base en evidencia. Asimismo, es muy importante considerar e incluir el trabajo de medición, análisis y visibilización realizado por organizaciones de la sociedad civil. El Estado mexicano tiene una deuda pendiente con la libertad de expresión y la sociedad en su conjunto la responsabilidad de revalorar esa función social.

 

* Armando Rodriguez es Director de programas y proyectos en Casede (casede.org). Ha sido consultor para UNODC, Freedom House y el Consejo Británico sobre libertad de expresión, prevención de las violencias y delincuencia organizada.

 

Referencias:

[1] Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza, La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2007, p. 17.

[2] Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 2017. Informe de actividades del 1 de enero a diciembre 2017Consultado el 28 de julio de 2018 aquí.

[3] Ibid.

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