Más allá de la violencia de género hacia las mujeres indígenas

Por mucho tiempo, las políticas públicas diseñadas para prevenir la violencia de género hacia las mujeres indígenas se han hecho bajo una visión estereotipada, hegemónica, occidental y excluyente. Aquí proponemos los primeros pasos para ofrecer políticas públicas interculturales.

Por: Fátima Gamboa (@_FatimaEk ) y Tania Hernández (@tan_hg )

La violencia de género es uno de los principales problemas públicos que enfrenta el país. En México, mujeres de todos los estratos socioeconómicos, edades y contextos viven a diario situaciones de violencia psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, política y feminicida. Estas violencias se ven agravadas tanto por la impunidad que prevalece en el gobierno como por el arraigado machismo, misoginia y racismo que existen en nuestra sociedad, lo cual mantiene y profundiza la desigualdad de género. Brindar respuestas a un problema de tal magnitud requiere mirar con detalle a quiénes afecta, en qué medida y de qué maneras. En el caso de las mujeres indígenas, esta mirada interseccional y situada no debe ser la excepción.

¿Quiénes son las mujeres indígenas?

 Un primer paso para diseñar políticas públicas pertinentes es definir claramente el problema que se busca resolver, identificar sus causas y efectos, y saber a quiénes afecta y en qué medida. Por ello, cuando se habla de estrategias para erradicar y atender la violencia contra las mujeres indígenas, es fundamental preguntarnos: ¿de qué mujeres indígenas estamos hablando? ¿de qué pueblo provienen? ¿en qué contextos y geografías?

En el caso de la violencia de género que viven las mujeres indígenas esto implica un reto, ya que las metodologías con las que se cuenta para saber cuántas son y cuáles son sus características tienen limitaciones. Si bien en la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) se incorporaron las variables lengua y auto adscripción étnica para contar a las mujeres indígenas, en un contexto histórico de discriminación sobre “lo indígena”, muchas personas e incluso pueblos no necesariamente se identifican como indígenas. La identidad en muchos casos se vive pero, ante la imposición de la máscara del mestizaje, no se reconoce y se opta por “cambiar lo propio para no ser discriminados”, “avergonzarse de lo indígena” o no saber qué se “es”.

Una posible manera de mitigar este sesgo podría ser mediante campañas de concientización sobre la importancia de reconocerse, nombrarse y hacerse visibles, lo que en el mediano plazo podría ayudar a reducir la connotación negativa asociada a la categoría “indígena”.

Otro reto en la forma de contar tiene que ver con los procesos de recolección de la información en campo. En muchas ocasiones quienes levantan las encuestas no necesariamente hablan el idioma indígena de la comunidad donde se pregunta, o no utilizan un lenguaje culturalmente apropiado. Por otro lado, la forma en que se pregunta sobre las situaciones de violencia puede ser un tema tabú en algunas comunidades y/o familias, y desencadenar situaciones de riesgo para las mujeres, por lo que se requiere generar estrategias en colaboración y coordinación con las propias mujeres indígenas de las comunidades de las que se trate, para obtener la información sin generar un riesgo para ellas. 

¿Por qué hablar de un enfoque integral de las violencias y los contextos?

Las violencias contra las mujeres indígenas tienen muchos rostros. Desde el movimiento de mujeres indígenas se ha expresado de manera constante que la violencia contra las mujeres no solo afecta derechos individuales. El Estado, las empresas, las políticas económicas y de desarrollo violan también derechos colectivos e individuales a causa del racismo y las dinámicas colonialistas que provocan desplazamiento, muerte, criminalización, enfermedades, pérdida del territorio y la identidad cultural. De esta manera, es necesario reconocer que hay diversas manifestaciones de violencia en la vida de las mujeres indígenas, que no sólo están motivadas por cuestiones de género[1].

Las políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias (así, en plural) deben considerar la complejidad de los diferentes contextos en los que éstas se presentan. ¿Qué sentido tendría desarrollar una política de prevención y atención a la violencia familiar en comunidades indígenas donde la disputa más urgente es por la vida y el territorio de las mujeres y los pueblos indígenas? ¿Cuál sería la utilidad de incrementar el conocimiento sobre los derechos de las mujeres indígenas y la cultura de denuncia frente a los casos de violencia, si debido al racismo las instituciones del Estado son omisas en su respuesta a las demandas de justicia y protección de las mujeres indígenas?

Diseñar políticas públicas integrales requiere que se analice, junto con las mujeres indígenas, cuáles son esas violencias que las lastiman, cómo operan, y cuáles son las mejores estrategias para erradicarlas. Uno de los aprendizajes más importantes del proyecto “Promotoras Maya de Justicia” -el cual implementamos desde EQUIS Justicia para las Mujeres en colaboración con dos organizaciones de la sociedad civil locales, desde 2016 en 5 municipios de Yucatán[2]– es que, para abonar a los derechos de las mujeres indígenas de manera armónica e intercultural, es preciso incluir en el diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento y evaluación a las propias mujeres indígenas que forman parte de los pueblos con los que se aspira a construir.

Tal como se señaló en la revisión más reciente de la Plataforma y Plan de Acción de Beijing de 1995 y las mujeres indígenas de las Américas: “Nada sobre nosotras sin nosotras”.

Primeros pasos para ofrecer políticas públicas interculturales

 Tal como lo hemos venido señalando, el diseño de políticas públicas dirigidas a comunidades y pueblos indígenas requiere, de manera urgente, que como Estado y sociedad rompamos con la idea monolítica, estática y “estereotipada” del indígena.

Asimismo, la participación plena de las mujeres indígenas debe ser una condición indispensable en el desarrollo de políticas que las involucren. Las políticas públicas dirigidas a ellas no deben verse como concesiones, ayudas o favores. Es necesario establecer nuevas relaciones con el Estado y la sociedad, en donde entre otras cosas sea reconocido el lugar legítimo de las mujeres y los pueblos en la construcción de sus propios planes de vida.

Si bien dentro de las comunidades, y a veces también al interior del movimiento indígena, existe la percepción de que hablar sobre los derechos de las mujeres indígenas es dividir el movimiento, dividir la lucha y separar a la comunidad, esto no es así. Como señala la doctora Mirna Cunningham, indígena Miskitu de Nicaragua, nosotras no queremos dividir la lucha, ni separar a las comunidades, tampoco hacer a un lado la cultura propia, al contrario, queremos que tanto hombres como mujeres caminemos juntas, iguales y por lo tanto más fuertes y unidos, “no queremos hacer un lado la cultura, sino enriquecerla eliminando aquellas prácticas que nos lastiman y nos dañan”.

Ahora bien, aún si logramos integrar la visión intercultural y la complejidad de definir y comprender lo que significa el ser indígena, sin el debido acceso a la justicia no habrá prevención a las violencias contra las mujeres indígenas.

A pesar de que actualmente existen esfuerzos institucionales que enuncian y realizan campañas sobre los derechos de las mujeres, es recurrente que las instituciones de procuración e impartición de justicia nieguen y obstaculicen de forma cotidiana el ejercicio de estos derechos, lo que le da a la sociedad el mensaje de que los derechos de las mujeres, y en particular de las mujeres indígenas, son prescindibles.

Cuando una mujer que vive situaciones de violencia por fin toma la importante decisión de denunciar, pedir protección o iniciar un proceso legal y el Estado no le responde, el mensaje con el que se quedan tanto el agresor, como la familia y la comunidad es el de que las mujeres no tienen derechos, y que no pasa nada si se golpea, viola o asesina a una mujer. Valdría entonces la pena preguntarnos: ¿qué sucede con los esfuerzos para prevenir las violencias en mujeres indígenas cuando, a la par de las campañas de prevención e información de los derechos de las mujeres coexisten prácticas estatales que generan violencia institucional y son cómplices de la violencia de género?

Si no trabajamos en fortalecer las instituciones de procuración e impartición de justicia, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, por mas Institutos de las Mujeres que construyamos, por más sofisticados que sean los programas para prevenir y atender la violencia, por más que se incrementen los presupuestos, en el fondo dichas acciones seguirán siendo discursos vacíos, contradictorios y aislados. Es hora de tomar en serio el problema de violencia y modificar las estructuras y prácticas del Estado para erradicar este problema.

 

* Fátima Gamboa es coordinadora del área legal de la organización @EquisJusticia, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas y de la Red Iberoamericana de Expertas en Pueblos Indígenas y Cooperación Internacional. Tania Hernández es encargada de desarrollo institucional de la organización @EquisJusticia.

 

Referencias:

[1] Sugerimos consultar aquí.

[2] Para más información observa esto.

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