El rumbo del federalismo y la participación ciudadana

Las medidas de austeridad y de descentralización propuestas por el equipo de AMLO tienen que fundamentarse en el cambio de régimen político que mantuvo indemnes privilegios y desigualdades, así como aludir a la transparencia, sin dejar de lado su costo e impacto político.

Por: Elio Villaseñor Gómez

El rumbo del federalismo se ha vuelto un tema obligado en la agenda pública por las posibilidades que se han abierto para una nueva relación entre el gobierno federal, las entidades y los municipios.  Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, ha puesto sobre la mesa varios planteamientos que buscan rediseñar la administración pública federal mediante la descentralización de las Secretarías de Estado y la sustitución de las delegaciones estatales de las dependencias federales para, en su lugar, designar Coordinaciones Estatales de Programas de Desarrollo.

En el proceso de nuestra joven democracia, el tema del ejercicio del poder ha estado ausente, aun cuando es un tema que involucra a los gobiernos de todos los colores, entre los cuales ha predominado la cultura del viejo régimen político.

La estrategia del reparto del pastel, que remite a la práctica de que quien gana una elección se lleva la mayor tajada y los otros se disciplinaban, debe desaparecer. Es momento de dejar atrás la idea de que la política es un gran trampolín para dejar de ser pobre y convertirse en los nuevos ricos, al amparo del “compañerismo” y el compadrazgo.

Frases como “Un político pobre, es un pobre político” han sido una suerte de aglutinante de camaraderías y alineamientos, esencialmente ideológicos, que están determinados por la lógica del poder unipersonal y que, generalmente, reproducen la subordinación. Estas ideas y su orientación han sido el motor de muchos personajes que aspiran o ascienden la escala del poder para hacer de la política un negocio y vía para incrementar sus riquezas personales.

Este modo de hacer política atraviesa los tres niveles de gobierno y los otros poderes. De ahí que resulte necesario reforzar, en lo sucesivo, la participación pública en el proceso democrático. La idea básica deber ser que los gobiernos estén cerca de la ciudadanía, brindándoles la oportunidad de implicarse en el proceso funcional del gobierno.

En los últimos años, las autoridades han “administrado” los recursos públicos como si fueran propiedad privada, con el consabido prejuicio que esa práctica significa para los gobernados. Tal pareciera que el actual federalismo debilita la democracia, como resultado de la ausencia de corresponsabilidad, transparencia en el ejercicio del poder, de la rendición de cuenta y de un sistema legal que hace que la ley no se aplique por igual para todos.

Lo anterior bien puede ser una de las razones por las cuales se pretende nombrar coordinadores estatales que suplan a las actuales delegaciones en los estados, pues se ha dicho que su finalidad será fiscalizar la aplicación correcta de los recursos públicos, y que en la práctica se convertirán en un contrapeso real al gobernador en cada estado del país. En esencia, se presupone una nueva forma de construir el federalismo, con el refuerzo de la rendición de cuentas de los servidores públicos, pues al segmentarse el ejercicio del poder en el Estado, y responsabilizar con ese poder a las autoridades locales, se busca aumentar la rendición de cuentas públicas e inhibir prácticas como la corrupción.

Por otro lado, hemos atestiguado cómo las relaciones políticas y económicas de quienes integran la clase gobernante les permitía negociar una iniciativa o un acuerdo, apelando a los mecanismos de comprar voluntades o de ofrecer algún incentivo personal.

Como prueba de ello, en estos años han nacido nuevas expresiones perversas de hacer negocios para apoyar algún proyecto de política pública como son los moches, una manera de recibir una tajada personal ya sea en el congreso o autoridades para promover un presupuesto o proyecto.

Esta y otras prácticas han venido profundizando un régimen político que está podrido y es una de las causas de la desigualdad, corrupción e impunidad permanentes.

Frente a esta realidad, es apremiante construir nuevas formas de ejercer la función pública, una necesidad  que como ciudadanía hemos exigido y se corroboró con el resultado electoral más reciente, a fin de que se sienten los pilares donde el patrimonio público tenga carta y fin de interés público.

En esa perspectiva, bienvenidas las iniciativas públicas que tengan como contrapeso la vigilancia y también reconozcan la inteligencia de la ciudadanía.

No bastan las buenas intenciones. Es el momento de construir una nueva relación entre las autoridades y la sociedad fundamentada en la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Tenemos que pasar de los hechos a los derechos, porque más allá del sufragio buscamos ser parte del nuevo diseño del régimen político donde la ley se aplique efectivamente, las políticas públicas sean precisamente eso, públicas, y donde se consolide la interacción entre gobierno y sociedad para construir el bien público. Tenemos que abandonar los paradigmas obsoletos e insostenibles que sustentaron por décadas el viejo régimen.

Las medidas tanto de austeridad y de descentralización propuestas por el equipo de AMLO tienen que fundamentarse en el cambio de régimen político que mantuvo indemnes privilegios y desigualdades.

Dichas medidas deben aludir a la transparencia, sin dejar de lado su costo e impacto político. Algunos argumentan que la descentralización es un despropósito pues el traslado de las 31 dependencias federales a otras partes del país requeriría un monto de 125,000 millones de pesos en promedio para obras de construcción, equipos, sistemas, mobiliario y mudanza, más otros 22,805 millones de pesos para estudios y evaluación de las dependencias.

A pesar de lo anterior, descentralizar la actividad del gobierno, como se menciona en el proyecto, coadyuvaría a una reactivación económica para la generación de empleo en los estados, además de contribuir a una mejor gestión de trámites administrativos y facilitar la operación de las Secretarías de Estado.

Para ello, es pertinente impulsar una campaña que destaque los aspectos positivos que habrán de implicar la austeridad y la descentralización mediante un redimensionamiento del papel del Estado y de las formas de ejercer el poder en los estados, pues la presencia de los dos niveles de gobierno puede beneficiar a la ciudadanía, al forzar a los gobiernos a colaborar de manera conjunta para implementar no sólo servicios públicos en cantidad y calidad, sino también en la construcción de políticas públicas que estén en sintonía con las necesidades y expectativas de la sociedad, y en la que ésta sea una activa partícipe.

Este es un esbozo de las expectativas ciudadanas por un régimen donde se respire una nueva ética pública y también donde prime la cero tolerancia a las prácticas perversas del antiguo régimen político, e insistimos: no al reparto del pastel y sí a construir el interés público; no a los moches y sí al uso transparente de recursos públicos y la consolidación de la rendición de cuentas; no al uso personal de los recursos públicos y sí a su vigilancia, obligadamente ciudadana.

La fuerza lograda de esta elección es una oportunidad para construir las nuevas bases de un régimen político que esté al servicio de la mayoría y permita edificar una nueva generación que asuma el reto de reforzar la confianza hacia las instituciones y donde el Estado de derecho sea una realidad cotidiana. Ello requiere de la ciudadanía un ímpetu transformador que obliga a derribar las reminiscencias del pasado, y repensar un proyecto de Nación incluyente y con perspectiva para comprender el presente y pensar el futuro que no debe prescindir de la lucha por la igualdad social.

Para contribuir a este debate, la edición 101 de Brújula Ciudadana ha reunido textos muy selectos escritos por expertos y académicos que analizan los cambios que se avecinan ante la llegada de nuevas autoridades en los distintos niveles de gobierno.

 

* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C

 

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