¿Puede servir la justicia transicional para México?

México es el cuarto país a nivel mundial en impunidad, el resultado de una violencia que ha superado la capacidad institucional. La justicia transicional contribuiría al cambio de un legado de abusos y violaciones de derechos humanos hacia una efectiva vigencia de la ley y combate a la impunidad.

Por: Paula Cuéllar (@pauscuellar)

Mucho se ha hablado sobre justicia transicional en los últimos meses, pero poco sobre qué es exactamente y para qué puede servir en un contexto como en el que actualmente se vive en el país. En ese sentido y a efecto de contribuir al debate sobre el tema, es necesario hacer un breve análisis al respecto partiendo de una definición de la materia, así como de los elementos que permitirían su aplicación a la realidad que hoy se vive en México.

La justicia transicional puede ser definida como “el conjunto de teorías y prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de los cuales las sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad, y hacen justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro o larga duración, con el propósito de avanzar o retornar a la normalidad democrática”.[1] Los elementos que la componen son la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y de sus familiares, así como la reforma de aquellas instituciones cuyas acciones u omisiones posibilitaron la perpetración de graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y de serias violaciones al derecho internacional humanitario, a efecto de posibilitar la conciliación de la sociedad en conflicto.

A propósito de esta definición, se debe plantear cuál es la situación presente de violencia en el país y analizar si esta puede ser encarada utilizando los parámetros de la justicia transicional. Y es que si bien México no se ha visto sometido a una dictadura ni ha sufrido una guerra civil en estricto sentido durante un siglo, sí ha padecido hasta la fecha ‒por largos años‒ una violencia desbordada y una crisis de institucionalidad que ha cobrado tantas víctimas directas e indirectas, tal como si fuese una situación de conflicto armado. Sobre esta situación, el ex Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó en 2015 que para “un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes”.[2]

Desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006 ‒declarada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y continuada por la administración de Enrique Peña Nieto‒ se abrió un período de violencia nunca imaginada. Una aproximación a la magnitud del horror se puede establecer en el número de desapariciones y en la impunidad que cobija a sus responsables inmediatos y mediatos. Según cifras oficiales, más de 37,000 personas han sido víctimas de este flagelo durante los últimos diez años.[3] Esta cifra únicamente es superada en el continente americano por Guatemala, donde se desarrolló un conflicto interno que duró 36 años y produjo ‒según lo establecido por la Comisión de Esclarecimiento Histórico‒ 45,000 víctimas de ese crimen de lesa humanidad.

Por otro lado, de acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2018, el país es el cuarto a nivel mundial y el primero de las Américas en impunidad. Y es que 93 de cada 100 delitos que se cometen no se denuncian, y de los que se denuncian muy pocos se investigan, y ni contar cuántos llegan a sentencia.[4]

Estas cifras son el resultado de una situación extraordinaria de violencia que ha superado la capacidad de a institucionalidad establecida y que, por tanto, requiere urgentemente la adopción de medidas también excepcionales. Ya se ha probado que las instituciones existentes son insuficientes para dar una respuesta integral a las múltiples problemáticas que enfrentan las víctimas actualmente. Con el discurso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se está frente a la expectativa de un proceso de cambio en el rumbo del país mediante el cual se podría intentar superar tal escenario con posibilidades de éxito.

La justicia transicional ‒a través de la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición‒ puede impulsar un cambio profundo en las condiciones de injusticia e ilegalidad de un determinado país. Aplicada a México, la misma contribuiría a su tránsito desde un legado de abusos y violaciones a los derechos humanos hacia un estado de efectiva vigencia de la ley y de combate frontal a la impunidad.

Hay que partir de algo esencial: el concepto de justicia transicional ha ido evolucionando, en buena medida por el empuje de las víctimas y por su creciente numerosidad. Ya no se limita a un contexto de conflicto bélico o de un período dictatorial para justificar la aplicación de esta propuesta, pues la multiplicidad de las víctimas en un régimen formalmente “democrático” es lo que hace ahora cuestionar su legitimidad. En ese sentido, tal como es posible advertir de la definición esbozada al inicio de este escrito, se extiende a lo que pasó y está pasando en el país: una crisis de amplio espectro o de larga duración, tal como la “guerra contra el narcotráfico” con todos sus efectos adversos contra la población civil.

La justicia transicional plantea un cambio de paradigmas, pues llama a colocar al centro a las víctimas del proceso y a transformar radicalmente el orden social y político del país en aras de avanzar hacia un verdadero Estado democrático de derecho en el que reine el imperio de la ley. Y es que, hasta este momento, las víctimas no han sido prioridad en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no obstante que son ellas quienes padecen las consecuencias negativas de las falencias existentes en estas áreas. Por ejemplo, se aprueban normativas dirigidas a atender las necesidades de las víctimas, tal como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pero éstas no siempre cumplen con los parámetros establecidos para satisfacer el derecho a la reparación adecuada, efectiva y pronta.

Además de los beneficios tradicionales que representan el debido funcionamiento de las instituciones, la aplicación de la justicia transicional conlleva algunos adicionales. Así, a través de la creación de una comisión de la verdad, se posibilita que las víctimas posicionen su narrativa en la esfera pública y desmantelen así la historia oficial de criminalización de las que generalmente han sido sujetas. Mediante la efectiva investigación, juicio y sanción de los perpetradores, se comprueba que la justicia opera en condición de igualdad para todas las personas sujetas a un mismo territorio y que no habrá ciudadanos de “segunda clase” bajo el nuevo orden social que se está proponiendo construir. En virtud de las políticas de reparación, se rescata la memoria, se restaura la dignidad a las víctimas y se les reconoce como titulares de derechos. Finalmente, como consecuencia de las garantías de no repetición, se reconstruye la institucionalidad del país, beneficiando así no únicamente a las víctimas directas del conflicto, sino a la sociedad en general.

Para su aplicación en México, no hay que olvidar que los procesos de justicia transicional no son fórmulas únicas o absolutas que se imponen en los países en proceso de transformación, pues eso conllevaría el desconocimiento de realidades políticas, sociales y culturales muy diversas. En ese sentido, una justicia transicional a la mexicana, construida desde abajo con la participación prioritaria de las víctimas y también con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, podría constituir una solución para los problemas que aquejan en este momento al país asentados lamentablemente en una impunidad histórica.

 

* Paula Cuéllar es investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

 

Referencias: 

[1] Valencia Villa, Hernando. “Introducción a la justicia transicional”, conferencia magistral impartida en la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” de la Universidad de Guadalajara, México, el 26 de octubre de 2007, párrafo 1.

[2] Organización de las Naciones Unidas. Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, disponible aquí (consultado 12/09/2018). 

[3] Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), disponible aquí (consultado 11/09/2018).

[4] Animal Político. Índice de impunidad crece en 26 de 32 estados del país; solo 4 de cada 100 denuncias tienen resultados, disponible aquí (consultado 11/09/2018).

 

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