Del dicho al hecho hay mucho trecho

Las recomendaciones hechas por el CEDAW para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer son obligatorias y tienen que cumplirse y es que los datos son preocupantes, sobre todo para las mujeres indígenas y con discapacidad que viven en aislamiento y exclusión.

Por: Alejandra Donají Núñez y Mariana Díaz Figueroa

En Transversal, trabajamos para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad desde un enfoque social de la discapacidad y con base en derechos humanos. Además, como feministas, consideramos que resulta fundamental analizar la desigualdad a la que se enfrentan las personas con discapacidad tomando en cuenta la perspectiva género, más cuando en el país existe un gran número de mujeres con discapacidad que ven limitados sus derechos de distintas maneras.

Por ello, en relación con la novena comparecencia de México ante el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por las siglas en inglés) presentamos un informe sombra en el que expusimos la situación de las mujeres con discapacidad.

Los datos son preocupantes, las mujeres con discapacidad: viven una enorme pobreza, tienen en riesgo sus condiciones de vida debido a que muchos de sus derechos les son vulnerados constantemente, el rezago educativo les afecta más que a la población indígena o que a los niños, tienen pocas oportunidades en el ámbito laboral y cuando son contratadas su salario es menor, aunado a que tienen gastos cotidianos adicionales en virtud de la falta de apoyos técnicos o personales. Viven en aislamiento y exclusión.

En el país no se cuenta con información suficiente para prevenir y combatir las prácticas y situaciones de discriminación y desigualdad a las que son sujetas en virtud de ser mujeres con discapacidad; ni se conoce el impacto de la reducida política pública que existe para atender a la discapacidad.

En las recomendaciones hechas al Estado Mexicano, el Comité CEDAW hizo visible la diversidad de mujeres que existen y recomendó la adopción de una estrategia integral para superar la cultura del machismo, los estereotipos y las formas de discriminación interseccional contra las mujeres, incluidas por supuesto aquellas con discapacidad.

También recomendó establecer objetivos y recursos adecuados para que las autoridades en los diferentes niveles de gobierno implementen leyes para prevenir y eliminar tanto la violencia como todas las formas de discriminación contra las mujeres y en particular las situaciones que enfrentan las mujeres con discapacidad.

Además, entre otros puntos, recomendó medidas de acción afirmativa respecto a mujeres con discapacidad en relación con el acceso a la justicia y al empleo; así como específicas respecto a la obligación de contar con consentimiento personal e informado antes de que se realicen esterilizaciones a mujeres con discapacidad.

Las recomendaciones son obligatorias, tienen que cumplirse. Además, no están desvinculadas, por el contrario, se relacionan con el amplio marco de protección de derechos humanos, y entre otras, con las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que su observancia es vital para garantizar en la realidad los derechos de todas.

Todo está encaminado a asegurar que las personas tengan los mismos derechos y oportunidades independientemente de si son mujeres, niñas, de su nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, de su edad o de las situaciones o condiciones a las que se enfrentan como lo es la discapacidad.

Se trata de construir una igualdad de hecho y de derecho. Hemos avanzado, pero el camino es largo, y existen grupos específicos que se enfrentan a desventajas, a acumulación de desigualdades que se agravan en virtud de las intersecciones, a prácticas cotidianas, institucionales y estructurales de discriminación, así como a violencia que afecta directamente su calidad de vida y dignidad.

Es imperioso que las instituciones, los presupuestos y las políticas públicas para atender a la discapacidad sean efectivos e integrales pero no exclusivos ni particulares. Así como que sus objetivos contemplen e incorporen la intersección existente entre el género y la discapacidad (que hasta la fecha ha sido invisibilizada) y de otras intersecciones que conllevan desigualdad.

Sin duda nos falta un largo camino por recorrer para lograr que se garanticen adecuadamente los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Desde Transversal consideramos que la adecuada instrumentación de las recomendaciones del Comité CEDAW será un primer paso para saldar la deuda histórica que se tiene con este sector de la población; hay que darlo.

 

* Alejandra Donají Núñez es coordinadora de @TRANSVERSALorg, Acción sobre los derechos de las personas con discapacidad  y Mariana Díaz Figueroa es cofundadora de @TRANSVERSALorg

 

Mujeres entrevistadas: Mariana Díaz Figueroa, María Violeta Hernández Martínez, Alicia Ishel Cárdenas y Nadia Cristina Floresata Quezada.

Realización de videos: Dana Albicker Mendiola y Moisés García Rojas

Gestor Cultural en Lengua de Señas: Gicelle Barajas.

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