A un año de los sismos no hay transparencia

La información sobre los daños y apoyos económicos mostrada en las plataformas creadas por el gobierno tras los sismos de 2017 es insuficiente para conocer el nivel del daño que sufrió el país. Sin censos de beneficiarios e informes financieros no se puede identificar y sancionar a quienes incurrieron en corrupción y negligencia.

Por: Joel Salas Suárez (@joelsas)

Luego de un año, para algunos afectados, los sismos de septiembre de 2017 aún no cesan. Hay quienes aún desconocen los apoyos a los que tienen derecho y continúan sin recuperar sus viviendas y la normalidad en su vida cotidiana. Una causa de esto es que la información pública disponible sobre el proceso de reconstrucción es dispersa e insuficiente. Hace falta un mejor esfuerzo de transparencia proactiva para, primero, brindar información útil a las personas que continúan damnificadas y, segundo, promover un ejercicio de rendición de cuentas claro y certero sobre el estatus del proceso de reconstrucción. Ya he escrito antes sobre fallas de transparencia y algunas propuestas para alcanzar estos dos puntos.

Desde el inicio, fue patente la solidaridad con los afectados. Fluyó la ayuda y, en respuesta, se promovió la transparencia proactiva de los recursos que fluyeron para atender las emergencias. En el caso de donativos privados se abrió el sitio web Fideicomiso Fuerza México; en el caso de recursos públicos, se puso a disposición el portal “Fuerza México”. Los mexicanos también han ejercido el derecho de acceso a la información. Existen 2,568 solicitudes de acceso a información y 93 recursos de revisión relacionados con la reconstrucción. El INAI habilitó la pestaña Sismos 7S y 19S, 2017 en el micrositio Ante la opinión pública para dar a conocer esta información y obligaciones de transparencia relacionadas.

Sin embargo, esta información es insuficiente para vigilar el ejercicio de cada peso destinado a la reconstrucción y verificar la calidad de los avances en prevención y reparación. Las investigaciones de diversos actores confirman lo anterior. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Transparencia Mexicana y Fundar México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Save the Children México, han investigado y publicado informes para dar cuenta de la información faltante. Si no hay censos de beneficiarios e informes financieros y de gestión de los recursos ejercidos, no se puede detectar y explicar que aún hay niños que no van a la escuela y viviendas sin reconstruir. Tampoco se puede identificar y sancionar a quienes incurrieron en corrupción y negligencia permitiendo la construcción de edificios que se derrumbaron cegando la vida de personas. También falta conocer avances del Atlas Nacional de Riesgos.

Reunir la información pública, los actores que la generan y los que la necesitan no es imposible. Experiencias internacionales demuestran que la información pública puede ayudar a distribuir recursos adecuadamente y hacer rendir cuentas a las autoridades, pero también puede apoyar a conocer “la calidad de su erogación y de los bienes y servicios producidos con ellos”, tal como lo dijo Román Meyer, futuro Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Con esto, el nuevo gobierno federal reconoce que la reconstrucción no es solo edificar nuevos edificios o viviendas, sino dar condiciones a las personas para recuperar sus vidas. La propuesta del nuevo gobierno consiste  en 10 puntos que constituirán el Plan de Reconstrucción y el noveno de ellos es la Transparencia y rendición de cuentas. Por esta razón debemos monitorear y acompañar este Plan con una política de transparencia proactiva que permita dar seguimiento a cada decisión y cada peso para verificar que realmente cumplió con un enfoque de derechos humanos, incluyó a los propios afectados, involucró de forma interdisciplinaria a múltiples actores sociales y rindió frutos.

Desde el pleno del INAI y como coordinador de la Comisión de políticas de acceso, transparencia proactiva y gobierno abierto, hago un llamado a todas las instituciones públicas de los tres poderes, los tres niveles de gobierno, organismos constitucionales autónomos y, en concreto, al Sistema Nacional de Transparencia, para que impulsemos una política de transparencia proactiva que atienda, entre otras, las necesidades de las personas afectadas por los sismos de 2017, contribuya a poner a su disposición información útil para ellas y promueva un ejercicio de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Los estragos de los lamentables sismos continúan vigentes y visibles en las comunidades del Istmo de Tehuantepec, en las comunidades de Morelos, Puebla, Guerrero o la Ciudad de México. No hablamos de cifras o estadísticas, ni siquiera de dinero. Hoy hablamos de la vida cotidiana de personas con nombre y apellido.

 

* Joel Salas Suárez es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de políticas de acceso, gobierno abierto y transparencia.

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