Una propuesta de justicia transicional para México

El "modelo mexicano” de justicia transcional debe basarse en el combate a la impunidad y a la corrupción, y los mecanismos de transición deben enfocarse en los integrantes del régimen anterior.

Por: Javier Dondé Matute (@JavierDonde)

Mucho se ha hablado de la justicia transicional para México. Una de las críticas principales es que los modelos en los que han operado estas medidas no se ajustan fácilmente a la realidad de nuestro país.  Históricamente, la justicia transicional opera en dos tipos de escenarios: 1) en situaciones en las que se busca consolidar la paz en un país que ha sufrido algún tipo de conflicto armado (en tiempos más recientes se trata de conflictos armados no internacionales); o 2) en situaciones en las que un régimen autoritario es sustituido por un régimen democrático.

El problema es que resulta sumamente complicado encuadrar la situación de violencia masiva que se vive en México en alguno de estos dos supuestos. Esto se debe a que la violencia que nos impulsa a hablar de este tema tiene su origen en la mal llamada “Guerra contra el Narco” y que, como consecuencia, los actores de la violencia son varios y muy diversos: fuerzas armadas, autodefensas, organizaciones de la delincuencia organizada, entre otros.  Como consecuencia no es fácil optar por uno de los dos modelos existentes.

El enfoque para México debe encuadrarse en el cambio de régimen (como en los casos de Chile, Argentina, Sudáfrica, Alemania o Polonia). Aunque esta propuesta parezca inusual, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en iniciar una “Cuarta Transformación” nacional. El electorado que abrumadoramente votó por él buscaba en las urnas un cambio de fondo.  Todo esto apunta a un verdadero cambio de régimen.

Si se parte de la premisa de que lo que se está concretando en México es un cambio de régimen, entonces hay muchos paralelismos con los casos donde se ha transitado hacia la democracia. Por lo menos, muchas más similitudes que las que pudiera haber con los casos de conflicto armado. Entonces, como una consecuencia natural las medidas de transición que se adopten deben ir dirigidas a los integrantes del régimen anterior.

El objetivo de este modelo es romper con la violencia de Estado y su complicidad en los factores que han generado la violencia entre particulares. En este tenor, se vuelven relevantes instrumentos de la justicia transicional como las comisiones de reconciliación nacional y las amnistías, en cuyo caso el modelo sudafricano es muy relevante. Sin embargo, también es importante analizar las “purgas” en los países de Europa oriental (Polonia, Checoslovaquia y Alemania), pues es un mecanismo propio de los cambios de régimen.

Si se parte de la premisa de que el régimen anterior ha contribuido en los factores que han permitido o fomentado la violencia, se vuelve indispensable acabar con dichos factores. El “modelo mexicano” debe basarse en el combate a la impunidad y a la corrupción. Los mecanismos de transición deben enfocarse en los integrantes del régimen anterior. Si estas personas dejan de colaborar con la delincuencia organizada entonces el riesgo de pertenecer a una de estas agrupaciones se eleva, pues ya no contarán con la protección gubernamental y ya no se les permitirá operar con facilidad.

Entiendo que el discurso del combate a la impunidad y a la corrupción se ha empleado hasta el cansancio, pero nunca dentro del contexto de la justicia transicional. No se ha propuesto que la delincuencia organizada sea el objetivo indirecto de la justicia transicional, dejando que estos instrumentos solamente sean dirigidos a los integrantes del régimen saliente.   La apuesta es que el cambio de régimen tenga un efecto en la desarticulación de la delincuencia organizada y en la efectividad de los medios para combatirla, partiendo de las herramientas para la justicia transicional.

 

* Javier Dondé Matute es doctor y profesor – investigador del INACIPE.

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