Un derecho que se desconoce, no puede demandarse

Lo que decida un juez o jueza, puede impactar a toda la sociedad de alguna forma. Por eso es importante que los tribunales garanticemos el derecho de acceso a las resoluciones que emitimos pues más allá de si una persona es parte o no en un determinado juicio, puede verse afectada por su resolución.

Por: María Silva (@MariaSilvaTE)

“Mientras la labor judicial se lleve a cabo dentro de un cuarto oscuro, cuyos muros obstaculizan la mirada de la ciudadanía, nuestras juezas y jueces no le hablan a nadie”.

(EQUIS Justicia para las Mujeres , 2017)

 

En años pasados, EQUIS Justicia para las Mujeres realizó un par de diagnósticos acerca de la transparencia en la publicación de las sentencias (2015 y 2017). Si los resultados del primero eran tristes, los del segundo fueron terribles pues reflejan un retroceso en la materia.

¿Por qué tendría que importarnos esto? Los tribunales imparten justicia. Esta labor es fundamental en cualquier estado de derecho pues busca que la gente no “haga justicia por propia mano”. Para eso existen los tribunales: para resolver las controversias que existen entre los individuos, garantizando a las partes el derecho a ser escuchadas en juicio y exponer por qué consideran tener la razón o ser inocentes.

Al resolver cada juicio, las juezas y los jueces emitimos resoluciones que pueden impactar en la vida de toda la sociedad. Voy a poner dos ejemplos: en estos momentos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  se discute si el etiquetado nutrimental de los alimentos debe cambiar o no; la organización que solicitó el amparo pide modificar las reglas de cómo presentar la información de contenido de azúcares a las y los consumidores. Si la Corte otorga el amparo, TODAS las empresas estarán obligadas a cambiar sus etiquetas por lo que la sentencia impactará a la población mexicana en general.

Segundo ejemplo: el año pasado, un juez en Sonora amparó a un ciudadano que había sido bloqueado en Twitter por su Presidente Municipal. A raíz de eso, más personas han hecho lo mismo y otros jueces han seguido el mismo criterio e incluso en algunos casos recientes, los servidores públicos que tenían bloqueadas a ciertas personas, les han desbloqueado en automático al ser emplazados a juicio.

¿Qué implica esto? Que lo que decida un juez o jueza, puede impactar a toda la sociedad de una manera u otra y por eso es importante que los tribunales garanticemos el derecho de acceso a las resoluciones que emitimos, pues con independencia de si una persona es parte o no en un determinado juicio, puede verse afectada por su resolución.

El diagnóstico de EQUIS Justicia para las Mujeres nos alerta sobre una deuda que tenemos los tribunales para con la sociedad respecto a la publicación de nuestras resoluciones, pero el derecho de acceso a la información no se agota ahí: para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada de lo que resolvemos no es suficiente que publiquemos nuestras sentencias, sino que tenemos que hacerlas lo suficientemente claras como para que la gente las entienda.

Los dos casos anteriores -sobre todo el segundo- revelan la importancia de la publicación y difusión de los criterios que emitimos los tribunales. Para que la gente conozca estos precedentes, sus derechos y pueda exigir su protección, tenemos que trabajar como tribunales no solo en corregir la falta de publicación de las sentencias , sino la manera en que escribimos nuestras sentencias (la diferencia entre publicar sentencias incomprensibles y no publicarlas, es poca).

El primer requisito que el Estado debe garantizar a las personas para que ejerzan y exijan la protección de sus derechos, es el conocimiento de éstos: nadie puede demandar el respeto de un derecho que no sabe que tiene.

En ese sentido, es importante que las y los jueces nos tomemos en serio nuestra función de servidores y servidoras públicas. Nuestro trabajo diario de impartición de justicia es fundamental para la sociedad y al resolver los juicios nuestras sentencias no deben dirigirse a las y los litigantes sino a las partes. Es en ellos y ellas en quienes debemos pensar cuando redactamos las sentencias, y en segundo lugar, en el resto de la sociedad que puede estar interesada en lo que resolvemos y a quienes podríamos impactar con nuestras resoluciones.

En un esfuerzo para conseguir esto, en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos trabajado en tres puntos muy concretos para hacer nuestras sentencias claras: (1) Las iniciamos con un glosario para evitar el uso repetitivo de términos jurídicos muy largos o complejos que dificultan una lectura fluida; (2) Intentamos dejar de usar el “abogañol” -para eso, de manera específica, tenemos una “puertarrón” con una lista de palabras cuyo uso está prohibido-; e (3) Intentamos hacer nuestras sentencias lo más concisas posible (el promedio de páginas de la Sala Regional ha de ser de aproximadamente 30 páginas).

Son tres cuestiones sencillas en su explicación, complejas en su implementación, pero estamos convencidas y convencidos de que nos permiten cumplir mejor el servicio público que nos fue encomendado: impartir justicia, garantizar el acceso a ésta y rendir cuentas de manera adecuada.

 

* María Silva es Magistrada por la Sala Regional Ciudad de México.

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