La opacidad judicial llega a los poderes locales

La realidad de que la labor judicial no llegue al conocimiento de la sociedad le resta legitimidad y eficiencia al desempeño de un Tribunal, ya que sin sentencias publicadas no hay forma de descartar que los jueces decidan por amiguismo, partidismo o corrupción. Las sentencias publicadas se vuelven instrumentos de evaluación de la calidad de la argumentación y permite tener a la vista las razones a partir de las cuales deciden los jueces.

Por: Luis Fernando Villanueva

¿Qué pasa si le preguntas al Poder Judicial de tu estado la manera en la que está trabajando? ¿Qué tal si, para ello, le solicitas tener acceso a las sentencias que emite? Generalmente responderán que no están obligados a generar dicha información, que no cuentan con la información solicitada o simplemente se limitarán a no responder.

Esto fue lo que descubrimos desde EQUIS Justicia para las Mujeres al realizar diferentes solicitudes de acceso a la información a los 32 Poderes Judiciales estatales de México, en las que les preguntamos sobre el número de sentencias que emiten, cuáles de éstas publican y qué estrategias de difusión emplean, entre otras acciones que forman parte de sus obligaciones de transparencia judicial.

Desafortunadamente tales obligaciones son algo que los Poderes Judiciales no han tomado en cuenta pues, de acuerdo con lo que nos respondieron, actualmente la gran mayoría desconoce el número de sentencias que emiten sus órganos jurisdiccionales.

Incluso, hay casos en el que las autoridades consideran que no tienen siquiera la obligación de contar con esta información.

Los propios Poderes Judiciales respondieron que no cumplen satisfactoriamente la obligación de publicar todas sus resoluciones.

De igual manera, nos dimos a la tarea de revisar los portales de Internet de cada uno de los Poderes Judiciales locales, sólo para constatar que más de la mitad de los estados no tienen ninguna sentencia publicada.

Al revisar la Plataforma Nacional de Transparencia, la situación empeora, ya que 19 de los 32 estados no reportan una sola sentencia publicada en todo el 2017 (Oaxaca y Quintana Roo, por ejemplo, solo reportaron una sentencia, situación que, en definitiva, no es alentadora).

Desde EQUIS Justicia para las Mujeres consideramos que, este tipo de ejercicios que analizan las prácticas del Poder Judicial, relacionadas con el acceso a la información y la transparencia, son de relevancia ya que tienen que ver directamente con la forma en la que se administra e imparte justicia en el país. Es decir, la transparencia judicial a través de mecanismos como lo son la publicación de sentencias, permite saber cómo se imparte justicia en el país y, por tanto, detectar prácticas discriminatorias, corrupción e impunidad, y establecer estrategias para atenderlas o combatirlas[1].

Sin embargo, hemos constatado que, cuando la ciudadanía toca la puerta de la transparencia y ejerce su derecho de acceso a la información, existen resistencias incrustadas en lo más profundo del personal jurisdiccional: la negativa a abrir los archivos y publicar las sentencias judiciales.[2]

Dado que las sentencias son el reflejo de la aplicación de la ley, así como de la interpretación de jueces y juezas al resolver un caso, es ahí donde podemos localizar y evidenciar el uso de estereotipos, la falta de capacitación especializada y las prácticas discriminatorias.

Esto denota que cuando las mujeres acuden a denunciar actos de violencia, se les acusa de “locas”, de ir en contra de “lo tradicional”, de “no acatar su rol de género”, de “no adecuar su conducta”, “malas madres”, entre otras expresiones misóginas que forman parte de la argumentación de un juzgador al momento de resolver un caso.

La realidad de que la labor judicial no llegue al conocimiento de la sociedad le resta legitimidad y eficiencia al desempeño de un Tribunal, ya que sin sentencias publicadas no hay forma de descartar que los jueces decidan por amiguismo, partidismo o corrupción. Las sentencias publicadas se vuelven instrumentos de evaluación de la calidad de la argumentación y permite tener a la vista las razones a partir de las cuales deciden los jueces.

La ciudadanía tiene el derecho de evaluar al Poder Judicial. Por ello, en el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información conmemorado el pasado viernes, es necesario que el control ciudadano no solo se dirija al poder ejecutivo y legislativo, sino también a la actuación del poder judicial que, ante la falta de legitimación que otorga la elección popular, la transparencia se vuelve garantía de la justicia como elemento de legitimidad.

De lo contrario, la opacidad judicial continuará extendiéndose y, ante el dicho común de que los juzgadores hablan a través de sus sentencias, los Poderes Judiciales permanecerán en silencio.

 

* Luis Fernando Villanueva es Oficial de Proyecto de EQUIS Justicia para las Mujeres (@EquisJusticia).

 

Referencias: 

[1] Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. 1608 y 1609 período de sesiones. 20 de julio de 2018. Disponible aquí.

[2] Verificación de la Obligación de Transparentar Sentencias Judiciales. Diagnóstico de Situación. EQUIS Justicia para las Mujeres 2015.

Transparencia en la publiciación de sentencias. ¿Retrocesos a partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? EQUIS Justicia para las Mujeres 2017.

 

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