Román Meyer y el Delorean

A pesar de que una de las medidas cabeceras para la transición es la eventual amnistía a campesinos que participen en la cadena del narcotráfico, no se han dado pistas sobre el papel que tendrá el campo en sí. Mucho menos para saber cuál será el futuro –si es que alguno- de la figura del ejido.

Por: Carlos Luis Escoffié Duarte (@kalycho)

A Román Meyer le espera un sexenio bastante complejo. El virtual encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU) no solo tendrá que atender la reconstrucción de los estragos ocasionados por el sismo de septiembre del año pasado, ejecutar su programa de “mejoramiento de barrios” y revisar la contabilidad de la secretaría –señalada por la Auditoría Superior de la Federación de desviar al menos mil 700 millones de pesos durante la Estafa Maestra-[1]. En teoría, deberá ser también una pieza importante en el proceso de justicia transicional y pacificación que pretende realizar el próximo gobierno federal.

Durante la guardia de honor realizada el pasado 2 de octubre, Román Meyer figuró como de los principales acompañantes de Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta oficial de Twitter, junto a un mensaje en memoria de las víctimas de la masacre de Tlatelolco, el próximo titular de la SEDATU publicó una fotografía bastante sugestiva: él y el próximo presidente solos, caminando y sosteniendo una conversación íntima, alejándose de la Plaza de las Tres Culturas.[2]

Probablemente la foto no haya tenido ninguna intención comunicativa y se trate tan solo de eso: de una foto de AMLO y Román Meyer tras el acto de memoria a las víctimas del 2 de octubre de 1968. Pero lo interesante de la imagen es que refleja el papel que tendría que tener la SEDATU durante el proceso de Pacificación y Reconciliación Nacional, si es que verdaderamente se quiere alcanzar una paz estable y duradera.

Que México considere la posibilidad de abordar un proceso de justicia transicional no es ninguna novedad. Son varios los países que han optado por atender contextos de graves violaciones a derechos humanos a través de un conjunto de medidas judiciales y políticas destinadas principalmente a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos.[3]

Alcanzar esta ambiciosa pero irrenunciable meta exige que las instancias de gobierno no se limiten a un rol reactivo víctima-por-víctima. Deben enfocarse también a atender las causas estructurales de la violencia. Es decir, requiere adoptar una estrategia no muy distinta a la del “Doc” Brown en Volver al futuro II: no basta con regresar el tiempo a minutos antes de la tragedia. Es necesario también corregir las condiciones que permitieron que la tragedia ocurra. En materia de justicia transicional, ese enfoque es el abordado por la justicia distributiva.[4]

El anhelo de una transición efectiva y duradera puso a la cuestión agraria en uno de los peldaños más relevantes en los procesos de El Salvador,[5] Colombia[6] y países del Este de Europa Central tras la Segunda Guerra Mundial,[7] por dar algunos ejemplos. En casos como el de Sudáfrica, la falta de una justicia de tierras generó rezagos sociales que prevalecen hasta hoy como herencia de las políticas del Apartheid.[8]

Los conflictos por las tierras han sido de las principales causas tanto de la Revolución Mexicana[9] como del surgimiento de guerrillas rurales durante la Guerra Sucia[10] y el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994.[11] A la fecha, son miles las personas en México que han sido víctimas de desplazamientos forzados internos por megaproyectos o conflictos armados, religiosos o de tierras.[12]

A pesar de ello, la lógica distributiva como motor para la pacificación casi ha brillado por su ausencia en la narrativa mexicana de la transición. La Ley General de Víctimas, por ejemplo, apenas contempla unas breves disposiciones que indirectamente parecerían apelar a una justicia de tierras.[13] A pesar de que una de las medidas cabeceras para la transición es la eventual amnistía a campesinos que participen en la cadena del narcotráfico,[14] no se han dado pistas sobre el papel que tendrá el campo en sí. Mucho menos para saber cuál será el futuro –si es que alguno- de la figura del ejido.

La cercanía o lejanía de Román Meyer al proceso de justicia transicional y pacificación será un indicador de peso para saber si el próximo presidente pretende una atención a casos individuales o una verdadera justicia transicional. No puede pretenderse una atención integral a violaciones de derechos como la vida y la integridad personal sin abordar las violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. En el campo mexicano, en los territorios indígenas despojados, en los asentamientos informales y en el paso de los desplazados internos están las heridas sobre las cuales se cometen asesinatos, desapariciones, torturas, trata de personas y extorciones.

Ojalá AMLO adopte la vía del “Doc” Brown y, a través de la gestión de Román Meyer, haga de la SEDATU una instancia que cumpla, además de otras obligaciones, el papel de una “Secretaría de la Justicia Agraria para la Transición”. Será indispensable que ese ministerio sea el Delorean que permita corregir las fallas que arrastramos históricamente con miras a reconstruir un futuro más o menos habitable.

 

* Carlos Luis Escoffié Duarte es abogado litigante en derechos humanos. Miembro del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán.

 

Referencias: 

[1] Animal Político. AMLÓpolis: el plan de vivienda de Sedatu cuya prioridad será la reconstrucción por el sismo, 27 de julio de 2018. Disponible en formato digital a  través de este enlace.

[2] La fotografía fue publicada por Román Meyer Falcón junto al texto “La Plaza de las Tres Culturas fue escenario de uno de los crímenes más grandes de nuestra historia. Pero el movimiento estudiantil también significó romper con el pasado e iniciar la brega de democracia y libertad. #NuncaMás #2DeOctubreNOSeOlvida”. Disponible en formato digital a través de este enlace.

[3] Uprimny, Rodrigo; Saffon, María Paula. Usos y abusos de la justicia transicional en Colombia, Anuario de Derechos Humanos, Número 4, Universidad de Chile, Santiago 2008, p. 165. Disponible en formato digital a través de este enlace. Véase también: Orozco Abad, Iván; Justicia transicional en tiempos del deber de memoria, Editorial Temis, Bogotá 2009. Rettberg Beil, Angelika (compiladora); Entre el perdón y el paredón. Preguntas y dilemas de la justicia transicional, Ediciones Uniandes, Bogotá 2005.

[4] Véase: Uprimny Yepes, Rodrigo; Guzmán Rodríguez, Diana. En búsqueda de un concepto transformador y participativo para las reparaciones en contextos transicionales. International Law: Revista Colombiana De Derecho Internacional, Bogotá 2010, pp. 231-286.

[5] Wood, Elisabeth; La reforma agraria, la ocupación de la tierra y la transición a la democracia en El Salvador, publicado en “Justicia distributiva en sociedades de transición” de Morten Bergsmo, César Rodríguez Garavito, Pablo Kalmanovitz y María Paula Saffon (Editores), Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2012, pp. 153-154.

[6] “Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las FARC-EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.” Gobierno de Colombia y FARC-EP, Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 24 de agosto de 2016.

[7] Nalepa, Monika, Los orígenes de las reclamaciones antagonistas de tierra en el Este de Europa Central. La restitución en especie como un problema de división equitativa, publicado en “Justicia distributiva en sociedades de transición” de Morten Bergsmo, César Rodríguez Garavito, Pablo Kalmanovitz y María Paula Saffon (Editores), Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2012, pp. 105-149.

[8] Sihlongonyane, Mfaniseni Fana. La ocupación de tierras en Sudáfrica, publicado en “Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina” de Sam Moyo y Paris Yeros (coordinadores), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO, Buenos Aires 2008, pp. 161-164.

[9] “En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas; por esta causa, se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.” Zapata, Emiliano et. al; Plan de Ayala del 25 de noviembre de 1911.

[10] Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, Informe Final de Actividades, 15 de octubre de 2014, pp. 10, 11, 27 y 28. Disponible en formato digital a través de este enlace.

[11] “Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.” Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, 1 de enero de 1996.

[12] Véase: CNDH. Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México. Mayo de 2016, p. 62. Disponible en formato digital a través de este enlace. CIDH. Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, 31 de diciembre de 2015, párr. 287. Disponible en formato digital a través de este enlace. CMDPDH. Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Informe 2017. Mayo 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.

[13] “Artículo 61. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos. Las medidas de restitución comprenden, según corresponda: […] II. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.” Ley General de Víctimas.

[14] Animal Político. Amnistía será para mujeres indígenas, jóvenes y campesinos: Sánchez Cordero, 17 de septiembre de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.

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