Violencia por discriminación en las escuelas

Materializar políticas incluyentes implica sensibilizar a docentes y personal administrativo para que sepan cuando están incurriendo o atestiguando casos de violencia, y puedan abordarlos; instaurar mecanismos de resolución de conflictos con perspectiva de género como una Procuraduría de Derechos Universitarios, y contar con un área que vele por la inclusión frente a la diversidad, entre otras cosas.

Por: Jorge Herrera Valderrábano (@jhvalderrabano) y María Antonia Orozco

No recordar la violencia en instituciones educativas en estas fechas sería una incongruencia frente al popular “2 de octubre no se olvida”. No se olvida a quienes murieron en el 68 defendiendo la justicia, no se olvida la violencia por la que pasa la UNAM actualmente, ni tampoco se olvida que México atraviesa una crisis de violencia de género, especialmente en las escuelas.

Tan solo recordemos a los jóvenes que hace unas semanas protestaron vestidos con falda tras la queja de una alumna del Colegio de Bachilleres, quien denunció haber sido acosada sexualmente por personal de la escuela y no fue escuchada. Tampoco olvidemos a Ximena, la estudiante de Nayarit que denunció a su maestro por decirle que “vestirse de mujer es inaceptable” y no dejarle utilizar su uniforme. México tiene un problema de violencia en las escuelas. La ONU lo ha reconocido, y organizaciones sociales a nivel nacional lo han documentado a nivel básico, medio y medio superior.

El acoso, hostigamiento y discriminación en las escuelas han sido señalados,y esto ha provocado esfuerzos por parte de organizaciones sociales, instituciones educativas y de gobierno para promover ambientes respetuosos. Como resultado, una serie de instrumentos y protocolos dedicados a prevenir y atender la violencia de género surgieron desde 2016 con la Universidad Iberoamericana –cuyo protocolo actualizó hace unos meses– abriendo el camino e incluso implementando medidas afirmativas como los baños incluyentes. Varias escuelas entre las que destacan el IPN, el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, entre otras, han instaurado el protocolo.

Hay que pasar del dicho al hecho. Existen instituciones que a pesar de contar con políticas incluyentes no movilizan esfuerzos para realmente crear espacios más incluyentes. Tal es el caso de la UAM Xochimilco, donde el grupo estudiantil sobre diversidad Colectiva Prisma se ha pronunciado exigiendo a la rectoría de la universidad garantizar el bienestar y el acceso de justicia a la población LGBTI+ de la unidad, en reiteradas ocasiones. Asimismo, estudiantes de Filosofía y Letras también han exigido revisar el protocolo en la UNAM. Materializar políticas incluyentes implica sensibilizar a docentes y personal administrativo (para que sepan cuando están incurriendo o atestiguando casos de violencia, y puedan abordarlos), instaurar mecanismos de resolución de conflictos con perspectiva de género (como una Procuraduría de Derechos Universitarios), contar con un área que vele por la inclusión frente a la diversidad, entre otras cosas.

Todos estos son solo algunos de los muchos ejemplos de movilización que hay en curso en las instituciones educativas para exigir (o implementar) políticas incluyentes. Y es que el activismo inteligente ahora llegó a la comunidad estudiantil. Al respecto, DILO Escuelas Incluyentes y Yaaj presentaron este sábado el Manual de Universidades Incluyentes y Libres de Discriminación, que tiene contenidos dirigidos a fortalecer el trabajo de los grupos estudiantiles actualmente promoviendo la diversidad en sus campus.

“Este manual es para esas personas que dicen quiero hacer algo pero no sé cómo empezar, quiero hacer algo pero no sé si mis amigos estén de acuerdo… pretende dar herramientas para el cambio a favor de la inclusión”, dijo Toña Orozco, cofundadora de DILO durante la presentación del instrumento en las instalaciones del British Council, en el que también participaron Iván Tagle de Yaaj, Rodolfo Aguirre de la Fundación Heinrich Böll, y Ricardo Hernández de la CNDH.

El manual va dirigido principalmente a estudiantes en universidad y pretende brindar algunas pautas generales para realizar acciones en favor de los derechos humanos de las personas en sus comunidades académicas. Éste fue elaborado a partir de experiencias, opiniones y observaciones de grupos estudiantiles, y encamina estrategias que van desde la evaluación de la institución, hasta la incidencia.

Las instituciones educativas enfrentan grandes retos en términos de inclusión. El camino ya ha comenzado a transitarse, al menos en un esfuerzo por abordar la latente crisis de violencia por la que pasan las universidades. Estos esfuerzos deberían de pasar de la intención, a la realidad. Utilicemos los muchos recursos disponibles para prevenir que el acoso, la discriminación y la violencia, sean una barrera para la educación.

 

* Jorge Herrera Valderrábano es Internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y a punto de ser Trabajador Social por la UNAM. Es miembro fundador del movimiento Ágora México, co-fundador de Instituto RIA, y actualmente co-preside DILO Coalición de Escuelas Incluyentes. María Antonia Orozco es Ingeniera en Negocios y Tecnologías de la Información por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente lidera una organización que busca impulsar el arte emergente llamada Black Dot. Preocupada por la situación actual de las escuelas en temas de diversidad sexual e identidad de género, copreside DILO Coalición de Escuelas Incluyentes.

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