La indeseable expansión de las Cortes de Drogas

La expansión de los Programas de Cortes de Drogas en México no sólo es indeseable, sino perjudicial para el desarrollo de políticas de drogas que integren los derechos humanos, los derechos de las mujeres y una perspectiva de género transversal.

Por: Corina Giacomello (@cgiacomello)

Dado el contexto nacional y el debate que ha surgido en torno al posible cambio de rumbo en la política de drogas en el país, surge la necesidad de evaluar el funcionamiento de una de las figuras que se están implementando en México y otros países como supuesta alternativa al encarcelamiento: las Cortes de Drogas.

Éstas surgieron desde los años ochenta en Estados Unidos para personas con uso problemático de sustancias psicoactivas y acusadas de delitos menores contra la salud.

Con el paso del tiempo, estas Cortes se han extendido en diversos países del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe. En México empezaron en 2009 en Guadalupe, Nuevo León, con el nombre de Tribunales de Tratamiento de Adicciones (TTA). Actualmente estas Cortes operan bajo el nombre de Programas de Justicia Terapéutica[1] en seis estados (aunque no en la totalidad de los mismos), a saber: Chiapas, Durango, Chihuahua, Estado de México, Morelos y Nuevo León.

A partir del 30 de noviembre de 2018, con la plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), los Programas de Cortes de Drogas se van a implementar como una alternativa a la sanción privativa de la libertad para personas acusadas de robo sin violencia.

Tanto en el caso de su aplicación en la fase procesal como en la ejecución de una sentencia, la persona candidata al Programa tiene que someterse a un programa de tratamiento de uso de sustancias para reducir o interrumpir el consumo. Si bien este modelo puede parecer atractivo para, entre otras cosas, reducir la población carcelaria y prevenir la reincidencia, tiene muchos problemas, entre los cuales se encuentran los siguientes:

  • No es realmente una alternativa al encarcelamiento, ya que la cárcel permanece como posible sanción;
  • Refuerza el estigma en contra de los usuarios, al asociar el uso dependiente de sustancias a la comisión de delitos;
  • Condiciona el tratamiento – que es parte del derecho a la salud – a la supervisión judicial penal, de esta manera reforzando, en lugar de reducir, el uso del derecho penal;
  • Se utiliza principalmente en delitos (robo y posesión de sustancias psicoactivas) que, bajo una ley penal menos punitiva, no tendrían por qué estar sujetos a una pena de prisión;
  • Obstaculiza el desarrollo de políticas más efectivas en materia de drogas, en particular la despenalización de la posesión y del cultivo para consumo personal;

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado preocupación en torno a este modelo ya que:

  • Aborda un tema de salud (el uso de sustancias) desde una perspectiva penal;
  • La voluntariedad de acceso al tratamiento por parte de los participantes es cuestionable, ya que se enfrentan a la decisión de “tratamiento o cárcel”;
  • Los centros de tratamiento en la región son, a menudo, lugares en los que se comenten violaciones graves a los derechos humanos;
  • Por lo anterior, la CIDH sugiere buscar explorar otras medidas, particularmente la despenalización del consumo y uso de drogas para consumo personal.

Por lo anterior, lejos de representar una alternativa al encarcelamiento, el Programa de Cortes de Drogas reitera el discurso punitivo y amplía el radio de acción del derecho penal, mediante los controles policiales en los domicilios y lugares de trabajo de los participantes.

Afectaciones a las mujeres

Desde Equis Justicia para las Mujeres realizamos una investigación que analiza el impacto de las Cortes de Drogas en las mujeres[2] desde las distintas participaciones que ellas tienen en este programa, como:

  • Mujeres usuarias;
  • Mujeres redes de apoyo de las personas que participan en el programa;
  • Mujeres víctimas de algunos de los delitos de los delitos de los que son acusados los candidatos.

Entre los hallazgos principales tenemos que, en el primer caso, existe una comprobada falta de centros de tratamiento públicos y de centros para mujeres. Por lo tanto, las mujeres usuarias que entran al programa no tienen garantizado el acceso a un tratamiento centrado en las mujeres, sino que son admitidas en su mayoría en centros mixtos donde pueden ser revictimizadas y abusadas por los demás participantes o por el personal, ya que el vínculo entre violencia de género y uso de drogas no suele ser atendido. Al contrario, puede ser reforzado en los centros de tratamiento mixtos, tanto públicos como privados.

En el segundo caso, las mujeres que son familiares de las y los participantes, se convierten en las responsables de garantizar el cumplimiento exitoso del programa, proveyendo al participante con sustento económico, logístico, emocional y de cuidado. Nuevamente, como acontece también en las cárceles, son las mujeres, invisibles e invisibilizadas, quienes sustentan y hacen posibles los mecanismos penales del Estado. De tal manera que este programa refuerza los roles de género y la doble o triple jornada laboral de las mujeres.

En el tercer caso, las mujeres que son víctimas de violencia doméstica (siendo ésta la primera causa de ingreso de hombres al Programa de Cortes de Drogas) son revictimizadas por el sistema, ya que no sólo deben otorgar su consentimiento para el ingreso del participante al programa, sino fungir como su soporte en cuanto red de apoyo. De esta manera, se fomenta la impunidad de la violencia contra las mujeres.

Por todo lo anterior, consideramos que los Programas de Cortes de Drogas no sólo no son una solución “al problema de las drogas”, sino un mecanismo que reitera el orden de género dominante, reproduce la violencia contra las mujeres, criminaliza a las personas usuarias y refuerza el uso del derecho penal. Su expansión no sólo es indeseable, sino perjudicial para el desarrollo de políticas de drogas que integren los derechos humanos, los derechos de las mujeres y una perspectiva de género transversal.

Este y otros temas relacionados con políticas de drogas y su impacto en los derechos humanos se debatirán en la VII Conferencia Latinoamericana y II Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas, a realizarse los días 29, 30 y 31 de octubre, en la Ciudad de México. Te invitamos a registrarte y sumarte a este importante debate regional.

 

* Corina Giacomello es consultora de la organización @EquisJusticia.

 

 

[1] El sustento legal de las Cortes de Drogas es el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente la figura de la suspensión condicional del proceso para las personas que hayan cometido delitos menores no violentos (con la excepción de violencia familiar y lesiones, en algunos estados y de delitos relacionados a violencia sexual, en otros) con relación al uso dependiente de sustancias psicoactivas.

[2] El Informe titulado “Cortes de drogas en México: Una crítica a partir de las experiencias de las mujeres” será publicado en próximas fechas.

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