Desplazamiento interno forzado e impunidad

Para finales de 2017 había al menos 330 mil desplazados en México, año en el que más de 20 mil 400 personas huyeron de sus comunidades en 27 municipios de nueve estados del país, entre ellos Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca.

Por: Laura Rubio Díaz Leal (@laurarubiodl)

La impunidad, entendida como la falta de castigo o de sanción a perpetradores de delitos y violaciones de derechos humanos es, sin duda, uno de los obstáculos más serios para la consolidación de la democracia y de un auténtico estado de derecho en México.[1] Ésta, además, reproduce las condiciones de violencia que dejan en total indefensión tanto a víctimas como a sus familiares.

El que México haya alcanzado el primer puesto de mayor impunidad en América Latina, y el cuarto en el mundo[2] no es cosa menor y debe preocuparnos, ya que entre sus efectos más perniciosos y menos visibles se encuentra el desplazamiento forzado y el desarraigo involuntario de cientos de miles de personas a lo largo y ancho del país.

Escenarios de gran tolerancia a la ilegalidad y criminalidad, así como de clientelismos entre la clase política y el crimen organizado, producen la ‘institucionalización de la injusticia’, que no solo niega el acceso a la justicia a víctimas de delitos graves y violaciones de derechos humanos, sino también propicia situaciones de persecución, intimidación y amenaza que las revictimizan.

Muchos de los que denuncian los delitos y violaciones a los que han sido sometidos, así como los que no lo hacen, se ven forzados a abandonar sus lugares de residencia habitual. Los primeros lo hacen después de ser amenazados al denunciar y exigir justicia ante diferentes instancias gubernamentales, y los segundos huyen – aterrados – para salvaguardar sus vidas al iniciarse su proceso de victimización. Sobra decir que ambos lo hacen en condiciones de gran vulnerabilidad.

No ha habido estrato social que no haya sido tocado por la impunidad y no haya sido afectado por el desplazamiento. Tampoco podemos hablar de que este fenómeno sea uno particularmente rural o particularmente urbano o que sea exclusivo de algunos estados de la república. Sabemos de familias de ganaderos de Saucillo (Chihuahua), de panaderos de Ciudad Juárez, de transportistas veracruzanos, de médicos de Guerrero, de empresarios chicos y medianos de Baja California, Tamaulipas y Nuevo León, de comerciantes y recolectores de metales michoacanos de Pajacuarán, de periodistas de diferentes estados, otrora pudientes y productivos, con historias terribles de victimización y revictimización que tuvieron que huir y abandonar involuntariamente su vida entera.

También sabemos de jornaleros de siete municipios de Sinaloa y de otras partes del triángulo dorado, de defensoras de los derechos de los desplazados de Choix y Sinaloa de Leyva, de indígenas de El Manzano en Uruachi y de la Sierra Tarahumara (Chihuahua), de Coahuila y de Sonora, de maestros de Oaxaca, de indígenas Triquis de San Juan Copala (Oaxaca), de minorías de evangélicos de San Juan Chamula, (Chiapas), de indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó (Chiapas), de campesinos, comerciantes, y albañiles de Chilapa de Álvarez, San Miguel Totolapan, y Tlachinollan (Guerrero); de jornaleros michoacanos de plantaciones de limón y aguacate de El Chamizal, La Huida y otras localidades; de familias despojadas de sus tierras para la explotación minera en Chalchihuites (Zacatecas), y de las comunidades que abandonaron San Fernando (Tamaulipas) y Allende (Coahuila) tras las atrocidades ahí cometidas en 2010 y 2011, respectivamente.[3]

Desafortunadamente, este listado de casos, a pesar de lo numeroso, no es exhaustivo y el costo social es invaluable. De acuerdo con el informe de desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, para finales de 2017, había al menos 330 mil desplazados en México.[4] Solo durante el 2017, más de 20 mil 400 personas huyeron de sus comunidades en 27 municipios en nueve estados del país, entre ellos Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca.[5]

Todas esas personas han experimentado los efectos de la violencia, del despojo, de la corrupción, de la impunidad, de la injusticia y por tanto, del desplazamiento interno forzado. Todas ellas, así como algunos defensores de derechos humanos en su nombre han alzado la voz ante alguna autoridad que los ha intentado silenciar.

La revictimización con el desplazamiento forzado deja a las familias agonizando después de haber perdido a seres queridos, su patrimonio familiar construido en ocasiones a lo largo de varias generaciones, y su sentido de seguridad; después de haber sido violentados, burlados y amenazados, obligados a empezar de nuevo en condiciones de extrema vulnerabilidad, abandonados por el Estado, y en ocasiones por sus propias redes sociales atemorizadas. En la búsqueda de lugares más seguros para reubicarse, se exponen a nuevos riesgos y carecen de acceso a servicios públicos, vivienda, empleo, educación, apoyos para el emprendimiento, y hasta del apoyo para reponer documentos oficiales.

Sin duda, de todo este universo de personas afectadas por la impunidad y el desplazamiento interno jornaleros agrícolas, indígenas y habitantes de zonas conurbadas de bajos recursos son los más vulnerables, los más numerosos y los que experimentan más dificultades para encontrar refugio y rehacer su vida en otro lado.[6] No obstante, aun las familias solventes provenientes de Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Sinaloa, entre otras después de ser víctimas de delitos, violaciones de derechos humanos, amenazas y de ser obligados a desplazarse una o varias veces sufren un deterioro significativo de su nivel vida y de su estatus socioeconómico, llevándolas a la pobreza.[7] Por lo que el desplazamiento no solo conlleva una experiencia múltiple de victimización, sino también de empobrecimiento.

Los costos sociales, no obstante, no recaen solamente sobre los desplazados. Tanto la comunidad que los ve irse, como la comunidad que los recibe, el Estado y las instituciones crediticias (públicas y privadas) se ven afectados: negocios formales e informales cerrados después de meses o años de pago de cuotas de piso y amenazas, pérdida de empleos, tierras sin cultivar o cosechar, casas abandonadas, hipotecas y otros créditos sin pagar, desconfianza comunitaria, ruptura del tejido social; y así sucesivamente…

La afectación es multifacética y muy profunda.

Finalmente, los sismos de septiembre de 2017 evidenciaron además, otro impacto de la corrupción y la impunidad que no se había explorado y que ha causado también desplazamiento interno. El derrumbe de edificios y casas habitación en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas dejaron a miles de personas sin hogar. De acuerdo con el reporte del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, 104 mil personas tuvieron que desplazarse por daños a o pérdida de sus viviendas, y murieron 230 personas.[8] Si bien no puede negarse que la magnitud de los sismos jugaron un papel importante, particularmente en la Ciudad de México, la aplicación pobre de las reglas de construcción, permisos falsos, la sobrepoblación en zonas de riesgo, entre otras cosas, intensificaron sus efectos, y a la fecha, no hay responsables.

Actualmente no existe voluntad política para dar respuestas adecuadas al desplazamiento interno, por lo que la mayoría de las personas que han sido desplazadas desde la década de 1990, y particularmente desde 2006, viven en una situación precaria de desplazamiento prolongado. Mientras las condiciones que lo producen prevalezcan, será imposible garantizar su retorno seguro y se seguirán produciendo nuevos flujos, contribuyendo a exacerbar la pobreza y la vulnerabilidad de miles de personas en México que seguirán pagando desproporcionalmente el costo de la impunidad.

 

* Laura Rubio es especialista y consultora sobre temas relacionados a la migración forzada, particularmente el desplazamiento interno forzado producido por la violencia y fenómenos ambientales en México y América Latina. Correo: [email protected]

 

 

[1] N. Roht-Arriaza, Impunity and human rights international law and practice, Oxford: Oxford University Press, 1995.

[2] Según el Índice Global de Impunidad (IGP 2018)

[3] De acuerdo con la investigación y los testimonios recabados por la autora (2011-2018), por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH- 2014-2018), por investigadores como Sevérine Durin (CIESAS Noreste), y otras organizaciones de la sociedad civil que han presentado casos en mesas de trabajo con los relatores de los Derechos de los Desplazados de la ONU, el relator Chaloka Beyani (agosto 2016 en la CDMX) y la actual relatora Cecilia Jimenez Damary (agosto 2017 en la CDMX y septiembre 2018 en Chihuahua y CDMX), en las que participaron la autora y/o Brenda Pérez de la CMDPDH.

[4] CMDPDH, Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, Informe 2017, Ciudad de México: CMDPDH-PADF-USAID, mayo 2018.

[5] Ibidem.

[6] Sebastián Albuja y Laura Rubio, “Los Olvidados de la Guerra contra el Narcotráfico en México: Los Desplazados Internos,” Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 11, núm. 4, 2011, pp.23-31.

[7] Laura Rubio y Brenda Pérez, “Desplazados por violencia: la tragedia invisible”, Revista Nexos, núm. 457, enero 2016, pp. 30-39.

[8] IDMC, Global Report on Internal Displacement 2018, Ginebra: Norwegian Refugee Council, mayo 2018.

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