Servicio Profesional de Carrera en la nueva Fiscalía

Se pueden tener a las y los servidores públicos más preparados, pero si no existen políticas que garanticen la independencia de sus integrantes en su actuar y toma de decisiones, y el respeto a los procedimientos que realizan, no existe una garantía de que las investigaciones serán apegadas al debido proceso.

Por: Xanny Hernández (@XannyHernandez)

Desde hace décadas la falta de capacidad técnica y especializada de las y los servidores públicos a cargo de la investigación de los delitos en México ha sido ampliamente cuestionada. La opacidad en la designación e ingreso de quienes integran las Fiscalías y la participación de los y las funcionarias en actos de corrupción abona a la falta de credibilidad social y ha generado mayor desconfianza en su actuación, traduciéndose en lo cotidiano en múltiples violaciones a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas.

Aunado a ello, la inoperancia de procedimientos de investigación criminal que garanticen efectividad en los resultados, la inaplicación de la perspectiva de género y el alto índice de impunidad, se visualizan en la larga lista de desapariciones forzadas, feminicidios, homicidios, torturas y ejecuciones que ocurren en el país, entre otros delitos. La ausencia de debida diligencia,  acceso a la justicia y derecho a la verdad se generalizan en la mayoría de los casos.

Es por ello que en el marco de la creación de una Fiscalía General de la República (FGR), como órgano público constitucional autónomo derivado de la reforma de 10 de febrero de 2014, actores sociales, políticos y económicos han expuesto diversos elementos que serían necesarios para garantizar la autonomía y efectividad de dicha institución, que van desde el proceso de designación de su titular, hasta cambios de fondo a nivel estructural. Entre estos últimos se ha señalado que la implementación de un Servicio Profesional de Carrera (SPC) funcional y eficiente, es prioritario para contribuir a esa finalidad.

Desde 2013 el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realizó diversos diagnósticos relacionados con el SPC de la Procuraduría General de la República (PGR), en los que concluyó que era necesario su rediseño institucional, pues carecía de efectividad, claridad y transparencia. Además, en el 2016 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México IIJ-UNAM) elaboró un documento en el que propuso el diseño, estructura, competencias y facultades de la nueva FGR, así como analizó la autonomía institucional como un elemento estrechamente ligado con el SPC y, de manera específica, con la facultad del titular de la FGR para designar a los y las servidoras públicas de mayor rango.[1]

Por su parte en 2017 la PGR reconoció, mediante un autodiagnóstico presentado ante el Senado de la República, que su arquitectura institucional no era la idónea para soportar los procesos que exige el Sistema de Justicia Penal Adversarial y que su capital humano carecía de capacitación y profesionalización necesaria para enfrentar las exigencias de dicho sistema.[2]

Es en ese contexto que surge el Colectivo #FiscalíaQueSirva, conformado por organizaciones de la sociedad civil, víctimas, personas académicas, líderes sociales y defensoras de derechos humanos, preocupadas por el entorno en que se daría la transformación de la PGR a la FGR. Su autonomía, transparencia, rendición de cuentas, la creación de una institución que investigara los delitos de forma eficaz e imparcial[3], así como el establecimiento de un sistema de selección con base en el mérito y la eliminación de la discrecionalidad en el nombramiento de sus integrantes, son algunas de sus prioridades.

Sin embargo, a pesar de que el trabajo de dicho colectivo se ha visualizado desde distintos ángulos y ha obtenido resultados tangibles como lo es la elaboración de la propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, misma que fue presentada al Senado de la República el 15 de septiembre pasado por el grupo parlamentario de Morena, el futuro de la integración y funcionamiento de dicha Institución aún es incierto.

Dentro de la redacción de dicha Ley, el Colectivo #FiscalíaQueSirva elaboró un capítulo específico respecto al SPC, en el que se estableció que la FGR deberá garantizar en su actuar “la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas” y “será organizado con la finalidad de estimular el profesionalismo, la rectitud, la independencia técnica; fomentar la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional; y prevenir las violaciones a derechos humanos y los actos de corrupción.”[4]

En ese sentido, el SPC como un “sistema de gestión de personas, una herramienta de gobernanza institucional y un mecanismo de garantía de independencia técnica en el desempeño de las funciones del servicio público”[5], si es aplicado de una forma funcional y eficiente, dotado de procedimientos claros y transparentes, es una ventana de oportunidad para el respeto y garantía de los derechos humanos de las víctimas del delito, así como de las personas imputadas.

Asimismo, genera un voto de confianza para que el personal de la FGR que lo integre cuente con capacidades y herramientas necesarias para un mejor desempeño dentro de sus investigaciones, así como se generen condiciones óptimas para un verdadero cambio estructural basado además en la imparcialidad, la rendición de cuentas, la igualdad de género, así como el respeto a los derechos laborales; no obstante, su existencia de iure y su establecimiento per se no garantiza el buen funcionamiento, desempeño y eficiencia de esa institución, pues se necesitará de toda una maquinaria institucional que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y de voluntad política que direccione dicho proceso.

Se pueden tener a las y los servidores públicos más preparados, pero si no existen políticas que efectivamente garanticen la independencia de sus integrantes en su actuar y toma de decisiones, así como el respeto a los procedimientos que realizan, no existe una verdadera garantía de que las investigaciones se realizarán con apego al debido proceso. Las decisiones jurídicas basadas en una teoría del caso y no en decisiones políticas complacientes, son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad.

Durante el segundo encuentro con organizaciones de la sociedad civil celebrado el 14 de septiembre de este año, Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las víctimas a que ya no existirá impunidad y “habrá justicia”, pero para que no quede en solo retórica se deberán de sentar bases jurídicas, administrativas y políticas institucionales correctas. Como antecedente queda la negativa para la reforma al artículo 102 de la Constitución, que puede colocar en entre dicho la total autonomía de la FGR y de su titular, y con ello la subordinación al presidente de la República como sucede actualmente.

Si verdaderamente se quiere recobrar la confianza en las instituciones y modificar la cultura burocrática de corrupción y discrecionalidad que prevalece en México, la FGR debe contar con un SPC que dote de seguridad jurídica y claridad a la sociedad, así como a las y los servidores públicos que lo integren, que garantice eficiencia organizacional, técnica y profesional suficiente, así como estabilidad y durabilidad en las decisiones y compromisos adoptados por el nuevo gobierno.

 

* Xanny Hernández es investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C.

 

 

Referencias:

[1] Dichos documentos fueron elaborados por el CIDE y el IIJ-UNAM en el período de 2013-2016 y se encuentran disponibles aquí.

[2] Procuraduría General de la República (2017). Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de trabajo, México, pág. 3 y 17-20.  Disponible aquí.

[3] Colectivo #FiscalíaQueSirva (2017). Reforma Constitucional sobre el modelo de la Fiscalía General de la República. Propuesta de dictamen ciudadano de las organizaciones que integran #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, México, pág. 22. Disponible aquí.

[4] Artículo 51 de la propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República elaborada por integrantes del colectivo #FiscalíaQueSirva. Disponible aquí.

[5]  Colectivo #FiscalíaQueSirva, op. cit., pág. 46

 

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