Los pendientes en materia de libertad de expresión

En México se ha vuelto común decir que la libertad de expresión está bajo acecho. Actualmente el 90% de las y los periodistas perciben que se encuentran en mayor riesgo que el resto de la población por ejercer su profesión ante unos mecanismos para su protección que no han funcionado.

Por: Julieta Brambila

Si hay un tema pendiente y apremiante en la vida pública y democrática del país es el frágil estado que guarda el ejercicio de la libertad de expresión en México. En los últimos años se ha vuelto casi un lugar común decir que la libertad de expresión está bajo acecho en nuestro país y que los periodistas, los comunicadores y las personas defensoras de derechos humanos son intimidados, agredidos y silenciados por realizar su trabajo. También se encuentra en boga asegurar que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (el Mecanismo), alojado en la Secretaría de Gobernación, no ha logrado prevenir y proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos, o que la Fiscalía para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) no ha podido reducir la alta tasa de impunidad en delitos contra la libertad de expresión.

El informe “Avances y tareas pendientes para el ejercicio de la libertad de expresión”, que elaboró el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) y publicó en conjunto con la Universidad de las Américas Puebla, la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México y la Academia Interamericana de Derechos Humanos, nos ofrece datos detallados y contundentes, a ratos perturbadores y escalofriantes, sobre el estado que guarda la libertad de expresión en nuestro país. Parafraseando a Carlos Monsiváis, el informe ofrece elementos y evidencia “para documentar nuestro pesimismo”. Pero no sólo eso, sino que también delinea ciertas salidas y recomendaciones para salvaguardar, más y mejor, la imprescindible y muy lastimada libertad de expresión en nuestro país.

El informe se nutre de una diversidad de fuentes de información y metodológicas, entre las que se incluyen la primera encuesta nacional sobre “Seguridad y ejercicio de la libertad de expresión en México”, diseñada e implementada por Casede y SIMO Consulting, con una muestra de 202 periodistas y personas defensoras de derechos humanos a lo largo del país. También incluye 28 entrevistas a profundidad con periodistas, activistas y funcionarios de alto nivel. Además, se fortalece con 34 peticiones de información pública a la FEADLE y al Mecanismo.

Entre los principales hallazgos que arroja la encuesta, destaca que 90% de personas periodistas y 75% de defensoras de derechos humanos encuestadas perciben que se encuentran en mayor riesgo que el resto de la población por ejercer su profesión. Además, resalta que ocho de cada diez periodistas denuncian haber sido intimidados en al menos una ocasión por realizar su trabajo a lo largo de su carrera profesional. También nos enteramos que la autocensura tiene vía libre en las redacciones de este país: siete de cada diez periodistas se autocensuran por miedo a represalias.

El informe también es uno de los primeros en ofrecer una evaluación sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la FEADLE. Del primero, el informe apunta que, desde su creación en 2012, 959 beneficiarios han pasado por él y se les han brindado 4,523 medidas de protección. Actualmente, 702 beneficiarios reciben alguna forma de protección por parte del Estado Mexicano. Identifica algunos avances del Mecanismo como la mayor coordinación con autoridades estatales; la implementación de un sistema de alerta temprana en Veracruz y Chihuahua, así como la instauración de la unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. Además, el Informe encuentra que es necesario fortalecer la evaluación de riesgo y dar mayor seguimiento a las medidas de protección otorgadas a los beneficiarios.

Respecto a la FEADLE, el informe resalta que, de julio de 2010 a mayo de 2018, la FEADLE inició cerca de 1,090 investigaciones judiciales relacionadas con ataques a la libertad de expresión por delitos como amenazas (40% del total), abuso de autoridad, robo y homicidio. Además, el informe identifica que, de 140 averiguaciones previas en trámite en 2017, 127 permanecieron en rezago. Además, entre 2010 y 2018, el promedio de consignaciones al año fue de tan sólo 14 averiguaciones previas. Asimismo, el informe destaca que en años recientes, la FEADLE ha logrado algunas mejoras importantes, como son el establecimiento de la Unidad de Análisis de Contexto y la creación de unidades especiales por tipo de delito. Entre los retos más importantes de la FEADLE se encuentran el fortalecer sus capacidades de investigación, mayor coordinación con instancias locales de procuración de justicia, así como la transparencia en cuanto al tipo de casos y las razones por las cuales decide utilizar (o no) su facultad de atracción de casos (la mal llamada “federalización” de los delitos en contra de la libertad de expresión).

Al final, el informe también presenta algunas recomendaciones generales, mismas que tendrán que ser atendidas por el gobierno que entrará en funciones el primero de diciembre, entre las cuales destacan: mejorar la implementación y la evaluación de las medidas de protección que otorga el Mecanismo, fortalecer las instancias de justicia locales, aumentar la confianza en dichas instancias, así como garantizar recursos humanos y financieros anuales suficientes para su operación.

El cambio de gobierno en diciembre de 2018 abre una oportunidad histórica para reflexionar sobre los principales retos, las limitaciones y las posibilidades para fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Así, el Informe que aquí se refiere, contiene datos, análisis y recomendaciones necesarias para fortalecer las funciones de prevención, protección y persecución de los delitos en contra de la libertad de expresión y salvaguardar así, dicha libertad en la joven democracia mexicana.

 

*Julieta Brambila es una mujer transgénero, doctora en medios y comunicación por la Universidad de Leeds en Reino Unido. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de las Américas Puebla y Research Scholar en el Center for Media at Risk, Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania. También es consultora para CASEDE.

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