La pacificación en la nueva estructura del gobierno

La comisión del delito es la consecuencia de la combinación de violencias previas como exclusión social, bajos salarios, jornadas laborales excesivas, desintegración familiar, abuso de sustancias y falta de acceso a la salud, a la educación y a la cultura, entre otros. Intentar prevenir la comisión del delito únicamente desde una enfoque de seguridad sin tomar en cuenta estos factores, no garantiza que los delitos disminuyan.

Por: Paola Zavala (@PaolaSaeb) y Cecilia Garibi (@CGaribi)

Ahora que está en manos del Congreso definir la nueva estructura de la Administración Pública Federal es momento de poner atención a las atribuciones que se darán a la Secretaría de Gobernación y a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que tendrán un papel fundamental en el proceso de pacificación del país.

Responder a la grave problemática de la violencia en sus múltiples manifestaciones en México, requiere de una estrategia integral del Estado que garantice el acceso a la justicia, la verdad, la reparación del daño y sobre todo la no repetición de actos violentos.

Sin embargo, en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se propone que sea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que se haga cargo de la prevención del delito sin asumir en la iniciativa un enfoque integral y transversal de prevención de las violencias desde un abordaje social y no sólo punitivo.

En los aportes de los Foros Escucha se considera que el análisis para abordar el proceso de pacificación debe considerar el “enfoque de causas estructurales para enfrentar la violencia”, lo que implica la transformación de injusticias poniendo en el centro la equidad para que todo ser humano tenga acceso a condiciones de vida digna y a oportunidades reales de desarrollo.

En este sentido, es muy importante que la nueva estructura del gobierno asuma que en muchas ocasiones la comisión del delito es la consecuencia de un montón de violencias previas como la exclusión social, los bajos salarios, las jornadas laborales excesivas, la falta de acceso a la salud, a la educación y a la cultura, la desintegración familiar o el abuso de sustancias entre otros. Intentar prevenir la comisión del delito únicamente desde una enfoque de seguridad sin tomar en cuenta estos factores , no garantiza que los delitos disminuyan.

Por poner un ejemplo, en los Aportes de los Foros Escucha para Construir la Agenda de Políticas de Estado para la Construcción de la Paz entre Todos se recogen los intereses y las necesidades de las personas privadas de su libertad que manifiestaron que el principio de no repetición se garantiza al generar condiciones para que sus “hijas e hijos tengan oportunidades educativas, de empleo, vivienda, salud y recreación” que permitan romper el círculo de violencia social y del delito.

Desde la experiencia del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, consideramos que si bien se debe considerar un eje preventivo desde la Seguridad Pública que disuada la comisión del delito y asegure consecuencias por la comision de los mismos; se requiere una estrategia de Estado coordinada por la Secretaría de Gobernación en la que todas las Secretarias se articulen para implementar políticas multianuales con el objetivo de reducir la violencia desde un enfoque integral, transversal y con visión de justicia social.

Por otro lado, la iniciativa también prevé que sea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que ejecute y administre el Sistema de Justicia para Adolescentes. Lo anterior contradice los objetivos planteados para el “Sistema Integral de Justicia para Adolescentes” que busca que las personas adolescentes acusadas de algún delito que resulten responsables “puedan asumir las consecuencias de su actos a través de una medida socio-educativa que promueva su reintegración social y familiar, y el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades”

El cambio de paradigma respecto a la reinserción social y la justicia para adolescentes se vincula directamente con la justicia transicional, pues las medidas socio educativas que se plantean para los menores de edad que han cometido algún delito permite involucrarles en los procesos de pacificación en sus comunidades, interviniendo en los factores de riesgo que los llevaron a cometer el delito y previniendo el involucramiento de niñas, niños y jóvenes en grupos de delincuencia.

De nueva cuenta, este proceso de inclusión social de los adolescentes en conflicto con la ley debe ser abordado desde un enfoque social y no punitivo, por lo que tendría que ser competencia de la Secretaría de Gobernación su implementación.

Caer en la tentación de la prevención del delito por medio de policias es fácil, porque el castigo parece la solución inmediata. Sin embargo, hemos comprobado ya que el enfoque punitivo no ha dado los resultados esperados. Apostar por la inclusión y la justicia social como medio para disminuir la violencia desde su origen es sin duda un camino más largo y complejo que requerirá de reorientar prioridades gubernamentales y presupuestos, pero si en verdad queremos pacificar el país este es el momento para iniciar ese camino.

* Paola Zavala Saeb es Directora General del Instituto de Reinserción Social de Ciudad de México. Cecilia Garibi es Asesora del Instituto de Reinserción Social de Ciudad de México.

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