Los ensayos populares de López Obrador

Las deficiencias procedimentales del ejercicio de consulta no pueden ser leído al margen de lo que fue: un instrumento político que, aparentemente, fue aprovechado con mayor intensidad por una de las partes interesadas.

Por: Héctor Manuel Gutiérrez Magaña

Falta aproximadamente un mes para que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente y se equipo de trabajo ya llevó a cabo tres grandes procesos consultivos a nivel nacional. El más polémico de todos ha sido la consulta popular sobre la construcción del nuevo aeropuerto, pues se trató de un proceso de decisión pública con el compromiso del presidente electo para acatar los resultados, además de estar marcado por ambigüedades en la organización y muchos cuestionamientos por su falta de ajuste a un marco legal y pocas condiciones de certeza.

Mucho se ha especulado sobre el carácter instrumental de las consultas promovidas por AMLO, pero no parece tan obvio que sean estrategias rústicas de legitimación o consolidación de poder. De acuerdo con las encuestas de opinión pública, la opción de continuar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco tenía todas las de ganar; bastaba con que las fuerzas sociales y políticas afines al proyecto en curso propiciaran la movilización de simpatizantes para votar en alguna de las 1073 mesas de votación que se instalaron. De hecho, la consulta del nuevo aeropuerto fue puesta bajo sospecha por las organizaciones campesinas que se oponen al proyecto de Texcoco: el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra cuestionó las debilidades del procedimiento, señalando lo reducido del tiempo y la asimetría de las condiciones del debate, que los colocaba en desventaja.

Al no estar inscrito en un marco legal, no contar con un árbitro imparcial, y ser realizado con premura y criterios poco claros, el procedimiento consultivo del gobierno electo daba pocas garantías para que las partes en disputa pudieran expresar sus argumentos en condiciones de equidad. Esto fue denunciado por los organizadores de la campaña #YoPrefieroElLago, quienes manifestaron estar en condiciones de asimetría frente a los “intereses poderosos de los empresarios y políticos”. En efecto, no se podría decir que el bloque político de Morena controla los medios de comunicación nacionales, ni que ostenta el uso de la fuerza pública para inhibir la competencia. Sin embargo, es cierto que todo el proceso de la consulta fue organizado por esta fuerza política, como un actor parcial.

Frente a las inconsistencias procesales, los defensores del proyecto del NAIM decidieron mantenerse al margen de la consulta, pero desplegaron su capacidad de influencia en la opinión pública descalificando el proceso. Los argumentos para oponerse se centraron, por un lado, en la irracionalidad de someter a consulta popular una decisión previamente tomada bajo criterios técnicos, y, por otro lado, denunciando las debilidades e inconsistencias del proceso participativo: falta de certeza, nulas garantías y ausencia de vínculos legales.

Particularmente, el flanco procedimental dejó la iniciativa de López Obrador muy vulnerable frente a las críticas amparadas en condiciones mínimas de calidad democrática, situación que acompañó el ejercicio de la votación donde hubo sospechas por la ubicación de los centros de votación, pues los criterios de selección de los municipios donde se habilitaron nunca fueron claros, además de denuncias públicas porque se podía votar más de una vez, así como la falta de garantías en el resguardo y conteo de los votos.

Después de cuatro días de votación, ganó la opción de Santa Lucía con 766,509 votos, el 69.87 % del poco más de un millón de votos recibidos en total. Durante los cuatro días de la consulta, la opción ganadora fue creciendo. La votación total representó poco más del 1 % del padrón electoral del país. Según una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, el 65% de los mexicanos estaban poco o nada interesados en participar. Dado este ánimo de indiferencia, y tomando en cuenta que los defensores del proyecto Texcoco no se movilizaron, parece razonable que la opción alternativa a Texcoco haya ganado. ¿Entonces fueron los simpatizantes de López Obrador quienes sepultaron la continuación del proyecto actual?

Si Morena movilizó votantes, no lo hizo de forma masiva, y cabría preguntar por qué el gobierno electo se contentó con esta ínfima participación, si de lo que se trataba era de mostrar músculo. Por otra parte, si bien las organizaciones sociales que históricamente han estado en contra del aeropuerto en Texcoco denunciaron su desventaja frente a cómo se planteó la consulta, a finales de septiembre los agrupados en la Plataforma Organizativa contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis lanzaron la campaña #YoPrefieroElLago. Se trató de una empresa fundamentalmente apoyada en el no al aeropuerto de Texcoco, con argumentos preponderantemente de conservación ecológica y sustentabilidad.

La alternativa de Santa Lucía apenas fue defendida por sus virtudes propias, incluso, poco se conocen los detalles del proyecto. La opción ganadora fue una consecuencia producida por un voto de rechazo y por la forma en que estuvo planteada la consulta. Si lo que se buscaba era someter a consulta la cancelación del actual proyecto, ¿no había otra opción? Ahora los habitantes de Santa Lucía han manifestado su rechazo al proyecto recurriendo a argumentos muy similares a los opositores de la construcción en proceso en Texcoco. Aunque inicialmente se anunció que además de consulta en urnas habría una encuesta, el proceso para facilitar la voz popular quedó cerrado. López Obrador anunció que acataría el veredicto del pueblo.

Las deficiencias procedimentales del ejercicio de consulta no pueden ser leído al margen de lo que fue: un instrumento político que, aparentemente, fue aprovechado con mayor intensidad por una de las partes interesadas. Paradójicamente, los más activos fueron quienes tenían menos condiciones para salir victoriosos. No resulta muy aventurado sugerir que la consulta abrió un espacio de poder que fue ocupado por una fuerza social frente al desaire de otra, aunque no se puede descartar un uso instrumental de este episodio por parte de López Obrador para enfrentar a grupos de poder.

Dejar de lado los factores políticos alrededor de esta y otras consultas realizadas por el gobierno electo, vuelve poco esclarecedora la crítica sobre las debilidades legales y de legitimidad de estos experimentos. Las ambigüedades son criticables, pero se trata de ejercicios voluntaristas de una fuerza política que, aunque está en la antesala del ejercicio del poder, aún no está investida de mandato legal. El gobierno electo opera en los márgenes de lo formal, la función de sus consultas es de carácter parcial y político, y no por ello es contraria a la democracia.

Consultas, conflicto y ambigüedad

El conflicto y la ambigüedad han sido características de los tres grandes procesos consultivos impulsados por Morena, camino a tomar las riendas del poder ejecutivo. Los foros de consulta por un Acuerdo Nacional sobre la Educación despertaron inconformidad entre ciudadanos y grupos como la CNTE, quienes denunciaron el papel protagónico que tuvo el sindicalismo oficial y las universidades estatales, además de realizarse con reglas poco claras sobre la selección de participantes y el destino de las propuestas. Estos foros han sido organizados por la ANUIES, y tanto académicos como adherentes al SNTE han tenido mayores facilidades para actuar como portavoces. En este caso, ¿se tratará de un instrumento que dejó en desventaja a los disidentes de la reforma educativa?

Los foros de pacificación tuvieron una implementación atropellada, con problemas de logística y comunicación, en ocasiones realizados bajo condiciones de secrecía y sin certeza sobre la metodología para convertir las demandas en política pública. Las víctimas parece que lograron darle un giro al planteamiento del gobierno electo, abriendo un espacio de debate con López Obrador al margen de los foros planificados. En este espacio, AMLO aceptó la instalación de cinco mesas de trabajo con víctimas y organizaciones, además de la construcción de una agenda de paz, coordinada por la futura secretaria de gobernación. Antes de terminar el calendario propuesto, los foros fueron puestos en pausa bajo el argumento de la premura para sistematizar los datos y elaborar las propuestas legislativas necesarias. ¿Se trató de una mero ejercicio de legitimación de una propuesta prediseñada? ¿La voz de las víctimas quedará como memoria testimonial?

Sin dejar de cuestionar lo atropellado de la organización y sus incertidumbres, no debe perderse de vista que las consultas del gobierno electo están abriendo espacios de conflicto que durante años se relegaron a los márgenes del sistema político, donde la movilización, la resistencia y el enfrentamiento, se convirtieron en la única forma en que actores agraviados podían ensayar algún grado de control sobre las decisiones estatales.

Posiblemente la premura y las deficiencias procedimentales de los ejercicios participativos estén ligadas a la necesidad de permitir el acceso de fuerzas históricamente excluidas a la construcción de un nuevo espacio político, y este es un proceso de construcción de lo popular al margen de las formalidades institucionales. Ello no anula los riesgos contenidos en procesos de participación con escasas garantías de certeza y equidad, que no solo minan la credibilidad del nuevo gobierno y alimentan una oposición histérica, sino que pueden ofuscar la de por sí erosionada capacidad deliberativa de la democracia mexicana. Los resultados de la irrupción de una nueva expresión de la voz del pueblo, sin los marcos de combate necesarios, pueden ser contraproducentes.

 

* Héctor Manuel Gutiérrez Magaña es maestro en ciencias políticas por la Flacso Ecuador y actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de Flacso México. Se especializa en la investigación de temas sobre democracia y participación ciudadana.

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