La rebelión de las víctimas del Plan Frontera Sur

La caravana de migrantes centroamericanos es un ejercicio de autodefensa colectiva a la industria del terror que el Plan Frontera Sur ha detonado en torno a quienes intentan llegar al norte.

Por: Amarela Varela Huerta

El 13 de octubre cientos de familias hondureñas, previo acuerdo y coordinación a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp, salieron caminando rumbo a Estados Unidos con sus hijos en brazos, una mochila, agua y mucho coraje para emprender lo que proponemos entender una caravana por la vida.

Hoy, según fuentes gubernamentales 17 mil personas, en promedio la mitad de ellas mujeres y niñ@s, caminan en tres diferentes caravanas por México, luego de haber superado la frontera entre México y Guatemala. Puesto fronterizo donde se han desplegado cuerpos policiales y hasta tanquetas en momentos específicos desde octubre y hasta hoy para frenar el abierto desafío a la política fronteriza estadounidense, pero también la mexicana. Un desafío planteado nada más y nada menos que por familias con niños y bebés en brazos, cuya única herramienta ha sido el cuerpo y la voluntad de alcanzar una vida que se pueda vivir.

Concentrémonos en el desafío que la acción colectiva de quienes caminan en masa desde América Central plantean a la política migratoria y de regulación de fronteras en México, sobre todo porque, en parte, los impuestos de los mexicanos son quienes hacen posible estas políticas.

En julio de 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció el llamado Plan Frontera Sur (PFS), dando con ello continuidad a anteriores administraciones en materia migratoria, pero intensificando con los 10 lineamientos de este programa el enfoque securitario que trata la migración como un problema de seguridad nacional antes de perfilar la actuación gubernamental en torno a la movilidad humana como un problema de seguridad humana.

Como desde el momento que se anunció este PFS hasta ahora, las organizaciones defensoras de las personas migrantes en México han desplegado sendos esfuerzos para denunciar que este plan y las acciones concretas que de él se derivan no frenaron los secuestros, violaciones, desapariciones, asesinatos, fosas clandestinas, la trata de personas para fines de explotación sexual y laboral que las masas de migrantes centroamericanos[1].

Claramente, con la implementación del PFS en México las tasas del horror que documentan la red de albergues para migrantes en México agrupadas en la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) no disminuyeron, al contrario, desde 2014 asistimos al alargamiento de las rutas que los migrantes centroamericanos tienen que atravesar para alcanzar la frontera norte mexicana. Cuando las rutas se alargan se vuelven más clandestinas; esto incrementa exponencialmente la violencia contra migrantes, e incluso comenzaron a generalizarse las agresiones contra defensores de estos migrantes.

Así las cosas, este alargamiento y clandestinidad de las rutas  representó una oportunidad de oro para el crimen organizado, en realidad una suma de redes delictivas no en pocas veces sostenidas de la colusión con agentes de fuerzas del orden gubernamentales[2]. Desde la implementación del PFS la tasa de secuestros y extorsiones a migrantes y sus familiares aumentaron aceleradamente, según informes de defensores de derechos humanos.

Hoy un trayecto acompañado por polleros entre San Pedro Sula, Honduras, y Tijuana, México, le cuesta a un migrante entre 12 y 15 mil dólares. Ahora, pedimos a los lectores, recordemos las fotografías de los caravaneros caminando en grupos de núcleos familiares por México este mes. Siendo muy conservadoras en el cálculo de esta economía informal, diremos que los 13 mil migrantes, desplazados, merecedores muchos de la condición de refugio, han interrumpido el flujo cotidiano en la industria criminal de la migración en un promedio de 2 millones de dólares. Es imposible sumar a este cálculo una cifra aproximada en materia de secuestros, pues aún hoy, más de una década después de que incluso organismos internacionales han demandado al gobierno mexicano respuestas concretas a este desgarrador fenómeno, no contamos con barómetros gubernamentales confiables para comprender las dimensiones no solo humanas, sino económicas de los ya “normalizados” secuestros de migrantes en territorio mexicano.

Desde la implementación del Plan Frontera Sur se han documentado deportaciones conocidas en la jerga migratoria como “en masa y en caliente” de cientos de miles de centroamericanos, es decir, deportaciones colectivas y sin un debido proceso judicial que sostengan la “devolución” de estos migrantes a los territorios de los que, por cierto, huyeron de la violencia de pandillas, de la miseria que deja el neoliberalismo y de la violencia de Estado en países que alcanzan tasas de impunidad de más del 90 %.

Además de estas deportaciones contrarias al derecho internacional en materia de asilo, refugio e instrumentos jurídicos internacionales como el así llamado interés superior del niño (que pone por encima la condición etérea de la migratoria), el gobierno mexicano, a través del PFS, ha deportado desde 2014 a 9 de cada 10 migrantes que intentaban llegar por México a Estados Unidos. Demás está señalar que estas acciones se sostienen, sobre todo, del erario público mexicano, sistema tributario conformado en parte de la derivación de gastos por remesas que realizan los familiares de mexicanos, con y sin papeles, en Estados Unidos. Aunque estas acciones también cuentan con el apoyo directo estadounidense en materia de cooperación policíaca y de traslado de infraestructura.[3]

Así las cosas, cómo no esperar que miles de centroamericanos se rebelaran a esta ignominia.

¿Cómo entender en este éxodo, que los gobiernos y los medios retratan como desesperado una rebelión?

Para muchas de quienes seguimos el caminar de los migrantes, en momentos de visibilización mediática o cuando pocos retratan la suma de horrores que contra esos cuerpos, vidas e historias se cometen, la Caravana Migrante o Éxodo Centroamericano como se le está nombrando es una acción colectiva sin precedentes en el mundo de la movilidad humana. Para decirlo en pocas palabras, la Caravana Centroamericana es un ejercicio de autodefensa colectiva a la industria del terror que el PFS ha detonado en torno a quienes intentan llegar al norte.

Caminar en masa, haciendo nodos de familias que viajan con bebés y niños en brazos, es una nueva modalidad de transmigración que, por otro lado, desafía la red de solidaridades hasta ahora construidas para la hospitalidad en clave de refugio que la red de defensores, albergues e instituciones mexicanas para migrantes han sabido construir, en una especie de contrarrelato del terror.

Por eso, además de desafiar el régimen fronterizo mexicano, esta caravana/rebelión nos desafía a todos los actores arriba enumerados, al gobierno, a los cárteles, a las redes de trata y tráfico de personas, pero también a los defensores y estudiosos de la migración. Vamos mucho más lento que el caminar de estas tres caravanas. Y poco a poco, vamos diciendo en voz alta que parece que esta nueva forma de migrar, en masa, caminando y con los hijos en brazos llegó para quedarse. De momento, la solidaridad desplegada para la primera de las caravanas que hoy llegó a la Guadalajara, muestra el músculo de una sociedad civil organizada e imaginando sobre la marcha acciones concretas para una hospitalidad radical de estos rebeldes que buscan en el norte una vida que se pueda vivir.

De este músculo da cuenta el comunicado que el pasado 10 de noviembre difundieron más de dos centenares de organizaciones y personalidades de la sociedad civil mexicana y estadounidense, interpelando a todos los órganos de gobierno, a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos pero también a las agencias que protegen los derechos humanos a escala internacional, para concebir a esta caravana como un sujeto colectivo de derecho en condición de extrema vulnerabilidad.

En este comunicado demandamos el acompañamiento en terreno para [email protected] caravaneros que caminan por las rutas identificadas como de alto nivel de riesgo en materia de secuestros y violaciones de derechos humanos. En concreto, demandamos a las autoridades, por ser las principales competentes, a realizar una cadena de acompañamiento que vigile el caminar por carreteras de estas miles de familias.

A la sociedad civil en general le hacemos un llamado a mantenerse informadas de las demandas y el caminar de estos rebeldes y a continuar con sus generosos gestos de solidaridad para las caravanas que pasan por sus ciudades.

Los caravaneros informaron que estiman llegar en un promedio de 7 días a la ciudad de Tijuana, desde donde interpelarán al gobierno estadounidense para que se les conceda asilo, refugio o vías legales de entrada a ese país que el viernes 9 de noviembre, a través de un decreto emitido por la Casa Blanca, cerró la posibilidad de demandar asilo y refugio para quienes no hayan cumplido con las reglas de acceso a su territorio. La situación no puede ser más delicada y nuestros ojos y voluntades están puestos en estas miles de familias centroamericanas rebeldes.

 

* Amarela Varela Huerta es Profesora Investigadora por la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM).

 

 

 

[1] Véanse los informes anuales de la REDODEM sobre violaciones a los derechos humanos de los migrantes disponibles aquí.

[2] Véanse los informes de la CNDH o de Amnistía Internacional que documentan esta complicidad a lo largo de la última década.

[3] Para una genealogía de lo que llamamos “externalización de la frontera estadounidense a México”, véase aquí.

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